SEIS MESES CLAVES

SEIS MESES CLAVES

Qué se necesita para que Santa Fe de Ralito no se convierta en un nuevo Caguán, con toda la carga emotiva de fracaso e impunidad que tiene esa palabra? Pues una negociación seria y clara que conduzca a la desmovilización completa de las autodefensas y al fin del fenómeno del paramilitarismo en el país. Nada más difícil. Pero es lo único que puede justificar este insólito proceso de paz.

17 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Qué se necesita para que Santa Fe de Ralito no se convierta en un nuevo Caguán, con toda la carga emotiva de fracaso e impunidad que tiene esa palabra? Pues una negociación seria y clara que conduzca a la desmovilización completa de las autodefensas y al fin del fenómeno del paramilitarismo en el país. Nada más difícil. Pero es lo único que puede justificar este insólito proceso de paz.

La larga entrevista de la cúpula de las Auc con EL TIEMPO, publicada ayer, no será una excepción. Sin Castaño, los diez jefes de las autodefensas parecen decididos a hacer en su zona de ubicación exactamente lo contrario que las Farc en el Caguán: pura política. Entrevistas y apariciones televisivas como esta se van a multiplicar a partir de la oficialización de ese espacio geográfico donde, por reducido que sea, cualquiera, empezando por los medios de comunicación, puede hablar con Mancuso y sus habilidosos correligionarios. Los efectos de su discurso entre la población están por verse. Pero es indudable que pueden incidir profundamente en el panorama político nacional.

Pese a algunas evidentes similitudes con la zona de despeje que se les concedió a las Farc de 1999-2002, la zona de ubicación acordada con los paramilitares es un paso adelante. Tiene reglas más o menos claras y es de esperar que algunos vacíos (no está diáfanamente claro qué autoridades oficiales pueden ingresar a ella, por ejemplo) no se presten para reeditar lo que convirtió la negociación con las Farc en un eterno debate sobre el estatuto de la zona de despeje. Da un segundo aire a un proceso que, sin ese salvavidas, parecía casi condenado. El Presidente, el Comisionado y hasta el Embajador de Estados Unidos han abierto una ventanita con el tema de la extradición, que fue, en el fondo, lo que cortó el nudo gordiano. Sin ella, este acuerdo no se habría suscrito.

Pero no hay que llamarse a engaños: casi todo lo que tenía en crisis al proceso sigue intacto. Lo que realmente cuenta está pendiente. El cese del fuego está por verificarse, y sin concentración de tropas será imposible hacerlo. La concentración - cuántos hombres, en qué sitios, en qué plazos- está por discutirse. Los paras se niegan a desmovilizar un hombre más sin garantías de seguridad que, si el Gobierno puede ofrecer en la pequeña zona acordada, no es obvio que pueda garantizar en múltiples sitios. La reinserción futura de 15 o 20 mil paramilitares es un tema que ni siquiera se ha tocado. Y en torno de los mecanismos de verdad, justicia y reparación (y de la ley que cursa en el Congreso) la polarización no puede ser mayor.

Los paras han puesto sus cartas sobre la mesa. Todo lo condicionan a no pagar cárcel y a no ser extraditados. Su tono es triunfalista. Distan de ser una organización derrotada. Critican ácidamente al Gobierno. Y, por primera vez, salpican su discurso de veladas amenazas de descubrir las complicidades del establecimiento en su nacimiento y desarrollo como movimiento contrainsurgente.

No es claro cuánto de pose y cuánto de fondo tenga ese lenguaje radical frente al Gobierno. Pero, sin duda, los meses venideros van a demostrar a quienes alegan que el paramilitarismo es un simple apéndice del Estado que este ha desarrollado intereses propios. No siempre coincidentes con los del establecimiento. Y, por descabellado que parezca y a causa del narcotráfico, con eventuales puntos de contacto con la guerrilla.

Todo lo cual hace infinitamente compleja esta negociación, muy delicado lo que haga el Gobierno y cada vez más importante el rol de Estados Unidos. El primero, además de reconocer las responsabilidades de fondo que le corresponden al Estado, debe dar cada paso en el proceso con pies de plomo y visión estratégica, cualidades de las que no siempre ha hecho gala hasta el momento un equipo negociador joven que enfrenta a viejos zorros de la guerra. El segundo debe aceptar en algún momento y mediando ciertas condiciones, que la paz aquí no puede quedar en manos de los jueces de allá.

Preocupan, también, las tentaciones y chantajes en los que puede caer un Gobierno cuyo interés supremo parece ser la reelección, pero cuyo prestigio depende cada día más del resultado de esta negociación inédita. Nada más peligroso que convertirla en materia electoral.

Los seis meses próximos son claves. Si las Farc han ido de la política al narcotráfico y los actos de terror, los paras , aún más narcotizados y habiendo cometido actos horrendos, quieren convencer al país de que pueden hacer el camino inverso con la condición de no pagar mayor precio. Si bien la dosis y las formas que adopten el castigo, la reparación y la verdad sobre lo sucedido son parte esencial de la discusión de todo país en proceso de saldar cuentas, como Colombia, con un conflicto horrendo, es inadmisible que ni castigo ni reparación ni verdad tengan lugar. Es tarea del Gobierno que los paramilitares lo acepten. Solo así la negociación que se avecina puede evitar una reedición de signo inverso a la del Caguán.

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