LA POLÉMICA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ

LA POLÉMICA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ

El 27 de mayo pasado, tras evaluar el orden público en Urabá por el atentado en una discoteca de Apartadó que les costó la vida a 8 personas, el presidente Alvaro Uribe pidió que se acabe ese corredor de las Farc a través de San José de Apartadó , conminó a los directivos de la comunidad a no obstruir la justicia y les advirtió que durante su administración ningún centímetro del territorio estaría vedado a las Fuerzas Militares. (VER INFOGRAFIA)

05 de marzo 2005 , 12:00 a.m.

El 27 de mayo pasado, tras evaluar el orden público en Urabá por el atentado en una discoteca de Apartadó que les costó la vida a 8 personas, el presidente Alvaro Uribe pidió "que se acabe ese corredor de las Farc a través de San José de Apartadó", conminó a los directivos de la comunidad a no obstruir la justicia y les advirtió que durante su administración "ningún centímetro del territorio" estaría vedado a las Fuerzas Militares.

(VER INFOGRAFIA).

Y hace 48 horas el director Seccional de Fiscalías de Antioquia, Francisco Galvis, dijo que las Farc "usan la comunidad de paz como sitio de descanso y veraneo".

Para la Policía y el Ejército no hay duda de que allí hay presencia de las Farc y de que esa agrupación sigue usando la zona como corredor hacia la serranía de Abibe y a Urabá.

Defensores de la Comunidad de Paz de San José esas afirmaciones se suman a la persecución a la que ha estado sometido este grupo de 1.350 personas desde 1997, cuando decidió constituirse como tal con apoyo de la Iglesia Católica para reclamar su exclusión de la lucha armada y negarse a colaborar con los actores del conflicto. Por haber incluido al Ejército entre estos y negarse a colaborar con él, la comunidad fue vista con reserva.

San José es un corregimiento a 40 minutos de Apartadó, a donde se llega por una vía destapada por la que solo transitan camperos. Lo primero que se ve al llegar es una cancha pavimentada y, al lado, un quiosco comunal de unos 200 metros cuadrados en madera y paja cercado en adobe y malla y un centro de acopio que funciona como sede del consejo interno, un grupo de 8 líderes que rigen su vida y son sus voceros ante cualquier instancia y al que algunos acusan de imponer la ley del silencio entre el resto de la comunidad cuando alguien los visita.

La comunidad argumenta que es ajena al conflicto, que se dedica a mejorar su calidad de vida y a mantener un aparato productivo comunitario, sus críticos la señalan como un ente cerrado, vetado al Estado y a cualquier otra entidad que entre a indagar su realidad.

Algunos de sus líderes han sido señalados por mantener supuestos contactos con la guerrilla. Uno de ellos, Wilson David, fue detenido en febrero del 2003 en una chiva donde se halló una caja con explosivos. Por falta de pruebas y tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue dejado en libertad.

La propia Alcaldía de Apartadó tiene líos para hacer presencia y cualquier acción del Estado se coordina desde la Vicepresidencia. Y aunque la Iglesia Católica los acompañó durante años, hoy su relación no es tan cercana.

Monseñor Germán García, obispo de la Diócesis de Apartadó, dice que su acompañamiento es pastoral, que no tienen relación con la comunidad como organización y que desde hace mucho la Diócesis no maneja su aspecto socio-político. "No lo hacemos porque ellos tienen una visión política del enfrentamiento con el Estado que creemos equivocada, porque eso es utilizar una comunidad para un fin político... En el terreno uno ve que hay proyectos de izquierda y de derecha y la protagonista debe ser la comunidad, no las ideas", dijo.

Hay funcionarios que no se explican cómo se niegan incluso hasta que se les suministre alimento a policías que arriesgan su vida escoltando comisiones humanitarias, como ocurrió en el 2002, y habitantes que aseguran haber tenido que ir a pagar vacuna a la guerrilla, incluso ante la presencia de miembros de la comunidad que hoy fungen como líderes.

Personas cercanas al grupo y que lo han acompañado aseguran que son víctimas de un conflicto en el que todos los actores los han puesto en medio del fuego y que muchos de sus líderes han caído víctimas de él sin ver hecho realidad su sueño. "Tienen claro que no pueden involucrarse con ninguno de los armados e incluso les llegaron a cerrar las puertas a miembros de sus propias familias con vínculos con cualquier grupo", dijo una fuente que pidió la reserva. Y agrega que el apoyo institucional ha sido poco y se lamenta porque el Estado no cree en ellos.

La comunidad no niega que por su territorio pasen armados, pero dice que no tiene el control de toda el área y que también han denunciado desmanes de las Farc. Como sea, la comunidad ha ganado terreno en el ámbito internacional, goza del reconocimiento de organismos como la ONU y del apoyo de ONG extranjeras que reclaman para ella apoyo estatal y respeto a su neutralidad.

Que dice el Estado sobre la masacre.

Tras condenar la matanza de San José, el vicepresidente Francisco Santos reclamó prudencia a quienes se han apresurado a señalar responsabilidad de fuerzas del Estado. "Hasta que la justicia se pronuncie sobre el asunto, todo lo que se afirme en este sentido son especulaciones", dijo.

En un comunicado, el jefe de la política de derechos humanos de Uribe dijo que "nada justifica este tipo de atropellos" y que el Gobierno condena enérgicamente lo sucedido.

Fuentes militares han señalado a las Farc como responsables. Se apoyan en evidencias que ubican a las víctimas como eventuales enemigas de la agrupación y en el uso de machetes, que según un documento del Estado, conocido por EL TIEMPO, los ha utilizado esta guerrilla para dar muerte a Amador Delgado, el 17 de noviembre del año pasado; y el de 3 indígenas de la comunidad Las Playas, el 6 de diciembre.

Igualmente, el Ejército apoya su inocencia en que el día de los hechos (22 de febrero) y de acuerdo con el informe de situación de las tropas que se lleva a diario, ninguna unidad militar estaba cerca de la zona de la matanza, una región montañosa sobre el cañón del río Mulatos que comunica con las serranías de Abibe y La Resbalosa, límites del Urabá antioqueño con Córdoba.

Como sea, entes nacionales e internacionales -ACNUR, Asonal, la Defensoría del Pueblo y la misma comunidad- reclaman al Estado hacer claridad sobre la matanza, en la que cayeron también cuatro menores de edad, y no estigmatizar a los habitantes de San José por su objeción de conciencia frente al conflicto.

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