A las 9:30 de la mañana de ayer, una comisión conformada por varias ONG, la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Quibdó viajó al municipio chocoano de Carmen del Darién para averiguar las circunstancias en las que desaparecieron cinco miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Ellos trabajaban con las comunidades de los sitios Pueblo Nuevo, Bella Flor Remacho y Nueva Esperanza, reconocidos como zonas humanitarias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con el organismo no gubernamental, un poblador llamó a su sede en Bogotá para informar que hombres armados que se identificaron como guerrilleros de las Farc se llevaron al teólogo y filósofo Enrique Chimonja, a la antropóloga Johana López, a Edwin Mosquera, un bachiller que enseñaba a niños y jóvenes; a Mónica Suárez, estudiante de sicología en la Universidad a Distancia, y a Fabio Ariza, quien aún no termina su carrera de física en la Nacional. El hecho, dijo el lugareño, ocurrió a las 7 a.m. del jueves.
"El Gobierno condena el hecho y exige que los liberen y que cesen los ataques a los civiles", dijo ayer el vicepresidenteáFrancisco Santos, que aprovechó la oportunidad para reiterar que "solo en los sitios donde se permite la presencia de la Fuerza Pública hay posibilidad de ofrecer garantías".
"No es cierto que no haya presencia del Estado en esa zona", respondió Danilo Rueda, coordinador nacional de los acompañamientos a las comunidades no violentas de Justicia y Paz.
Según él, la Brigada 17 del Ejército viene realizando un intenso operativo militar desde el pasado 26 de enero, en medio del cual se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Rueda denunció además que el martes recibió una amenaza de muerte por correo postal, en la que lo tachaban de "defensor de narcoterroristas" y advertían a todos los miembros de su organización que no se permitiría "el regreso del yugo opresor de la guerrilla a la región".
Justicia y Paz había asistido a una audiencia de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, para presentar su actualización de los hechos que sustentan las medidas de protección ordenadas por el ente regional en beneficio de comunidades como la de San José de Apartadó.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la privación de la libertad de la que fueron víctimas los defensores de derechos humanos. Por otro lado, subrayó que ha recibido información según la cual los trabajadores humanitarios de Justicia y Paz han recibido amenazas de grupos paramilitares del Chocó desde el año pasado.
Las denominadas zonas humanitarias son propiedades privadas donde habitan varias familias que se asocian para no ser involucrados en el conflicto armado, y desarrollar sus propios proyectos de educación y seguridad alimentaria, en medio de la presencia de actores armados, incluido el Estado.
