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VEINTE CONDENADOS POR MASACRE DE LA CHINITA QUEDARÍAN EN LIBERTAD

El expediente construido durante más de 10 años por la masacre de La Chinita, en la que fueron asesinados 35 miembros de Esperanza, Paz y Libertad (conformado por reinsertados del Epl), podría sufrir un revés con pocos antecedentes en el país.

Redacción Justicia
El expediente construido durante más de 10 años por la masacre de La Chinita, en la que fueron asesinados 35 miembros de Esperanza, Paz y Libertad (conformado por reinsertados del Epl), podría sufrir un revés con pocos antecedentes en el país.
Si la Corte Suprema de Justicia acoge un concepto de la Procuraduría que pide la nulidad de lo actuado, 20 personas condenadas por esta tragedia ocurrida en 1994 en un barrio de invasión de Apartadó, podrían recobrar su libertad en los próximos días y el proceso tendría que volver a empezar.
El concepto, de 83 páginas, argumenta que se debe anular el proceso judicial porque a los sentenciados se les vulneró el derecho a la defensa. En concreto, dice el Ministerio Público, en su momento no se les nombró abogados de oficio a los acusados para las diligencias de indagatoria. En lugar de ellos, las Fiscalía les designó como defensores a "ciudadanos honorables", alegando en ese entonces "la ausencia e imposibilidad de nombrar a un profesional por razones de seguridad y de orden público", con base en el artículo 148 del Código de Procedimiento Penal, que lo permite en casos excepcionales.
"El nombramiento de personas honorables como defensores de los sindicados, que debía ser la excepción, fue la regla más aplicada en este proceso, como puede verse en 26 del total de las 44 indagatorias recibidas", dice el documento.
Dichos "ciudadanos honorables" actuaron como abogados de varios procesados, como Luis Eduardo Tenorio, quien asistió a seis de los procesados.
La Procuraduría afirma que para la época existían al menos 10 abogados certificados e inscritos en Apartadó, según constató la Personería de ese municipio.
70 días sin defensa
Incluso, dice el concepto, no se investigaron denuncias de que algunos de esos ciudadanos eran en realidad soldados o miembros del Batallón Voltígeros del Ejército, lugar donde estuvo la comisión de fiscales encargadas del caso.
Igualmente, en su concepto a la Corte Suprema el Ministerio Público advierte que la ley permite la asistencia de los procesados a las indagatorias pero no a otras diligencias, como ocurrió con varios de los sindicados, quienes fueron llevados a 21 inspecciones de reconocimiento en filas y pruebas de absorción atómica.
El documento también asegura que algunos procesados estuvieron más de dos meses sin defensa y la mayoría la obtuvieron después de que se les resolvió su situación jurídica. Es el caso de Yomar Hernández, defendido por la ciudadana Luz Helena Valderrama, indagado el sábado 29 de enero de 1994.
"Estuvo 70 días sin defensa técnica durante los cuales se practicaron la totalidad de las pruebas que llevaron a sentencia condenatoria en su contra", dice el concepto.
Es decir, el Ministerio Público advirtió que el juez impartió algunas condenas "con base en testimonios y reconocimiento en filas de personas, cuando los sindicados no tenían abogado".
Esta no es la primera petición de anular el proceso. El 12 de abril de 1996 un juzgado regional de Medellín negó a los procesados la solicitud de anular el proceso por violación a la defensa. "Si la situación de peligro coartaba la libertad de locomoción, menos era factible salir en búsqueda de los pocos abogados que allí ejercen su oficio hasta sus propias oficinas, y mucho menos resultaba posible que estos estuvieran dispuestos a defender de oficio a personas comprometidas en tal horripilante acción", dijo entonces el juez.
Lo cierto es que la suerte de los 20 condenados por la muerte de los 35 habitantes de La Chinita, que recibieron penas entre los 25 y los 50 años de cárcel, está ahora en manos de la Corte Suprema, organismo que dará un fallo final en los próximos días.
LA FIESTA DE 1994 QUE TERMINO EN TRAGEDIA
El sábado 23 de enero de 1994, más de 200 personas desempleadas y sin tierra que habían invadido el barrio La Chinita desde 1991, en la convulsionada zona de Urabá, realizaban una fiesta. Rufina Gutiérrez, de 47 años, organizó una verbena popular con el fin de recoger fondos para el estudio de sus hijos y ayudar a la construcción de aulas en la escuela comunal. En la madrugada, 20 miembros del frente 5 de las Farc llegaron hasta el lugar y dispararon sus fusiles indiscriminadamente contra los asistentes. El saldo fue de 35 muertos, entre hombres mujeres y menores de edad, y 17 heridos graves. Los guerrilleros amarraron a varias de sus víctimas y luego las asesinaron. Sus cuerpos fueron abandonados en las calles del barrio.
Las investigaciones concluyeron que las Farc cometieron la masacre porque consideraban que estas personas hacían parte del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, integrado por desmovilizados del Epl, con quien mantuvieron durante años una rivalidad por el control del sindicato bananero (Sintrainagro) y el poder local. La Chinita es considerada la primera de una cadena de masacres en la disputa del eje bananero de Urabá.
SIN IMPUNIDAD
- Alvaro Villarraga
Desmovilizado Epl.
"En la masacre de La Chinita, así como el cualquier masacre, no debe haber impunidad. La justicia debe debe obrar dentro de los parámetros del debido proceso para evitar que quede impune, más aún cuando el panorama para que así sea mejorado mucho. El informe que salió de La Chinita, donde señalamos la presunta responsabilidad del 5 frente de las Farc en la masacre, entre otros, pues se logró gracias a un consenso de varias ONG, criticadas por algunos que piensan que solo denuncian los crímenes de los paras y no de la guerrilla .
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