EN MARCHA, EL SISTEMA ACUSATORIO

EN MARCHA, EL SISTEMA ACUSATORIO

La primera semana de vigencia del sistema penal acusatorio ha servido para demostrar tanto sus potenciales ventajes como los innegables retos que implica su consolidación hacia el futuro. Las estadísticas indican que desde el primero de enero habían quedado a órdenes de la Fiscalía, hasta el viernes pasado, 216 personas, y en varios casos hubo trámites que superan ampliamente en brevedad a los tiempos que se tomaban estas mismas decisiones bajo el sistema anterior. Incluso, hubo ya una condena de 32 meses de prisión contra una mujer, por el delito de porte de estupefacientes, en audiencia oral y pública que duró 15 minutos, en Pereira.

11 de enero 2005 , 12:00 a.m.

La primera semana de vigencia del sistema penal acusatorio ha servido para demostrar tanto sus potenciales ventajes como los innegables retos que implica su consolidación hacia el futuro. Las estadísticas indican que desde el primero de enero habían quedado a órdenes de la Fiscalía, hasta el viernes pasado, 216 personas, y en varios casos hubo trámites que superan ampliamente en brevedad a los tiempos que se tomaban estas mismas decisiones bajo el sistema anterior. Incluso, hubo ya una condena de 32 meses de prisión contra una mujer, por el delito de porte de estupefacientes, en audiencia oral y pública que duró 15 minutos, en Pereira.

Desde el momento mismo del inicio del nuevo sistema, al comenzar el nuevo año se han presentado informes sobre fallas en algunos juzgados. En especial, por el retardo de las inversiones para la adecuación de las salas de audiencia. Sin embargo, voceros del Consejo Superior de la Judicatura -ente que administra la rama judicial- se han expresado en el sentido de que la entrada de la nueva normatividad se ha cumplido tal como estaba previsto.

En realidad, es muy temprano para cantar victoria o para determinar que ha habido improvisación. No hay que olvidar que, tal como se hizo en países como Chile, el paso hacia los mecanismos orales está previsto de manera transitoria y se extenderá hasta el 2008. Lo cual, precisamente, permite evaluar la marcha de los primeros lugares donde se aplica -Bogotá y los tres departamentos del Eje Cafetero: Risaralda, Caldas y Quindío- para adaptar sus lecciones al resto del país. De ahí la importancia de que los organismos encargados de ejecutar esta innovación evalúen sin prejuicios los resultados iniciales.

Porque, como hemos afirmado en ocasiones anteriores, la nueva concepción de la justicia es conveniente y puede contribuir a descongestionar los juzgados y a imponer justicia pronta y eficazmente. Pero una cosa es la teoría y otra, muy distinta, su aplicación rigurosa. El esfuerzo del Estado debe concentrarse en evitar que esta reforma se quede en el papel o se enrede en las previsibles dificultades que surgirán en la transición.

Que no son pocas. Para empezar, a finales del año pasado se supo que hubo problemas con la destinación de los recursos necesarios para invertir en la infraestructura que exige el nuevo sistema. Aunque, a largo plazo, según estudios contratados por la Fiscalía, se podrían generar ahorros, en el periodo 2004-2012, del orden de 805.853 millones de pesos -que se derivan de la mayor brevedad de los procesos; se estima que los 48 meses de duración que tienen en la actualidad se reemplacen por 48 semanas-, la puesta en marcha exige inversiones por 201.560 millones de pesos, para la construcción de salas de audiencia, capacitación, fortalecimiento de la defensoría y sistemas de información. La totalidad de estos recursos aún no está disponible.

El otro desafío inmediato tiene que ver con la coexistencia, durante la transición, del sistema anterior y del actual. Los jueces de Bogotá y el Eje Cafetero tendrán que llevar procesos bajo dos conjuntos de normas totalmente diferentes. Y en todo el país, durante cuatro años, coincidirán el sistema antiguo y el acusatorio. Se agrega la necesidad de preparar y consolidar las herramientas que necesita cada una de las instituciones para cumplir su nuevo papel: la facultad investigativa de la Fiscalía, la familiaridad de los jueces con las normas recientes y la capacidad de la defensoría pública. En general, la sociedad debe seguir asimilando las posibilidades que ofrece el carácter público de las audiencias y de las pruebas.

Se requiere, en fin, que el Gobierno y los organismos del poder judicial se concentren en asegurar la buena marcha del sistema acusatorio para convertir en realidad sus potenciales beneficios. Que no son pocos: más garantías para los procesados, menores tiempos para los procesos y mayor transparencia. Un cambio que vale la pena, si se traduce en hechos reales.

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