GOBIERNO HACE CONCESIONES EN PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ

GOBIERNO HACE CONCESIONES EN PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ

El gobierno del presidente -lvaro Uribe admitió incorporar, por ahora, tres cambios sustanciales en la ley de justicia y paz, en respuesta a las observaciones de congresistas y autoridades estadounidenses.

14 de junio 2005 , 12:00 a.m.

El gobierno del presidente -lvaro Uribe admitió incorporar, por ahora, tres cambios sustanciales en la ley de justicia y paz, en respuesta a las observaciones de congresistas y autoridades estadounidenses.

Los desmovilizados perderán los beneficios de la Ley cuando en la indagatoria hayan omitido de manera intencional su participación en crímenes. Tampoco podrán gozar de la acumulación de penas cuando incurran en la misma situación.

En el proyecto original del Gobierno la pena máxima impuesta estaba entre 4 y 8 años, inclusive para delitos que se conocieran con posterioridad a la sentencia.

El Gobierno también pretende dar un paso clave para responder a quienes piden el desmonte de esas organizaciones. En el numeral 1 del artículo 10 se exigía, para ser elegible de la desmovilización colectiva, "haber convenido" el desmantelamiento de la organización.Esto era cuestión de documentos. Ahora se eliminará la expresión "haber convenido", de manera que el primer requisito de elegibilidad para acceder a los beneficios de la ley será"desmovilizarse y desmantelar" la estructura del grupo.

Se ampliará de 30 a 60 días el tiempo para investigar y verificar los hechos admitidos por el imputado. Y se pasará de 5 a 10 días el plazo para que el fiscal solicite al juez la audiencia para formular cargos si hay lugar a ellos.

El Gobierno apenas meditaba la petición de los estadounidenses de pasar las penas alternativas de 5 a 10 años, y no de 4 a 8, como están previstas en el proyecto. Este punto no ha sido resuelto.

Las nuevas modificaciones serán presentadas como proposiciones sustitutivas, una vez comience el debate en las plenarias de Senado y Cámara, previsto para finales de esta semana.

Las enmiendas fueron formuladas a partir de los reparos que 7 congresistas y la embajada estadounidense en Bogotá hicieron en cartas enviadas al presidente Alvaro Uribe en febrero, mayo y junio de este año.

"Los términos de esta desmovilización pueden tener un impacto muy negativo sobre la paz, la justicia y el Estado de Derecho en Colombia, al igual que sobre la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo", dice la carta firmada por 6 congresistas demócratas de los Estados Unidos -entre ellos Edward Kennedy- el pasado 3 de junio.

La observación no fue solo de los demócratas. El enfluyente senador republicano, Richard Lugar, del Comité de Relaciones Exteriores, también hizo objeciones que llamaron la atención al Gobierno.

"(...) Me preocupa que el proyecto propuesto por su Gobierno y aprobado por las comisiones primeras del Congreso de Colombia, no les exige a los combatientes paramilitares que desean recibir beneficios en sus penas, que desde el principio rebelen su conocimiento pleno de la estructura operativa y las fuentes de financiamiento de estas organizaciones terroristas y del rol de sus miembros individuales en actividades ilegales", dijo el republicano.

A Lugar le preocupa, además, que algunos miembros de estos grupos reciban penas cortas mientras sus organizaciones siguen delinquiendo.

En las correcciones también se tuvo en cuenta el proyecto inicial presentado por Rafael Pardo y Gina Parody, que fue la base de todo el debate inicial y del cual el Gobierno se apartó en febrero pasado.Por instrucciones del presidente -lvaro Uribe, Parody se reunió durante dos días con el ministro del Interior, Sabas Pretelt, el secretario jurídico de la Presidencia, Camilo Ospina y el viceministro de Justicia, Mario Iguarán, con quienes se acordaron partes de la enmienda.

Uribe mismo dio muestras de rectificar. En entrevista radial la semana pasada, dijo: "Todo lo que haya que corregir, lo estamos corrigiendo, pero hay que ser muy cuidadosos, porque nada nos ganamos con una ley que no sea práctica, que no nos ayude a avanzar en la desmovilización de estos grupos".

Ayer la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Bogotá, alertó al Gobierno y al Congreso sobre la oportunidad que "para establecer las condiciones indicadas para la desmovilización de todos los grupos armados al margen de la ley en el marco del conflicto armado interno, y el desmonte de sus estructuras ilegales, a través de un marco jurídico adecuado que permita la reconciliación nacional y evite la impunidad".

El ministro del Interior, Sabas Pretelt, dijo ayer que si el Congreso no alcanza a aprobar la ley esta semana, se convocará a sesiones extras entre el 21 y el 25 de junio, para garantizar el estudio definitivo.

EXIGEN PROCESO CEÑIDO A CONSTITUCION.

El procurador general, Edgardo Maya, les solicitó ayer al Alto Comisionado para la Paz, al Ministro de Defensa y al Fiscal general que en los procesos de paz con los grupos ilegales se garantice el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los tratados sobre derechos humanos suscritos por Colombia.

En primera instancia al alto comisionado, Luis Carlos Restrepo, Maya le recuerda que la discrecionalidad que el Gobierno tiene para abordar los procesos de paz está reglamentada por normas constitucionales.

Le dice que la suspensión de órdenes de captura, establecidas en la ley, no debe cobijar a aquellos voceros que cometieron delitos a partir del reconocimiento de esa condición.

También le solicita al Comisionado una lista de las víctimas de los grupos que están dentro de un proceso de paz a fin de verificar el envío de ayuda humanitaria en los sitios donde están y la protección especial a los menores de edad.

Entre tanto, al fiscal Luis Camilo Osorio, el procurador le pide que imparta instrucciones a sus fiscales delegados para que cumplan estrictamente con los requisitos de la ley que permiten la suspensión de órdenes de captura para no beneficiar a quienes no tienen esa condición.

Por último, al ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, lo exhorta a que preste la ayuda necesaria al recién desmovilizado y a su grupo.

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