UN FORO SOBRE EL FORO

UN FORO SOBRE EL FORO

El pasado martes la Fundación Buen Gobierno convocó un foro sobre la viabilidad de realizar un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc, con el objeto de intercambiar guerrilleros presos por soldados, policías y civiles con investidura política o estatal, hoy prisioneros y rehenes de esa organización guerrillera.

17 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

El pasado martes la Fundación Buen Gobierno convocó un foro sobre la viabilidad de realizar un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc, con el objeto de intercambiar guerrilleros presos por soldados, policías y civiles con investidura política o estatal, hoy prisioneros y rehenes de esa organización guerrillera.

Expusieron sus puntos de vista el señor Shlomo Ben-Ami, ex canciller de Israel y veterano en ese tipo de negociaciones con las organizaciones palestinas, el ex presidente Ernesto Samper, el doctor Juan Manuel Santos, el doctor Augusto Ramírez Ocampo, el doctor Alfredo Rangel y el doctor Rafael Nieto, ex viceministro del Interior y de Justicia del gobierno actual. Intervino también el general en retiro Eduardo Herrera, asesor del Alto Comisionado para la Paz, y faltó tiempo para que Enrique Santos Calderón y Pedro Medellín, invitados a codirigir el debate, hubieran podido exprimir aún más a los expositores, y para que al final hubieran intentado aunque fuera un amago de conclusión.

Personalmente me quedó clara la altísima complejidad del asunto en cuestión y me di cuenta de las múltiples implicaciones que puede tener, en un sentido o en otro, cualquier decisión que se tome al respecto. Pero, sobre todo, salí convencido de la necesidad de comprometer con el tema al ciudadano común.

Para los habitantes de un país en guerra, temas como el Derecho Internacional Humanitario (DIH) deberían reconocerse como lo que en otra época fue la Urbanidad de Carreño: una necesidad y una obligación.

El DIH no se adoptó para acabar con las guerras, sino para buscar que, aun en condiciones de conflicto armado, se respeten la dignidad y los derechos humanos de la población civil y de los soldados que no están en condiciones de combatir. Según el investigador Daniel Pecault, Colombia no hay una guerra civil, sino una guerra en contra de la población civil.

Una de las más dramáticas expresiones, aunque no la única, de esta guerra en la cual la población civil lleva del bulto, es el drama de los secuestrados, una forma de tortura continuada que afecta directamente a cerca de tres mil personas en el país, la mayor parte de las cuales nada tiene que ver con las grandes decisiones del sistema. Un acuerdo como el que se discutió en el foro se asemeja más a los canjes de prisioneros de guerra entre dos ejércitos regulares enfrentados, que a un verdadero acuerdo para respetar y aplicar el DIH. Lo cual no quiere decir que por ese sólo hecho se deba descartar, como no se han descartado en el pasado otras negociaciones similares. Un intercambio como ese, pese a no ser unhumanitarioen sentido estricto, permitiría aliviar el sufrimiento de varios centenares de familias colombianas.

Y podría contribuir realmente a la humanización de la guerra, si se enmarcara dentro de un propósito expreso, organizado y colectivo de la sociedad colombiana, encaminado, ese sí, a lograr que aquí se respeten al pie de la letra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La mayoría de los colombianos hemos dejado ese reto en manos exclusivas de algunas instancias del Estado y de unas cuantas organizaciones no gubernamentales y de base, muchas de ellas estigmatizadas.

Mientras tanto, mientras tantos seres humanos se pudren en los campos de concentración, nosotros nos hemos dedicado a sufrir con los reality shows.

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