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ELECTRIFICADORAS GANAN ROUND PARA SUBIR TARIFAS

Una polvareda jurídica se desató a raíz de la recusación de los cuatro expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) solicitada por Electrocosta y Electricaribe.

JUAN GUILLERMO LONDOÑO M. Redactor de EL TIEMPO
Una polvareda jurídica se desató a raíz de la recusación de los cuatro expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) solicitada por Electrocosta y Electricaribe.
Las electrificadoras señalaron a los comisionados de actuar en contravía de las normas legales como peritos y jueces en la definición de un nuevo ajuste en las tarifas de energía para la Costa Atlántica solicitado por ellas.
El pasado mes de abril, la Creg expidió un documento de carácter eminentemente técnico en el que se sopesaba la petición de las empresas y el cual, en resumen, pedía a las compañías más pruebas que justificaran la revisión de las tarifas de lo que cobran al público, las cuales ya habían sido ajustadas en el 2003 junto con el resto de las electrificadoras.
Pero según el alegato de Electrocosta y Electricaribe los expertos no podían actuar como peritos técnicos y como jueces porque la especial condición de comisionado debe servirle al funcionario al momento de fallar y valorar las pruebas, más no en la evaluación de estas. hecho no debe interpretarse como un ataque a la institucionalidad de la Creg, sino, por el contrario, como un éxito de las vías legalmente establecidasindicaron las empresas en un comunicado.
Mediante resolución 001366 del 11 de mayo de 2004, la Superintendencia de Servicios Públicos aceptó la recusación presentada contra el comité de expertos y designó a cuatro comisionados ad-hoc para decidir la solicitud de revisión tarifaria. Es la primera vez desde que se crearon las comisiones que se toma una determinación de esta naturaleza.
La Superservicios le dio razón a los argumentos de las electrificadoras y explicó que para tomar la decisión tuvo en cuenta que el comité de expertos emitió un informe técnico en el cual se consignaron opiniones anticipadas frente al caso sometido a su estudio.
Teniendo en cuenta que los expertos actuaron como peritos, no pueden seguir conociendo del asunto sometido a su consideración, so pena de quebrantar la garantía de imparcialidad que debe orientar la actuación administrativaindicó ese despacho.
Los comisionados sostienen que no había lugar a la recusación debido a que no hubo pronunciamiento por fuera, ni dentro de la actuación administrativa.que hubo fue una decisión de todos los integrantes de dar traslado solamente de los análisis, para que una vez surtido dicho trámite se decidiera el tema en reunión posterioragregó una carta enviada al presidente Alvaro Uribe quien designó a la Superservicios para adoptar la decisión final.
Ellos piensan que la recusación sienta un pésimo precedente para el futuro de la regulación en Colombia ya que se puede caer en la trampa de que se le limite al organismo hacer estudios técnicos que permitan tomar las decisiones finales. "Estamos muy preocupados porque nos comienzan a surgir interrogantes de hasta dónde esto tendrá efectos en la regulación y en la autonomía de decisiones futurasdijo la experta Ana María Briceño.
La Superservicios tampoco considera que se afecte la institucionalidad creada por la Ley 142 de servicios públicos respecto a las actuaciones de la Creg. Seerá el Ministro de Minas, el Ministro de Hacienda, el Director de Planeación y los 4 comisionados designados adhoc, los que resolverán el trámite de revisión tarifaria.
Temor en las Comisiones
Los temores de la pérdida de autonomía también se han extendido a las comisiones de Agua Potable, así como la de Telecomunicaciones donde el tema ya es objeto de análisis.
Un concepto del abogado Augusto Hernández Becerra, enviado por la Creg al presidente Uribe, señaló que los estudios técnicos de la comisión no son un dictamen pericial y que en caso de prosperar la recusación se desquicirá todo el sistema de regulación de los servicios públicos.
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JUAN GUILLERMO LONDOÑO M. Redactor de EL TIEMPO
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