EL LÍO DE LOS PARQUEADEROS

EL LÍO DE LOS PARQUEADEROS

La decisión del cobro de tarifas por fracciones de 15 minutos en los parqueaderos de Bogotá es un caso típico de una medida necesaria para beneficiar al consumidor y regular una esfera clave del espacio público que, lamentablemente, se tomó sin prever todas las consecuencias ni tomar de antemano las medidas para contrarrestarlas. Afortunadamente, con un decreto complementario del Alcalde y el anuncio de las diez principales empresas de parqueo de que acatarán la medida sin subir sus precios más de un 5,5 por ciento (la tasa de inflación del último año) en el 2005, parece abrirse paso una solución civilizada.

05 de enero 2005 , 12:00 a.m.

La decisión del cobro de tarifas por fracciones de 15 minutos en los parqueaderos de Bogotá es un caso típico de una medida necesaria para beneficiar al consumidor y regular una esfera clave del espacio público que, lamentablemente, se tomó sin prever todas las consecuencias ni tomar de antemano las medidas para contrarrestarlas. Afortunadamente, con un decreto complementario del Alcalde y el anuncio de las diez principales empresas de parqueo de que acatarán la medida sin subir sus precios más de un 5,5 por ciento (la tasa de inflación del último año) en el 2005, parece abrirse paso una solución civilizada.

La ratificación de la Alcaldía- mediante el decreto 445 del 31 de diciembre- del acuerdo 139 del Concejo según el cual las tarifas de los parqueaderos en la capital se cobrarán, no por hora o fracción, como se venía haciendo, sino por cuartos de hora, desató la reacción de los dueños de los parqueaderos, algunos de los cuales elevaron especulativamente sus tarifas, y generó un debate ciudadano. El posterior decreto 001, emitido ayer, que estipula un aumento máximo de las tarifas en 5,5 por ciento y ordena a los alcaldes locales verificar su implementación, sirvió como un indispensable complemento frente a lo que se estaba convirtiendo en una discusión envenenada.

En primer lugar, no hay duda de que el cobro por fracciones de 15 minutos corresponde a una necesidad sentida de los usuarios. Con todos los cambios en el espacio público en administraciones anteriores, como los bolardos, la eliminación de las bahías de parqueo, el aumento en las multas o la exención temporal de impuestos, el número de esos establecimientos creció significativamente.

Al mismo tiempo, reina la informalidad: junto a una decena de grandes empresas que agrupan unos 500 parqueaderos, hay cientos de ellos que no cumplen con los requisitos legales (la Alcaldía habla de que solo 150 los llenarían a satisfacción).

Esto, sumado a la falta de regulaciones y controles claros, condujo a abusos en las tarifas y a la pérfida costumbre de cobrar por hora. No eran infrecuentes los escándalos en los parqueaderos, porque una persona que había estado cinco minutos en fila para pagar, descubría de pronto que se le iban a cobrar dos horas, por haberse pasado uno o dos minutos de la hora, o aquel que pagaba una hora completa por parquear 20 minutos. De allí que la decisión del Concejo y su ratificación por parte del alcalde Garzón respondan a una sentida necesidad del público, cuyos intereses, en casos como este, deben primar sobre los de empresas privadas mal reguladas y, a menudo, más preocupadas por su bolsillo que por el bienestar del consumidor.

En segundo lugar, hay una discusión jurídico-económica. Los empresarios han argumentado que la medida es lesiva para ellos, pues buena parte de los clientes parquean por periodos menores a una hora. Alegan sus altos costos de arriendo y, no sin razón, que en el Concejo y la Alcaldía no se consultó adecuadamente su punto de vista. Y critican que los parqueaderos que pertenecen al IDU fueron injustamente favorecidos, pues pueden seguir cobrando por horas. Fenalco, además, ha dicho que, por tratarse de un negocio privado, solo una ley de la República podría regularlo. La Alcaldía, por su parte, insiste en que sí tiene esa potestad, apoyándose en el Código de Policía y un decreto nacional. Y ha insinuado que en el tema del IDU puede echar reversa.

En tercer lugar, es un hecho que no fue de caballeros la conducta de no pocos parqueaderos que aumentaron especulativamente, hasta en 60 por ciento, sus tarifas, en un abierto desafío a la ley que provocó innumerables quejas de los usuarios. Afortunadamente, la cultura ciudadana en la que Bogotá ha avanzado tanto los últimos años, pareció primar entre ellos cuando, ayer, nueve grandes empresas del sector anunciaron que acatarán las decisiones de la Administración.

Es clave el papel que van a jugar la comisión designada por el Alcalde para que Planeación Distrital, el IDU y la Secretaría de Tránsito definan, en seis meses, los mecanismos para el cálculo de las tarifas, y el de las alcaldías menores, encargadas del control. Queda por verse si no habrá demandas en este asunto, vital no solo para Bogotá sino para otras ciudades. Y falta complementar el plan maestro de espacio público de esta Administración con un plan maestro de estacionamiento (el cual fue presentado varias veces en vano al Concejo en la pasada alcaldía). Pero, en cualquier caso, y pese a los tropiezos en su aplicación inicial, este puede ser un paso importante en la regulación de una esfera clave del espacio público y, además, un trascendental ejemplo de cuándo el interés público, de usuarios y consumidores, debe primar sobre el privado.

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