OEA SUGIERE AL GOBIERNO QUE ASUMA DEUDAS DE PARAS DEL CATATUMBO

OEA SUGIERE AL GOBIERNO QUE ASUMA DEUDAS DE PARAS DEL CATATUMBO

El delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso de paz con los paramilitares, Sergio Caramagna, le pidió al Gobierno Nacional que evalué la posibilidad de asumir las deudas por impuestos y servicios que dejó el desmovilizado bloque Catatumbo de las autodefensas en 105 fincas y 58 inmuebles en el corregimiento La Gabarra en Tibú (Norte de Santander).

29 de enero 2005 , 12:00 a.m.

El delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso de paz con los paramilitares, Sergio Caramagna, le pidió al Gobierno Nacional que evalué la posibilidad de asumir las deudas por impuestos y servicios que dejó el desmovilizado bloque Catatumbo de las autodefensas en 105 fincas y 58 inmuebles en el corregimiento La Gabarra en Tibú (Norte de Santander).

"No tengo que dar consejos al Gobierno sobre cómo hacer las cosas, pero creo que las autoridades deben examinar cómo adelantar ese proceso de restitución y analizar el tema de las deudas pendientes. El hecho de que no se hayan pagado impuestos y servicios es apenas normal porque las propiedades quedaron en manos de grupos ilegales", explicó el delegado al ser consultado sobre las denuncias que en este sentido hicieron los propietarios de los bienes.

El caso, tal como lo denunció esta semana EL TIEMPO, mantiene preocupados a un centenar de propietarios de La Gabarra, quienes debieron huir ante la arremetida paramilitar, en mayo de 1999.

Ahora, cuando piensan regresar, luego de la desmovilización de 1.425 integrantes de esa estructura paramilitar a mediados de diciembre del año pasado, se encontraron con millonarias deudas y no saben cómo hacerles frente.

Hay incluso casos de campesinos que deben hasta 50 millones de pesos porque las Auc jamás pagaron servicios públicos (teléfono y electricidad) ni impuestos durante los seis años que permanecieron en la zona. "Tenemos miedo porque nos pueden embargar en cualquier momento", dijo uno de los propietarios.

Según Caramagna, el tema no es fácil de solucionar porque "en el hemisferio no hay antecedentes de entrega de bienes como se hizo en el Catatumbo y es normal que se presenten esas dificultades. Sin embargo, hay que valorar el gesto político de esa devolución".

El presidente de la Fundación Progresar que desarrolla programas humanitarios en el Catatumbo, Wilfredo Cañizares, aseguró que el Gobierno debe diseñar un mecanismo para devolver esos terrenos cuanto antes.

"Hay que implementar un proceso sencillo y claro que les permita a las víctimas reclamar lo que perdieron por causa del conflicto en esa región del país", dijo.

En la visita.

Durante una visita a Cúcuta, en la que se reunió con los delegados del organismo multilateral radicados en la capital nortesantandereana, para evaluar el proceso de reinserción, Caramagna dijo que los miembros de las Auc que tengan deudas con la justicia y salgan de la zona de concentración establecida en Santa Fe de Ralito tienen que ser capturados.

"Se habló de la fuga de 11 paramilitares, pero ese término no es válido porque Santa Fe de Ralito no es una cárcel, sino una zona de ubicación", explicó Caramagna al referirse a la salida de ex paramilitares del bloque Bananero con líos judiciales y que, por orden del Gobierno Nacional, debían permanecer en Ralito.

Como sea, para el delegado internacional, el mapa del conflicto de Colombia no es el mismo de hace cinco meses a raíz de las masivas desmovilizaciones de las Auc.

"Ya hay sustanciales diferencias en el Urabá, el Catatumbo, Córdoba, Cundinamarca y Valle. Creemos en la voluntad de las Auc y lo han demostrado con hechos concretos", añadió Caramagna.

En las últimas semanas centenares de ex combatientes del bloque Catatumbo han protestado en el centro de referencia que instaló la oficina del Alto Comisionado de Paz en esta ciudad porque, según ellos, el Gobierno les incumplió con las promesas de empleo y reinserción a la vida civil. "De los nueve puntos sólo han cumplido con la entrega del carné", dijo uno de los ex paras .

Caramagna atribuyó las quejas a errores administrativos que deberán ser solucionados. "Veo que el Gobierno tiene la intención de cumplirles con las promesas", dijo.

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