SE CRECE LÍO POR AJUSTE SALARIAL A MAGISTRADOS Z

SE CRECE LÍO POR AJUSTE SALARIAL A MAGISTRADOS Z

La batalla jurídica que emprendió el ministerio de Hacienda para evitar el pago de cerca de 380.000 millones de pesos producto de sentencias de Tribunales por el tema de bonificaciones salariales para magistrados tuvo un nuevo capítulo ayer.

13 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

La batalla jurídica que emprendió el ministerio de Hacienda para evitar el pago de cerca de 380.000 millones de pesos producto de sentencias de Tribunales por el tema de bonificaciones salariales para magistrados tuvo un nuevo capítulo ayer.

Dos magistrados entutelaron al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por vulneración del derecho de petición.

La Sala Especial de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca concedió la tutela y en este orden, el ministro de Hacienda tiene 48 horas para que responda un cuestionario de ocho preguntas que le formularon dos magistrados y que consideraron que no respondió bien.

Un aparte del fallo dice que las respuestas del Ministerio de Hacienda fueron: "ambiguas, abstractas y evasivas; y la respuesta al numeral 8 fue incompleta, en tanto no se respondió la totalidad de lo solicitado.".

El ministerio de Hacienda impugnó dicha tutela, tras considerar que dieron cumplimiento al derecho de petición, respondiendo a los cuestionamientos que les fueron expuestos en su totalidad.

El asunto en todo caso, confirmó el enfrentamiento entre un sector de la rama judicial con el ministerio de Hacienda que, ayer mismo interpuso una acción popular en el Tribunal de Cundinamarca.

El Presidente del Tribunal de Cundinamarca, Julio Gilberto Lancheros y varios magistrados declararon ayer su malestar por la forma como el ministerio de Hacienda han informado sobre el reajuste de salarios.

Señalaron que detener los pagos que ordenan las demandas colocadas contra la Nación, es un acto de rebeldía contra múltiples decisiones judiciales ejecutoriadas, de las cuales resta apenas su cabal cumplimiento.

Agrega que los funcionarios cobijados por los decretos de las bonificaciones seguirán actuando dentro del Estado de Derecho, y "si persiste el desconocimiento de los fallos judiciales, nos veremos avocados a acudir a los organismos internacionales, para el correspondiente juicio de responsabilidades".

Con este enfrentamiento de por medio, ayer el ministerio de Hacienda, del Interior y Justicia, el Departamento de la Función Pública, la Procuraduría y la Fiscalía presentaron ante el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, la acción popular en defensa del patrimonio público.

En total son 1.300 funcionarios los que reclaman la prima, de los cuales 800 son magistrados de los tribunales, y los restantes funcionarios son jueces militares, procuradores y fiscales delegados ante las altas cortes, así como secretarios generales de las altas cortes.

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