PARAS , ABREN CAMINO A SU ACTIVIDAD POLÍTICA

PARAS , ABREN CAMINO A SU ACTIVIDAD POLÍTICA

Con el llamado Acuerdo de Fátima suscrito por el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) el jueves pasado, los paras tendrán, en la práctica, su propia zona de distensión, aunque reducida y estrictamente reglamentada, para hacer política.

15 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Con el llamado Acuerdo de Fátima suscrito por el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) el jueves pasado, los paras tendrán, en la práctica, su propia zona de distensión, aunque reducida y estrictamente reglamentada, para hacer política.

Si la utilizan bien, la Zona de Ubicación podrá servirles para ganar adeptos y abrir camino a garantías jurídicas que les sean favorables frente a su muy probable desmovilización.

Aunque durante año y medio los acercamientos habían sido reservados, las autodefensas venían presionando para abrir el proceso a la opinión pública, pues consideraban que, en parte, las resistencias hacia este grupo armado ilegal se debían al manejo excesivamente discreto que le venía dando la administración Uribe.

De hecho, al dar a conocer el reglamento de la Zona de Ubicación en Tierralta (Córdoba), el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, dijo:zona abre una mayor participación de la comunidad internacional y permite que haya interlocución con sectores de la vida nacional. Ahora, la sociedad civil puede participar más activamente del proceso.

La zona.

El área es llamada técnicamente Zona de Ubicación, su extensión es de 368,79 kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 7,3 por ciento del municipio de Tierralta (Córdoba) y allí estarán por lo menos los 10 jefes paramilitares que integran el estado mayor negociador de las Auc. Estos tendrán permisos especiales para salir de la zona con el objeto de desarrollar proselitismo a favor del proceso y no salvoconductos para movilizarse por el país, como era su pretensión.

Ellos desde hace rato están que piden explicar su verdad, es la oportunidad para que lo hagan. Una negociación con un Estado da reconocimiento", opinó Mauricio Romero, investigador del libro Paramilitares y autodefensas 1982- 2003.

Analistas consultados por EL TIEMPO aseguran que esta nueva fase revitaliza el proceso en momentos en que parecía naufragar porque no había acuerdo sobre puntos fundamentales como la extradición, la concentración de tropas y la ley de alternatividad penal.

Para el senador Antonio Navarro, uno de los ponentes del proyecto de justicia y reparación (antes de alternatividad penal), la ubicación de los jefes paras dista mucho de la exigencia inicial del Gobierno de concentración del grueso de la tropa para que pudiera desarrollarse una verificación efectiva del cese de hostilidades.

Navarro, que se concentró con su tropa en Santo Domingo (Cauca) para avanzar en el proceso de negociación y desmovilización del M 19 en 1989, considera, además, que lo que puede darle mayor apoyo al proceso con los paras es que cese por completo la actividad paramilitar y su presión armada en zonas de su influencia.más acción política armadaafirma.

De hecho, y de cara al otro escenario que tiene que ver con este proceso, el del piso jurídico que dará el Congreso, organizaciones sociales populares agrupadas en el proyecto Planeta Paz lanzaron una advertencia.

Para estos sectores, la mayoría afectados por la violencia para , el proyecto de justicia y reparaciónabierta la puerta para que los paramilitares se incorporen a las instituciones políticas del país sin que haya pasado el tiempo de la pena establecida en la legislación penal.

Por eso, estos sectores insisten en que el proyecto debe establecer claramente que al beneficiario de la ley se le deben suspender todos sus derechos políticos y el acceso a los cargos públicos, por el mismo tiempo que dura la sanción impuesta mediante sentencia judicial.

El senador Germán Vargas Lleras, presidente del Congreso, sin embargo, no ve que claro que ambos procesos (negociación y ley) estén marchando en la misma dirección y eso, dice, se refleja en que el proyecto de justicia y reparación no tiene mensaje de urgencia.

Y aunque puede preverse que el cabildeo de los paras estará muy dirigido a ablandar su tratamiento jurídico en el país y de cara a la comunidad internacional, no es seguro que no paguen cárcel por sus delitos atroces y que no los extraditen por sus negocios de drogas ilícitas.

El general (r) Alvaro Valencia Tovar dice que el problema que ha existido desde el comienzo sigue gravitando en el ambiente:manejar la impunidad frente a la necesidad de llegar a un acuerdo de paz, tanto en la órbita interna de Colombia como con Estados Unidos y el mundo que clama justicia y reparación, pero aceptando que la paz exige cierta dosis de perdón.

El desarrollo y desenlace de este proceso es el que dirá si este nuevo experimento de paz llega a feliz término o fracasa, como ocurrió en el Caguán.

REACCIONES.

- William B. Wood.

Embajador de Estados Unidos.

