Ese día, visiblemente indignado, el recién nombrado ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, denunció que a pesar de que el ex ministro Rudolf Hommes -gerente de empalme de Alvaro Uribe- le recomendó al gobierno Pastrana no firmar un acuerdo ferroviario (por 28 millones de dólares), por ser lesivo para la Nación, este había sido suscrito.
Se refería al contrato para la rehabilitación de 113 kilómetros de red entre Cartago y la Felisa (Valle), pactado el 21 de julio de ese año entre el entonces director de Ferrovías, Luis Diego Noguera, y la firma Tren de Occidente S.A. y que hace parte de una concesión más grande, firmada a 30 años y que involucra 498 kilómetros.
Según Gallego, el trayecto presentaba, desde la firma del contrato, problemas ajenos al contratista (invasiones y expropiaciones) y en consecuencia la Nación quedaba ad portas de una demanda que en su momento se calculó en más de 40 millones de dólares (unos 88 mil millones de pesos de la época).
Y aunque Hommes le avisó a Guillermo Fernández de Soto, su interlocutor con la administración Pastrana, y este al entonces ministro de Transporte, Gustavo Canal, y a su vez este a los funcionarios de turno, la transacción salió avante. Todo ello, a pesar de que, según las denuncias, traería enormes sobrecostos y comprometía vigencias futuras.
El epílogo fue que Noguera salió de Ferrovías por la puerta trasera y Canal optó por instaurar una acción popular -lo propio hizo un particular- en la que advertía que el contrato iba en contra de la moralidad pública y amenazaba el patrimonio de la Nación y, en consecuencia, la justicia debía declarar su nulidad.
A su vez, ante las dudas que el contrato generó, el actual Gobierno, a través de Ferrovías y del Ministerio de Transporte, le encomendó a la Sociedad Colombiana de Ingenieros estimar el valor real del mismo, el cual fue calculado en 17 millones de dólares. En otras palabras, mediaba un sobrecosto de casi 11 millones de dólares.
Pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca acaba de fallar uno de los procesos -el del particular- y para sorpresa de la administración Uribe y la de Pastrana, no encontró mérito alguno para echar abajo el contrato.
Más aun, Ferrovías y Tren de Occidente creen que el fallo dejó sin efecto la demanda del ex ministro Canal, y se aprestan a enviar a esa alta corporación memoriales en ese sentido, pero el tema tendrá que ser estudiado.
Canal observa que la justicia debe analizar el otro expediente -la demanda que él presentó- pues en él hay pruebas y soportes diferentes sobre la inconveniencia de este contrato para la Nación y las anomalías que se presentaron en su suscripción.
Sin embargo, personas cercanas al proceso advierten que es extraño que Canal demande un contrato que él mismo consideró conveniente cuando era ministro de Transporte, tal y como consta en el expediente.
Mientras la justicia define si el segundo proceso sigue su curso el Gobierno también tendrá que decir qué va a hacer (ver recuadro).
Lo cierto es que el pasado 8 de septiembre la sección cuarta de este alto tribunal rechazó las pretensiones del demandante, que al igual que el ex ministro Canal, pedía dejar sin efecto el contrato de transacción, frenar los pagos a Tren de Occidente y ordenarles el reintegro inmediato de los casi 10 mil millones de pesosá que se les desembolsaron a manera de anticipo.
A juicio de los magistrados, el contrato se firmó actuando bajo los principios de la buena fe y equidad, y de conformidad con la Constitución y la ley.
Así mismo, que este buscó, como lo demostró en sus alegatos el abogado de Ferrovías en el caso, José Alberto Iceda Ruiz, sortear posibles controversias contractuales con Tren de Occidente y proteger al Estado de ir a un tribunal de arbitramento donde muy seguramente, como consta en el expediente, se condenaría a la Nación a pagar más de 40 millones de dólares.
También, asegura el Tribunal, Ferrovías usó y realizó todos los trámites previstos en la ley, incluido el de comprometer vigencias futuras.
Tras revisar el expediente, se halló que, paradójicamente, el Ministerio de Transporte terminó defendiendo algunos puntos que se le endilgan al polémico contrató.
Por ejemplo, le dijoáal Tribunal que no les consta que la transacción generaría enormes sobrecostos (como se dijo inicialmente) o que traería demandas ante la imposibilidad de entregar terrenos.
EL TIEMPO intentó conocer la opinión de Tren de Occidente y de Noguera sobre el fallo, pero no respondieron a las diferentes llamadas que se les hicieron.
Se espera que esta semana el Gobierno anuncie la posición jurídica que asumirá sobre el tema.
YA SE HAN PAGADO US $14 MILLONES El Ministerio de Transporte manifestó que es al Instituto Nacional de Concesiones (Inco), en cabeza de Luis Carlos Ordosgoitia, a quien le corresponde fijar posiciones sobre este caso, pero al cierre de esta edición aún no se había tenido respuesta del instituto.
No obstante, se pudo conocer que a pesar de las reservas del actual Gobierno en torno al caso y de las certificaciones del la Sociedad de Ingenieros sobre los millonarios sobrecostos, Tren de Occidente sigue recibiendo los desembolsos.
Fuentes cercanas al caso le aseguraron a EL TIEMPO que los giros alcanzan los 14 millones de dólares y que con ellos se pretende evitar que la Nación sea demandada por incumplimiento de la transacción.
Hay una cláusula que indica que si la Nación incumple debe pagar 40 millones de dólares , dijo.
En todo caso, los conceptos de la Sociedad de Ingenieros -hechos tras varias visitas de campo y por los que se han pagado 45 millones de pesos- serán estudiados así como la tesis de que la decisión del Tribunal da tránsito a cosa juzgada y frenaría la demanda del ex ministro Gustavo Canal.
