ES INEXEQUIBLE LA REELECCIÓN

ES INEXEQUIBLE LA REELECCIÓN

La primera vez que oí hablar de reformas constitucionales inconstitucionales fue en labios del maestro Echandía. Citaba, como ejemplo, una reforma que restableciera la esclavitud o derogara la irretroactividad de las leyes. A mí me parecían más temas culturales que jurídicos; pero, en realidad, se anticipaba así a lo que vendría a ser doctrina de la Corte Constitucional de 1991, bajo la rectoría de figuras que nos hacen calificar de verdaderamente admirable tal Corte. El doctor José Gregorio Hernández fue uno de ellos, quien, precisamente, editó un folleto con este nombre, correspondiente a la Lección preinaugural No. 1 de la Cátedra Constitucional y, más recientemente, ha vuelto sobre el tema a propósito de la igualdad, uno de los pilares de la supraconstitucionalidad, contra la cual no se puede atentar con actos legislativos.

09 de enero 2005 , 12:00 a.m.

La primera vez que oí hablar de reformas constitucionales inconstitucionales fue en labios del maestro Echandía. Citaba, como ejemplo, una reforma que restableciera la esclavitud o derogara la irretroactividad de las leyes. A mí me parecían más temas culturales que jurídicos; pero, en realidad, se anticipaba así a lo que vendría a ser doctrina de la Corte Constitucional de 1991, bajo la rectoría de figuras que nos hacen calificar de verdaderamente "admirable" tal Corte. El doctor José Gregorio Hernández fue uno de ellos, quien, precisamente, editó un folleto con este nombre, correspondiente a la Lección preinaugural No. 1 de la Cátedra Constitucional y, más recientemente, ha vuelto sobre el tema a propósito de la igualdad, uno de los pilares de la supraconstitucionalidad, contra la cual no se puede atentar con actos legislativos.

Curiosamente, y quizá por lo elemental, su crítica a la reelección, desde este ángulo, ha pasado casi inadvertida. Se reduce a sostener la tesis de la inconstitucionalidad del acto legislativo, basándose en la violación al principio de la igualdad, concepto completamente distinto de aquel por el cual muchos esperan una declaración de inexequibilidad por vicios de forma o desconocimiento de las ritualidades de rigor para todo acto legislativo.

En efecto, la igualdad preside como pilar de toda la arquitectura constitucional, que se derrumba en cuanto desaparezcan la igualdad o la libertad, que son de la esencia de la democracia. El razonamiento del doctor Hernández, tratándose de la reelección, como fue aprobada, es muy sencillo: cómo puede haber igualdad ante la ley y ante la Constitución, cuando el ciudadano, Presidente en ejercicio de sus funciones, puede, a la vez, dirigir una campaña política que lo beneficia frente a sus contendores que carecen de la capacidad de hacer nombramientos y disponer de fondos para granjearse la voluntad de los electores?.

El solo debate acerca de las llamadas garantías para la oposición demuestra que se requeriría una legislación especial para remediar el desnivel entre el candidato Presidente y sus contendores. No basta el tratamiento tradicional que se le debe dar a la oposición sino que, para soslayar la violación, se aspira a encubrirla con un estatuto especial, el cual, obviamente, no supera la desigualdad proveniente de la condición de Jefe del Estado y Jefe de Gobierno, en forma simultánea. El remedio residiría en que las dos funciones se ejercieran por separado, como sucede en el régimen parlamentario.

La incidencia del principio de la igualdad como derecho básico ha sido estudiada minuciosamente por el magistrado Jaime Araújo Rentería, en su obra El derecho fundamental a la igualdad: precisiones, y mal puede omitirse con el argumento consistente en invocar que no se trata de un vicio de procedimiento al tenor del artículo 241, sino del contenido material que, según otros constitucionalistas, se presume excluido de la competencia de la Corte, algo que me trae a la memoria un episodio durante el Mandato Claro, cuando por primera vez, bajo la Constitución de 1886, se declaró la inconstitucionalidad, por vicios de forma, de la ley que convocaba la pequeña Constituyente, siendo así que jamás se había consagrado la inconstitucionalidad de forma desde cuando se instituyó el recurso de inexequibilidad de las leyes en 1910, pero la Corte de entonces consideraba legítimo el principio de la supraconstitucionalidad, que no es otra cosa que el respeto a lo esencial de la democracia, o, como dice en su escrito el ex magistrado Hernández, el contraste entre el poder constituyente, que permanece en manos del constituyente primario, y el constituyente derivado, que es el que consta en la Constitución escrita.

Invocar el silencio de la Constitución sobre las inconstitucionalidades, es un tema indiscutiblemente controvertible. No todo silencio tiene el alcance de una aprobación o una improbación, a voluntad del intérprete. Cuando la Constitución invoca los vicios de forma y guarda silencio sobre los de contenido, mal puede estar interpretando un hipotético derecho a desconocer el Estado de Derecho vigente.

La propia Corte Constitucional de 1991 ha apelado indirectamente a tal recurso cuando de modular las leyes se trata, entendiendo por tal, la discrecionalidad de la Corte para fijar la vigencia de sus propias decisiones en cuanto a la inconstitucionalidad. Es así como, aceptando la inexequibilidad de una ley, solo entra a regir, en ciertos casos, meses después de haberse admitido su inconstitucionalidad, algo que, en el caso de la reelección, podría traducirse en admitir la constitucionalidad del acto legislativo solamente a partir de la fecha en que no le serviría al Presidente en ejercicio para participar en la justa electoral, ya que la crítica más difundida es la de haberse cambiado las reglas del juego por el propio beneficiario de tal cambio.

De esta suerte, al fijar la vigencia futura de la constitucionalidad por un término adoptado por la Corte, se consideraría inconstitucional durante ese plazo el que el Presidente candidato participara en esta última condición, porque sería violatorio de la igualdad en los términos arriba considerados.

La jurisprudencia en este sentido, en materia de impuestos que dejaron de regir en una fecha futura, es un antecedente de tener en cuenta, al lado de los eruditos estudios de los ex magistrados Carlos Gaviria y José Gregorio Hernández, máxime cuando, como es previsible, se llegue a un grado de polarización con respecto al ejercicio del Gobierno por parte del candidato, que puede degenerar en perturbaciones del orden público. La conveniencia de admitir la constitucionalidad de fondo, a partir del momento en que el Presidente candidato no puede utilizarla, contribuiría a la paz pública.

Es, por lo menos, cuanto se deduce de los minuciosos estudios a que me vengo refiriendo. Sería aplicar el principio de la modulación de las leyes a los actos legislativos de dudosa constitucionalidad por vicios de fondo, distintos de los de procedimiento, y sin perjuicio de dictaminar sobre el cumplimiento de los requisitos formales. Pensemos lo que ocurriría si, frente a la candidatura de una mujer, se admitiera la abolición del voto femenino por haberse cumplido con los requisitos externos de procedimiento.

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