LA RESPONSABILIDAD EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

LA RESPONSABILIDAD EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

De acuerdo con las cifras divulgadas recientemente por el Ministerio de Transporte y el Fondo de Prevención Vial, el país se encuentra en una situación crítica en materia de accidentes de tránsito. En el año 2002 las muertes provocadas por estos accidentes representaron el 15 por ciento de las muertes violentas ocurridas en el país y el costo de los mismos fue de aproximadamente 2,5 billones de pesos.

15 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

De acuerdo con las cifras divulgadas recientemente por el Ministerio de Transporte y el Fondo de Prevención Vial, el país se encuentra en una situación crítica en materia de accidentes de tránsito. En el año 2002 las muertes provocadas por estos accidentes representaron el 15 por ciento de las muertes violentas ocurridas en el país y el costo de los mismos fue de aproximadamente 2,5 billones de pesos.

Pese a que existen algunas diferencias puntuales, el diagnóstico en el ámbito municipal, departamental y nacional sobre el por qué de estos hechos es prácticamente el mismo: las principales víctimas fatales son los peatones, el transporte público se encuentra involucrado en la mayoría de accidentes, las principales causas de ellos son las fallas mecánicas y la irresponsabilidad del conductor.

En estos días hemos sido testigos de una serie de graves accidentes de tránsito en Bogotá y en otras ciudades. La tragedia en Bogotá ha puesto a reflexionar a analistas y medios de comunicación, e inclusive ha generado el inicio de investigaciones en contra de distintas autoridades de la ciudad.

Es necesario que las autoridades de control competentes definan las condiciones particulares de cada uno de los accidentes y establezcan las responsabilidades a que haya lugar. Sin embargo, la reflexión no puede limitarse a este análisis. Es necesario que examinemos las responsabilidades de las autoridades y ciudadanos en materia de accidentes de tránsito.

Las autoridades de tránsito y transporte, así como los encargados de la construcción de infraestructura, deben concentrar sus esfuerzos en la definición e implementación de una política que permita, a través de la combinación de esfuerzos en materia de pedagogía y control, identificar puntos y comportamientos críticos de accidentalidad para optimizar los escasos recursos con que cuentan.

Esta es la labor principal de las autoridades de tránsito que implica, entre otras actividades, educar a conductores, ciclistas, motociclistas y peatones; definir la instalación de señales de tránsito y semáforos en las vías que más lo requieren; establecer puntos de control en vía; incentivar el uso del transporte público sobre el particular; reorganizar el transporte público para eliminar la guerra del centavo. Todo lo anterior en el marco de serias limitaciones financieras y de pie de fuerza.

En este orden de ideas, la responsabilidad de las autoridades está delimitada por la definición e implementación de una política general que permita disminuir los índices de accidentalidad de las ciudades. No se trata de una tarea sencilla, por el contrario, es una responsabilidad enorme y compleja, pues de la misma depende la vida de los ciudadanos.

No obstante lo anterior, no sólo sería absurdo e injusto responsabilizarlas de todos y cada uno de los accidentes que se presentan en el país, sino que además esta opción implica generar en la sociedad una cultura de irresponsabilidad frente a nuestros propios actos.

Sería absurdo e injusto porque desconoce la realidad del control; es como si al secretario de Gobierno de una ciudad se le responsabilizara por cada uno de los delitos que se comenten. Para demostrar esta premisa basta con ilustrar que en Bogotá existen cerca de 300 policías de tránsito por turno para controlar cerca de un millón de vehículos y más de cinco millones de peatones, lo que hace materialmente imposible ejercer un control sobre la totalidad de estos actores.

Adicionalmente genera una cultura de irresponsabilidad porque descarga la culpa de los accidentes en un tercero, sin detenerse a evaluar realmente los causantes del problema. En efecto, si cada vez que un conductor irrespeta un semáforo en rojo, un peatón cruza por debajo de un puente peatonal, alguien conduce en estado de embriaguez, alguien invade un andén con su vehículo o un insensato viola las más elementales normas de tránsito, culpamos a las autoridades por no ejercer un control adecuado, continuaremos tolerando la violación de las normas de tránsito como una práctica socialmente aceptable.

Es necesario que todos reflexionemos sobre la verdadera responsabilidad en los accidentes. Llegó el momento de entender que las normas de tránsito no están creadas para molestar a los conductores, peatones y usuarios de las vías. Las normas de tránsito no son un capricho de las autoridades, son normas de protección a la vida.

Algunos analistas han llamado la atención sobre la urgencia de aumentar el pie de fuerza de la Policía de Tránsito, como parte de la solución a los problemas de accidentalidad. Quienes hemos trabajado en este asunto sabemos que se trata de una necesidad para las ciudades. Sin embargo, antes de tomar decisiones de este tipo, hay que preguntarse si en las actuales condiciones de orden público lo más conveniente es destinar a la fuerza pública en labores de control de tránsito, o si mejor realizamos un ejercicio de auto crítica sobre nuestros comportamientos ciudadanos y permitimos que la fuerza pública se concentre en la difícil tarea de devolverle la seguridad a nuestros municipios y en controlar la crítica situación de violencia en el país.

Cada vez que alguien cruza mal por una vía, se pasa un semáforo, no verifica el estado de su vehículo, lo maneja en condiciones inapropiadas, conduce embriagado o a altas velocidades, está poniendo en riesgo su vida y la de las demás personas usuarias de las vías. Sólo el día en que todos entendamos esto, será posible evitar tragedias como la de la semana pasada en Bogotá.

* Javier Hernández, ex secretario de Tránsito de Bogotá.

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