Una vez más debemos repetir que nunca estuvimos de acuerdo con la reelección. No por Uribe, sino por las razones institucionales y de conveniencia que fueron reiteradas en diferentes foros y escritos. Las instituciones deben prevalecer, no las personas.
También hemos dicho que perdimos en franca lid y que la paz democrática se basa en saber perder. El Congreso, en representación del pueblo y con toda la autoridad que le confiere la Constitución como poder supremo, se pronunció por abrumadora mayoría. Sí, se cambiaron las reglas del juego en la mitad del partido, pero se hizo legalmente. Y mal haríamos quienes no quisimos que esto pasara en urdir atajos para burlar la legalidad, porque torcerles el pescuezo al orden, a las potestades y a la independencia de los poderes desinstitucionaliza mucho más que un candidato Presidente.
Por eso resulta peligroso, peligrosísimo, que se pretenda acudir a interpretaciones y argucias jurídicas para que la Corte Constitucional impida la reelección del presidente Uribe. Y no nos digamos mentiras: lo que aquí se esta armando es una gavilla antiuribista que quiere cerrarle el paso a Uribe por un camino diferente a las urnas, porque temen que en las urnas la tienen perdida.
Maquiavelo aplaudiría. Pero los que escribieron los ensayos del Federalist (Madison, Jefferson, Adams), los forjadores de la separación de poderes y del concepto de pesos y contrapesos que hoy hacen parte fundamental de nuestra democracia, nos dirían que estamos jugando con candela. Y a este propósito, el último libro de Gore Vidal, Inventing a Nation, hace un relato apasionante de los debates que le dieron vida y forma a esa primera democracia, de la que tanto nos hemos copiado.
La Constitución del 91 le atribuye a la Corte Constitucional la función de revisar la exequibilidad de los actos legislativos solo por vicios de procedimiento. La propia Carta limita el control que realiza la Corte al examen formal, descartando la posibilidad de que ejerza un control sobre lo material. Es decir, la Corte carece de atribuciones para analizar los aspectos de fondo de los actos legislativos. Por otro lado, en ninguna parte la Constitución limita los poderes del Congreso para reformar la Constitución. Hasta Navarro parece estar de acuerdo con esto.
Eso fue lo que se pactó. Eso es lo que está ordenado en el artículo 374 de la Carta.
Y esa fue la razón por la cual la primera Corte Constitucional, la que el ex presidente López con su caracterizada generosidad ha calificado de "admirable", considera, mediante sentencia C-543 del 1/10/98 y con voto afirmativo de José Gregorio Hernández y de Carlos Gaviria (ponente), que no podía entrar a analizar el contenido material de los actos legislativos.
Asimismo, y como lo han corroborado, entre otros, Hernando Herrera, el eminente jurista que no solo fue constituyente sino que hizo parte de la Corte "admirable", ese fue el espíritu con que se votó este tema en la Asamblea Nacional. Ha sido la Corte actual la que ha pretendido modificar la doctrina e incursionar en arenas verdaderamente movedizas.
Por qué movedizas? Porque si impera la tesis de que la Corte puede arrogarse el inmenso poder de decidir qué puede reformar el Congreso y qué no, se colocaría por encima de los demás poderes públicos. Por otro lado, sería arrojar la llave de las reformas constitucionales al mar, lo que precisamente dio pie para convocar la Constituyente del 91, como bien nos lo recordó el ex presidente Gaviria hace unos días.
Y aun si aceptáramos el principio de supraconstitucionalidad, o sea el respeto a lo esencial de la democracia, no se ve por ningún lado que la reelección lo vulnere. Cuántas democracias no tienen reelección?.
Ahora bien, con el debido respeto por los ilustres juristas que ahora sostienen que la reelección vulnera el principio de la igualdad, la pregunta obligada es: por qué entonces los senadores, representantes, diputados o concejales sí pueden ser reelectos? Con esa tesis el país no habría podido beneficiarse de la segunda posesión -el jueves pasado- de nuestro buen amigo y excelente procurador Edgardo Maya.
Además, la ley estatutaria es la diseñada para garantizar la tan ahora cotizada igualdad.
En fin, el debate apenas comienza. Pero como los sabios del derecho dicen que el sentido común es lo que hace las mejores leyes, ese sentido común nos dice que resultaría insólito que unos pocos magistrados decidieran colocarse por encima de la Constitución, apropiarse de poderes que no tienen y desconocer de un plumazo la voluntad del legislador y de la mayoría del pueblo colombiano. No precipitaría esto la convocatoria de una nueva Constituyente?.
Y si se trata de contribuir a la paz pública, que con razón preocupa a nuestro ilustre ex presidente López, no hay que olvidar que la paz, como decía Kant, se fundamenta en el derecho, pero en un derecho que no puede atropellar sus propias reglas de juego ni torcer las realidades políticas.
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ME DA MUCHA PENA, pero ante las afrentas de Chávez, el país todo, sin excepción, debe rodear y respaldar al presidente Uribe.
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ME DA MUCHA PENA, pero Colombia no puede permitir que un caso de complicidad o, por lo menos permisividad con el terrorismo por parte de Venezuela, se convierta en una acusación de secuestro o violación de soberanía.
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ME DA MUCHA PENA, pero esto demuestra que Chávez está tomando partido por las Farc y no por el gobierno legítimo de Colombia.
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ME DAMUCHA PENA, también, pero este grave incidente, que todos aspiramos sea resuelto dentro de los cauces de la diplomacia, pone de presente la necesidad de que las dos naciones desarrollen acuerdos reales y no de papel que permitan luchar eficazmente contra el narcotráfico y el terrorismo.
ME DA MUCHA PENA, finalmente, con la destreza de Hugo Rodallega porque si sigue metiendo goles (y ojalá sea así) le tocará aprender a convivir con la fama, con esa fama que ha sido definida como una burbuja vacía, que destroza a los que no saben manejarla y que Montaigne advertía que no era compatible con la tranquilidad. Buena esa, Hugo!
