AL PODER ENEMIGOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

AL PODER ENEMIGOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El revolcón jurídico que se impuso en la Corte con el respaldo constitucional a la Asamblea Nacional, aunque no afecta la armonía de la corporación, se prolongó ahora con la elección de los nuevos dignatarios: las minorías se tomaron el poder en esta corporación. Pocas veces se han presentado tantas aspiraciones personales para ocupar la presidencia de la Corte, como en la última elección. Ni siquiera estaban previstas. Hasta ahora, la inquebrantable tradición de la corporación consistía en una rotación entre los miembros de las salas, respetando la alternación política, por lo que no existía ningún problema. El escogido para la dignidad era el más antiguo en espera dentro de la célula.

30 de enero 1991 , 12:00 a. m.

En esta oportunidad, el honor correspondía al liberal de mayor antigedad en la Sala Laboral, pues terminaba período un conservador. Por salas, los inmediatamente anteriores habían sido un civilista, José Bonivento Fernández; un constitucionalista, Fabio Morón Díaz, y un penalista, Jorge Carreño Luegas. Este sostenido mecanismo saltó sorpresivamente en pedazos, sin que mediaran explicaciones explícitas previas.

Fueron elegidos los recién ingresados a la Corte: Pablo Cáceres Corrales, como presidente, y Pedro Escobar Trujillo, como vicepresidente, ambos de la Sala Constitucional. Los dos hicieron parte del grupo de magistrados que salvó el voto cuando la Corte estudió la constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea.

La elección, al fin de cuentas, se produjo por unanimidad, pues cuando hay varios candidatos y uno obtiene mayoría, se hace constar el consenso.

Presidente y vicepresidente ingresaron en vísperas del fallo sobre la Asamblea. Al ser favorecidos, apenas tenían dos meses hábiles de actuación. Cáceres era un conocido litigante que fue llamado, inicialmente, al Consejo de Estado y, luego, a la Corte Suprema.

Por lo demás, los magistrados de aquella minoría han dispuesto no volver a intervenir en la revisión constitucional de los decretos con los que el Gobierno viene implementando el 1926, el cual convocó la Asamblea.

El primero de esos decretos complementarios, el 2384, fue el que abrió vía al conocimiento público de los salvamentos de voto en fallos sobre decretos de estado de sitio y está por revisarse.

Los magistrados que salvaron voto en la convocatoria de la Constituyente se declararon impedidos para intervenir. Unos y otros respaldaron su incapacidad legal, por lo que hubo que apelar a otros tantos conjueces.

El proceso figuraba en primer lugar del orden del día en la plenaria del jueves pasado, cuando fueron elegidos los dignatarios. Sin embargo, no se pudo iniciar el estudio de la ponencia, pues los demás magistrados de la minoría a que hacemos referencia también manifestaron estar impedidos. Serán remplazados por conjueces.

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