EL PACTO SOCIAL: SIGUE LA ESPERA

EL PACTO SOCIAL: SIGUE LA ESPERA

Todos esperaban que el Gobierno llevara un documento y les hiciera una encerrona: firmen ya un documento llamado pacto social en el cual el sector empresarial colombiano se compromete a no aumentar los precios de sus productos más allá del 22 por ciento. No era para pensar menos. En la mesa de honor estaban los ministros de Hacienda, Desarrollo y Trabajo, los dos primeros sonriendo como nunca; el viceministro de Agricultura y el jefe de Planeación Nacional.

27 de enero 1991 , 12:00 a. m.

Esa sensación se hizo más evidente cuando fueron repartidas unas hojas entre los asistentes a la reunión convocada por el ministro de Desarrollo para definir la colaboración privada en la lucha contra la inflación.

A muchos se les detuvo la respiración. No habían sido autorizados por sus jefes o afiliados para firmar cualquier compromiso. Y si no firmaban, sus empresas o sus gremios aparecerían como insolidarios con el Gobierno.

Tranquilidad. Los papeles eran solo para anotar el nombre, su representación y la dirección.

El primer chiste a cargo del ministro Samper: esto no es un campo de batalla y es neutral. Seguramente después de la reunión no va correr sangre. Todos rieron tímidamente. Mindesarrollo habló diez minutos, con pausa y vehemencia, pero los industriales no se sintieron regañados y fueron tomando confianza... pero había que esperar a que hablara Hommes.

Samper les dio la palabra. Hablaron 14. El primero John Gómez Restrepo de Productos Familia. El más largo, Jorge Méndez Munévar, presidente de la Federación Colombiana de Industrias Metálicas (Fedemetal), fue todo elogios y además se declaró un ferviente admirador del ministro Hommes.

Augusto López Valencia del Grupo Santodomingo fue claro, preciso, y sin mucho verbo pareció el único dispuesto a firmar lo que fuera. Juan Manuel Ruiseco de Cementos Caribe, solidario lo mismo que René Gómez del Grupo Ardila Lulle.

Juan Camilo Restrepo, presidente de Acerías Paz de Río, fue el único que hizo alusión al problema de las tarifas de servicios públicos y pidió concordancia. Juan María Rendón de Prollantas y Ricardo Villaveces de Asocaña, técnicos y recatados.

El mejor amigo del gobernante es quien le dice la verdad , comenzó diciendo Sabas Pretelt de la Vega, para luego pedirle que no tenía por qué irse si la inflación no bajaba del 22 por ciento, porque eso era como pedirle al ministro de Defensa que se fuera si no derrotaba a la guerrilla.

Juan Alfredo Pinto, de la Asociación Colombiana Popular de Industriales (Acopi), se fue en contra no del Gobierno sino de los grandes industriales. Dijo que es muy fácil para los grandes hablar de concertación y de pacto cuando ya se despacharon , haciendo alusión a los aumentos de precios y a la baja capacidad de los pequeños empresarios para hacer lo mismo.

La última en hablar fue Sonia Martínez de Durán, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (Afidro), a cuyo sector le decretaron un alza en el precio de los medicamentos del 22 por ciento, muy por debajo de las pretensiones de los productores. Fue enfática en afirmar que si los laboratorios hacían el sacrificio, todos debían hacer lo mismo; hasta los productores de frascos. Sobre el esquema de concertación fue dura . Para algunos respiraba por la herida.

Luego le tocó nuevamente al Gobierno. Primero Planeación y Agricultura y luego cierre de Hommes.

El viceministro de Agricultura, Fidel Humberto Cuéllar, habló un minuto y dio en el punto: el problema es el estado de pérdidas y ganancias, pero no el de la empresa del lado, sino el de la mía. Así deben pensar los industriales.

Le tocó a Hommes. Primero que todo excusó la no presencia de Fabio Echeverri Correa, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), por problemas de correo , pero la verdad es que el cable de invitación le había llegado 48 horas antes.

Hommes fue duro y seco. El Gobierno no tiene la intención de desmontar las medidas adoptadas para controlar la inflación, y sobre la disposición de acelerar los giros al exterior comentó que es una medida que responde a que en Colombia no se dice la verdad. Todo el mundo miente .

También dio en el punto: dijo que le gustaría que los industriales firmaran un documento. Comedida sugerencia o advertencia? Nadie se dio por aludido.

Se acabó el almuerzo. Ni fechas ni plazos ni compromisos formales. Los empresarios creyeron haber cumplido porque atendieron la cita, aunque sin los banqueros (solo fue Antonio Urdinola en representación de las Compañías de Financiamiento Comercial), transportadores, aseguradores, agricultores y constructores. Están cumpliendo? El Gobierno ha pedido al sector privado tener la máxima prudencia en las alzas de precios y salarios para 1991. En materia de precios, la insistencia oficial ha sido tan grande que parece haber alguna conciencia sobre la necesidad de darle palo a la inflación.

No parece así ocurrir con las alzas de salarios. Una encuesta informal entre 25 empresas del sector privado demostró que los incrementos pactados están más de dos puntos por encima del aumento autorizado para el salario mínimo y por lo menos seis de la meta proyectada de inflación para este año.

A comienzos del año pasado, los trabajadores me aceptaron un incremento de 26 por ciento, argumentándoles que la meta del Gobierno en inflación era 24 por ciento. Pero en realidad fue de 32 por ciento. En la última negociación no podía sacar la misma carta porque desafortunadamente no es creíble , comentó un gerente. Primero fueron las alzas Resultó paradójico. Primero debió ser el pacto social y luego las alzas. Pero en muchos casos, estas llegaron primero; incluso las del mismo Gobierno.

Aunque el presunto acuerdo se comenzó a ventilar desde agosto, los reajustes de precios no dieron espera. A comienzos de noviembre subió la carga aérea internacional para exportaciones entre 15.6 y 73.6 por ciento. Afectados: flores, frutas y verduras, entre otros. Al final del mes, la cerveza subió ocho por ciento, para un acumulado en el año de 29.43.

Un día después de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el 10 de diciembre, en Bogotá y otras ciudades subió la leche 12 y 13 por ciento. El 12 de diciembre, por acuerdo en Corabastos (Bogotá), se aprobaron aumentos en precios mayoristas entre 3 y 18 por ciento en aceite, manteca, arroz, pastas, cebada, maíz trillado y bombillos, entre otros.

Luego vino el alud de alzas oficiales. El 29 de diciembre, 26 por ciento en los peajes; el primero de enero, 22 por ciento en combustibles; tarifas aéreas 6.12; sal refinada 17 por ciento, y, por ley, 29.11 en los arrendamientos.

El 4 de enero el turno fue para las gaseosas, entre uno y tres por ciento; el 17 de enero los vehículos Renault, entre tres y siete por ciento (en diciembre y enero habían subido los Mazda y Chevrolet) y el 22 de diciembre las tarifas de taxis en Bogotá, 21.8 por ciento.

La última, hasta el momento: el 23 de enero, el Gobierno autorizó un reajuste de 22 por ciento para 3.330 drogas y quedaron en libertad otras 1.380.

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