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SAN ANDRÉS BUSCA RECUPERAR EL DINERO DE LA SALUD DE LOS RAIZALES

El Gobierno departamental del Archipiélago de San Andrés y Providencia y políticos locales buscan jugarse su última carta ante el Gobierno Nacional para salvar los cupos del régimen subsidiado de salud y evitar la pérdida definitiva de más de 370 millones de pesos, embolatados porque no se hizo uso de ellos durante la vigencia fiscal correspondiente.

El Gobierno departamental del Archipiélago de San Andrés y Providencia y políticos locales buscan jugarse su última carta ante el Gobierno Nacional para salvar los cupos del régimen subsidiado de salud y evitar la pérdida definitiva de más de 370 millones de pesos, embolatados porque no se hizo uso de ellos durante la vigencia fiscal correspondiente.
"Las gestiones se iniciarán de inmediato ante el Ministerio de la Protección Social", coincidieron luego de que el jefe de esa cartera, Diego Palacio, dio por perdidos esos recursos del Fosyga -de la vigencia fiscal del 2004- asignados por el Gobierno Nacional para salud y con los que la isla tendría cobertura total para sus raizales.
El no uso de la plata -conseguida por petición de líderes de la comunidad al presidente Alvaro Uribe en mayo del año pasado, quien los incluyó dentro de la ampliación de cobertura como parte del plan Soberanía con Cariño - impidió, según el Ministerio, que 4.626 raizales fueran afiliados al régimen.
El anuncio de que la isla ya no contaría con la plata dejó fríos a los sanandresanos, causó revuelo en círculos políticos y de inmediato más de un funcionario salió a defenderse. Por qué?
Según el ministro Palacio, la situación se generó por enfrentamientos políticos entre la Gobernación y la Asamblea: "... a pesar de la decisión de buscar la afiliación al régimen subsidiado de la totalidad de los raizales de Sisbén 1, 2 y 3 esto no se pudo lograr y 4.626 raizales se quedaron sin aseguramiento por enfrentamientos políticos en el departamento", le dijo a la gobernadora, Susanie Davis Bryan (Movimiento de Integración Regional, MIR), en una carta.
Tire y afloje
El jalón de orejas generó varios pronunciamientos. Uno de ellos, de la secretaria departamental de Salud, Sandra Hernández Gaviria.
Según ella, los recursos transferidos solo incluirían a la población de los niveles 1 y 2 del Sisbén y quedaban por fuera los del 3, al que pertenece la mayoría de raizales. Por esto, dijo, la Gobernación se vio obligada a insistir en que fueran a este nivel y la autorización del giro apenas se produjo el 29 de noviembre, un día antes de que terminaran las sesiones ordinarias de la Asamblea, que por esa razón fue convocada a extras la primera semana de diciembre.
Según las cuentas de la Secretaria, el 10 de diciembre se aprobó la adición y se hizo la convocatoria para inscripciones, que venció el 15. Para esa fecha solo se habían inscrito 1.500 personas por ello, dice, se inició un trámite para solicitar al Ministerio la extensión del plazo. Término que, según el ministro Palacios, no llegó a feliz término.
La presidenta de la comisión de presupuesto y control fiscal de la Duma, Margith Bandera Espitia, también terció en el debate. Negó los supuestos enfrentamientos con la mandataria.
"No sé de dónde salen esas afirmaciones y debería (el Ministro) explicar de dónde sacó esa información", respondió Bandera, quien señaló que la ejecución de los recursos se aprobó en el menor tiempo posible durante las extras y que la Duma cumplió con su deber.
La percepción del representante a la Cámara Julio Gallardo Archbold (líder del MIR), y quien desde el jueves ha estado en comunicación con el Ministro en busca de recuperar el dinero, es diferente.
Según él, desde la Asamblea sí se mantienen disputas con la Gobernadora. Las encabeza, dice, la coalición mayoritaria (conformada en su mayoría por la bancada liberal y movimientos independientes). "Es de conocimiento público que la coalición ha manifestado su voluntad de no aprobar ningún proyecto al gobierno local, sin importarle la suerte de la comunidad. Solo se preocupan por sus intereses particulares", dijo Gallardo.
Explicó que si bien se aprobó el proyecto de adición presupuestal "condicionaron a la Gobernadora a que les solicitara nuevamente autorización para la firma de los convenios interadministrativos". Así las cosas, a la postre, según el parlamentario, los diputados no le dieron facultades a la Gobernadora para adelantar el proceso que permitiría la apertura de 4.500 nuevos cupos para el régimen subsidiado para la comunidad raizal.
Como sea, Gallardo no cree que la plata se pierda. "Debe haber una alternativa para que se pueda utilizar en la incorporación de este contingente de personas al régimen subsidiado para el nivel 3", dijo.
La administración local tampoco pierde las esperanzas. Según la Secretaria de Salud, no se desaniman y están expectantes, pues aún no se han asignado los recursos para el régimen subsidiado durante el 2005.
Foto
EN DICIEMBRE se adelantó el proceso de inscripción de la comunidad raizal al régimen subsidiado, pero solo lo hicieron 1.500. Los cupos faltantes -4.500- se perderían.
DANIEL NEWBALL H
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