MINISTROS PARLAMENTARIOS Y CONGRESO DE IMPEDIDOS

MINISTROS PARLAMENTARIOS Y CONGRESO DE IMPEDIDOS

Por razones diferentes, estoy de acuerdo con la periodista María Isabel Rueda sobre las bondades del proyecto de Reforma Constitucional que permitiría al Presidente nombrar a los parlamentarios, ministros o embajadores. El tema, en la historia constitucional del país, siempre ha sido regulado dentro de la perspectiva de preservar la independencia del Congreso frente al Ejecutivo. En el fondo, está la humana consideración de que quien recibe favores de alguien pierde su independencia para ser juez de sus actos o para ocuparse de temas que le interesen. Por eso, por ejemplo el Código de Procedimiento Civil establece como causal de impedimento o recusación el que el juez o magistrado sea deudor de una de las partes.

17 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Por razones diferentes, estoy de acuerdo con la periodista María Isabel Rueda sobre las bondades del proyecto de Reforma Constitucional que permitiría al Presidente nombrar a los parlamentarios, ministros o embajadores. El tema, en la historia constitucional del país, siempre ha sido regulado dentro de la perspectiva de preservar la independencia del Congreso frente al Ejecutivo. En el fondo, está la humana consideración de que quien recibe favores de alguien pierde su independencia para ser juez de sus actos o para ocuparse de temas que le interesen. Por eso, por ejemplo el Código de Procedimiento Civil establece como causal de impedimento o recusación el que el juez o magistrado sea deudor de una de las partes.

El artículo 109 del texto inicial de la Constitución de 1886 establecía lo siguiente: El Presidente de la República no puede conferir empleo a los senadores y representantes durante el período de sus funciones y un año después, con excepción de los de ministro del despacho, consejero de Estado, gobernador, agente diplomático y jefe militar en tiempo de guerra . La idea era circunscribir los nombramientos a los de ministros y embajadores, pues con cargos menores durante el siglo XIX se buscaba, en ocasiones, ablandar la voluntad de los parlamentarios. En términos generales, era una norma sana, que le facilitaba al Gobierno contar muchas veces con buenos ministros extraídos de las cámaras.

En 1991, con la aparente intención de profundizar en la independencia del Congreso frente al Gobierno, se prohibió al Presidente nombrar a los congresistas en cualquier cargo público. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo que ha ocurrido en estos 13 años de vigencia de la Constitución, ha sido que la autonomía del Congreso se ha afectado por la puerta trasera, ya que los gobiernos no exclusivamente el actual se han dedicado a complacer a los parlamentarios, convirtiendo a sus familiares en diplomáticos o burócratas locales.

A este respecto, no pudo ser más patético el espectáculo del jueves pasado cuando en el solo Senado de la República 40 honorables padres de la patria confesaron haber recibido favores burocráticos del Gobierno. Más o menos el cuarenta por ciento de la corporación. No es tan clara la inexistencia del conflicto de intereses, cuando después de la inicial aparente indiferencia está vivamente interesado en la reelección quien tiene la capacidad de nombrar o remover a los agradecidos parientes. Por recomendaciones parecidas ha habido ya decisiones de pérdida de investidura. Resulta más claro, entonces, autorizar al Presidente para nombrar directamente a los parlamentarios como ministros o embajadores, pues ellos de todas maneras responderan políticamente cuando fracasen en el ejercicio de sus funciones. En cambio, los errores de sus parientes no los comprometen políticamente.

A mi juicio, el proyecto debe aprobarse, pero con el agregado de la prohibición para el nombramiento de parientes de los congresistas en cargos públicos. De entrada, desaparecerían en el Senado cuarenta impedimentos y a lo sumo quedarían los de dos o tres ministros congresistas. Y se podría reconstituir el Gabinete con destacados miembros del Uribismo. Respetando la autonomía presidencial, podemos aventurar algunas designaciones: Germán Vargas, en Defensa, a quien le luciría mejor el camuflado que a su actual titular; la siempre bella Claudia Blum, por sus nexos con la industria, podría ocupar la cartera de Comercio Exterior; el senador Humberto Builes podría ocuparse de los asuntos agropecuarios; el neouribista Moreno de Caro asumiría las carteras de Educación o Cultura; el senador Díaz, por el apego a su familia, a quien tiene en el servicio diplomático, podría ser director de Bienestar familiar; Enrique Gómez Hurtado compartiría las mieles diplomáticas con su hijo y se desempeñaría como Embajador en Venezuela; Miguel de la Espriella sería un excelente Ministro de Justicia; José Renán Trujillo, con las luces de su hermano, sería canciller, y legisladores como Habid Mereghec, Carlos Arturo Clavijo o Rocío Arias, con lujo de competencia, desempeñarían el cargo de Alto Comisionado para la Paz.

Quince años sin Echandía.

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