LA JUSTICIA CAPTURADA

LA JUSTICIA CAPTURADA

Las señales de crisis son inequívocas. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia se enfrentan (otra vez) por la prerrogativa de control de constitucionalidad sobre las tutelas. El Gobierno atiza la confrontación, descalificando las decisiones que lo afectan. La Procuraduría controvierte una decisión de la Corte Constitucional, al tiempo que algunos de sus funcionarios cabildean buscando su elección como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema. Y mientras cada uno hace un llamado para evitar los poderes absolutos , cada uno actúa como si tuviera poderes absolutos.

17 de febrero 2004 , 12:00 a. m.

Las señales de crisis son inequívocas. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia se enfrentan (otra vez) por la prerrogativa de control de constitucionalidad sobre las tutelas. El Gobierno atiza la confrontación, descalificando las decisiones que lo afectan. La Procuraduría controvierte una decisión de la Corte Constitucional, al tiempo que algunos de sus funcionarios cabildean buscando su elección como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema. Y mientras cada uno hace un llamado para evitar los poderes absolutos , cada uno actúa como si tuviera poderes absolutos.

La crisis de la justicia es orgánica y moral. Es orgánica, porque la justicia ha perdido el lugar estructural en el ordenamiento estatal. Estamos ante un poder cada vez más difuso. No hay claridad en la organización del poder judicial, ni en las instancias y modalidades que deben ejercerlo. Todo naufraga en una complejidad de acciones y procedimientos que han impedido un orden de pesos y contrapesos, capaz de tramitar las diferencias. Sin orden, se pierde la equidistancia entre los organismos de la rama. Por eso la permanente confrontación entre las Cortes.

El exclusivismo con que se ha aplicado el poder electivo y nominador de las Cortes, ha degradado la acción y majestad de la rama judicial. La Corte Suprema elige al Fiscal, y con el Consejo de Estado participa en la conformación de la terna para elegir Procurador y junto con la Corte Constitucional lo hace en la elección del Contralor, el Auditor General de la Nación, los magistrados del Consejo Electoral y por esta vía del Registrador del Estado Civil. Un poder que afecta un aparato de más de 50.000 funcionarios. Y eso sin contar que son los magistrados de los tribunales los que definen la terna para Contralor en departamentos y distritos.

Todo ha derivado en un sistema de cooptaciones que permite a familiares de magistrados ocupar cargos en los organismos de control y abre la puerta giratoria a través de la cual los altos dignatarios pasan de los tribunales a los organismos de control y viceversa. Y eso sin considerar el carrusel de mutuos favores entre magistrados y directivos de algunas facultades de derecho; ni como la atribución nominadora de los jueces, ha desviado la función de juzgar para dejarlo como administrador de pequeños intereses y grandes burocracias.

La pérdida es de tal magnitud que ni siquiera el Gobierno tiene clara su tarea en la administración de justicia. Cuál ha sido la política criminal de los últimos gobiernos? Cuál la política penitenciaria? La justicia se gobierna por pilotaje al ojo. Así como las políticas de seguridad se han descargado en militares y policías, la responsabilidad de las políticas de justicia se les ha dejado a los jueces y fiscales. O hay otra explicación para la alcaldada de haber fusionado los ministerios de Justicia e Interior?.

Pero la crisis también es moral. Se han perdido los horizontes del bien actuar. Una sociología de la crisis ha invadido la administración de justicia. Todo se desenvuelve como si nada ocurriera. Nadie se atreve a levantar la voz para protestar por el espectáculo. Lo que estalla, estalla porque alguna prerrogativa es afectada.

Se necesitan las reformas, pero hay que pensarlas en el terreno del papel de la Justicia en el Estado. Por qué no decidir, por ejemplo, que el Fiscal sea elegido por el Presidente (y que su periodo coincida) a ver si, de una vez por todas, el Gobierno asume su responsabilidad en el manejo de la política criminal, y hace de la Fiscalía un instrumento de política pública, como debe ser? Por qué no crear una inspectoría que controle la gestión de los juzgados y los intervenga cuando sea necesario? Por qué no concentrar el control de constitucionalidad de las decisiones judiciales en la Corte Constitucional? Por qué no eliminar el poder nominador y electivo de los magistrados, para ver si de verdad se vuelve independiente?.

Grandes porciones de la justicia están capturadas por los particularismos, por la primacía de los intereses personales, por los carruseles de favores. Y lo grave es que, detrás de la carrera judicial, se arropan todo tipo de ventajas y prerrogativas. Por qué no pensar en una revocatoria de los términos de magistrados de altas cortes y de los tribunales, de manera que se pueda recomponer la dirigencia de la rama judicial?.

El Gobierno está ante el reto de ir más allá de los pactos de transparencia que nadie cumple y de las invocaciones contra la politiquería y el clientelismo que elude por la puerta de atrás del servicio exterior. Debe dejar de halagarse en el espejo de las encuestas, para decidirse por una reforma de veras trascendente para el país.

pedromedellin@hotmail.com

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.