C O N F L I C T O APERTURA E INFLACIÓN

C O N F L I C T O APERTURA E INFLACIÓN

El Gobierno ha dicho que el objetivo prioritario de su política macroeconómica es el centro del proceso inflacionario. Lo que está bien, ya que después de dos años de aceleración continua el incremento de precios ha superado el 30 por ciento anual por primera vez en mucho tiempo. El nuevo modelo económico presupone que la variable clave para el crecimiento económico futuro será el comportamiento de la inversión privada. Más aún, el sector productivo colombiano debe acometer un ambicioso programa de inversiones en reconversión industrial para afrontar con éxito la apertura. No obstante, no se obtendrá una recuperación vigorosa de la inversión privada si no se reduce el costo de los equipos importados, como se señaló en una columna anterior, y si no se dispone de financiamiento suficiente, a tasas de interés razonables. En este punto se centra el conflicto entre la actual política anti-inflacionaria y el modelo de apertura.

23 de octubre 1990 , 12:00 a. m.

En efecto, la política anti-inflacionaria puesta en práctica descansa principalmente, como ya se ha vuelto costumbre en Colombia, en el logro de unas metas monetarias sumamente severas (un crecimiento de los medios de pago muy inferior al de los precios) mediante la utilización preferencial de Operaciones de Mercado Abierto (OMAS). En consecuencia, como en otras oportunidades, se ha generado una fuerte restricción de liquidez, que dificulta el financiamiento de las nuevas inversiones, y las tasas de interés nominal han alcanzado los niveles más altos de los últimos 10 años, ante la competencia desatada entre el Banco de la República y el sector financiero por las captaciones del público. Con este nivel de las tasas de interés y ante la escasez de fondos prestables, resultará imposible que el sector privado acometa el nivel de inversiones que se requiere para la reconversión industrial y para recuperar las tasas de crecimiento económico.

Para agravar las cosas, esta política resulta ineficiente en el logro de sus propósitos, al menos por tres razones básicas. En primer lugar, las altas tasas de interés internas, en conjunto con la disminución de la tasa de devaluación, promueven el ingreso de capitales de corto plazo, mediante la demora en los giros por pagos de importaciones y otros expedientes, con lo que se aumenta la acumulación de reservas internacionales y se incrementa la base monetaria. En segundo lugar, por cuanto el alza en los costos financieros se traslada inmediatamente a los precios de los productos, especialmente en actividades como el comercio y la construcción. En el tercer lugar, por cuanto las altas tasas de interés refuerzan las expectativas de inflación.

De otra parte, el gobierno ha anunciado la liberación y desgravación acelerada de aquellos productos cuyos precios crezcan por encima del promedio nacional. El uso de esta medida por sí sola tendría un efecto reducido y podría perturbar el proceso de internacionalización de la economía, como quiera que induciría una estructura arancelaria incoherente y una gran confusión entre los objetivos de largo y corto plazo de la apertura de importaciones.

Estos conflictos obedecen, en parte, a que se quieren hacer demasiadas cosas al mismo tiempo: bajar la tasa de inflación, abrir la economía, recuperar la inversión privada y acelerar el crecimiento económico. En materia económica con frecuencia hay que dar precedencia a unas metas sobre otras.

Pero también se deben a que falta un reconocimiento pleno de que nuestro proceso inflacionario, antes que obedecer a un desbordamiento de la demanda agregada o a presiones monetarias excesivas, constituye un típico proceso de inflación inercial: cada agente económico tiende a reproducir, con sus decisiones sobre precios y salarios, la tasa de inflación del período precedente. En estas condiciones, una política macroeconómica restrictiva, por sí sola, tiene un efecto a corto plazo sobre la tasa de inflación y, en cambio, frena el crecimiento económico. En adición, el proceso se acelera ante choques ocasionados, en distintos momentos, en incrementos súbitos en los precios de los alimentos (como en 1988), de las importaciones (como en 1989), en las tasas de interés o en algunos otros factores de costos.

Esta situación exige el uso de instrumentos de control monetario que tengan un menor impacto sobre el nivel de la tasa de interés que el ocasionado por el OMAS: tales como la reducción de plazos máximos a los giros por importaciones y la imposición de topes al aumento de cartera de las instituciones financieras. Pero ante todo, obliga a que la política anti-inflacionaria no se limite a la aplicación de políticas fiscales y monetarias exageradamente restrictivas.

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