"Aplaudimos la concentración de los líderes de las autodefensas como el primer paso hacia una concentración verificable de todas sus fuerzas. En cuanto a la extradición, confiamos en que, como dice la declaración del presidente Uribe del 27 de abril, el tema no se discutió en Córdoba y no se le ha prometido nada a las Auc. Continuaremos buscando la extradición de todo aquel que quebrante las leyes estadounidenses.

- Sergio Caramagna. Delegado de la OEA.

"Celebro el acuerdo de Ralito, pero seremos riguroso en la verificación de lo pactado y el respeto de los derechos fundamentales de los habitantes del área escogida. Tendremos a su cargo el inventario de las armas que ingresen los líderes del grupo armado ilegal y sus aproximados 400 escoltas y no permitiremos que el sitio se convierta en un almacén de armas o que desde allí se proyecten acciones delincuenciales.

- Antonio Navarro.

Senador del Polo Independiente.

"Este acuerdo es una especie de mecanismo provisional para evitar que el proceso se muera, porque está lejos de ser el mecanismo que garantice el cese de hostilidades. Entre no hacer nada y hacer eso, es mejor eso".

- Rocío Arias. Representante a la Cámara.

"El acuerdo es una manifestación de buena fe que ojalá repliquen los demás grupos armados ilegales. Propondré a la Comisión de Paz de la Cámara que realice un acompañamiento permanente al proceso.

Monseñor Germán García.

Obispo de la Diócesis de Urabá.

"El acuerdo significa que se salta un obstáculo y sigue la marcha del proceso, porque había un peligro de rompimiento y eso se evitó. Por otro lado, el estar dentro de un sitio vigilado y bajo responsabilidad del Estado impide que puedan seguir haciendo cosas que han despertado siempre temor en la comunidad y así empiecen a pensar en una desmovilización total.

- Edgardo Maya.

Procurador general.

"Me parece que esto es un buen comienzo dentro del proceso de entendimiento que va existir entre el Estado y este grupo armado al margen de la ley. Es un arreglo que está llevando a cabo directamente el Presidente de la República y lo que ha considerado la Procuraduría es que él quien debe estar al frente de estos procesos.

- General (r) Luis Ernesto Giliberth.

Ex director de la Policía Nacional.

"Es importante que se haya delimitado una zona para adelantar los diálogos tranquilamente, pues no de otra forma puede haber una negociación que produzca resultados. Pareciera que hubo señales de buena voluntad de las partes en cuanto al tema de la extradición, que era el nudo gordiano.

- Jaime Sorzano.

Presidente de Colfecar.

"Estamos convencidos de que la autoridad del Estado es indispensable y que hay que mantenerla como la única fuerza legal del país, pero esto no quiere decir que no sea posible avanzar por el camino del diálogo, que debe estar abierto para todos los grupos armados.

- Juan Alfredo Pinto.

Presidente de Acopi.

"Nadie podría descalificar que se busque la desmovilización de cualquier grupo armado, pero lo importante es que se de en un contexto que no favorezca la impunidad, ni la continuidad de la acción delictiva. Que las experiencias pasadas sirvan para no repetirlas.

- Mauricio Romero.

Investigador del Iepri de la Universidad Nacional.

"El acuerdo es una legalización de hecho a una situación que ya existía, por lo que más bien puede leerse como el mensaje de que el proceso no está en crisis y de que la desaparición de Castaño no lo rompió, aunque los temas candentes de concentración y verificación estén pendientes".

- Carlos Lozano.

Director del semanario Vozi.

"Dos inquietudes subsisten: una, que se declaró una zona de distensión, a pesar de que el Gobierno había dicho que no y se la niega a la guerrilla. La otra es qué va a pasar con los paramilitares que están fuera de la zona. Por parte de ellos no hay ningún compromiso, pues han seguido amenazando y matando a pesar de que dicen estar en cese de hostilidades".

- Carlos Ancizar Rico.

Acción Campesina de Colombia.

"Es bueno que hayan negociaciones y lógicamente para eso debe haber un sitio. Nos preocupa que este y las zonas de concentración que se prevén se hagan en lugares donde han desalojado violentamente a las familias campesinas".

FOTO.

En Montería (Córdoba) el alto comisionado de Paz (der.) anunció la nueva fase del proceso en el que habrá una zona de seguridad. Como testigos, el obispo Julio César Vidal (centro) y Sergio Carmagna (izq.), de la OEA.

Archivo particular.

- Germán Vargas Presidente del Congreso.

"Uno esperaría que con esa zona no se vaya a repetir la experiencia del Caguán. El marco jurídico va por una parte y el proceso de negociación por otra y hay un momento en que todos esos acuerdos políticos tienen que concretarse en decisiones que tienen que estar amparadas en una ley.

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