Por eso tiene mucha lógica el programa que ha diseñado el actual Gobierno consistente en pavimentar, durante los próximos años, 2.500 kilómetros de carreteras tanto de vías nacionales como de las denominadas secundarias y terciarias.
El programa es supremamente ambicioso, tal como quedó bosquejado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el documento Conpes 3272 del 23 de febrero de 2004, que son los documentos que le han dado vida jurídica al proyecto.
En efecto, la red vial nacional cuenta actualmente con 16.584 kilómetros, de los cuales 4.500 están sin pavimentar. Y de los que están pavimentados, hay un 29 por ciento en mal estado por falta de rehabilitación y mantenimiento. Avanzar, pues, en este frente, es crucial. Tanto más que al sector productivo de Colombia se le aproxima la dura competencia que le planteará el TLC con los Estados Unidos. Y para afrontar ese desafío, la modernización de nuestra red vial resulta decisiva.
Según el Gobierno, la pavimentación de estos 2.500 kilómetros (970 de vías nacionales y 1.530 de secundarias y terciarias) reactivará la economía en cerca de cuatro billones de pesos por la reducción en los costos del transporte, y generará cerca de 250.000 empleos al interconectar zonas hoy aisladas con los grandes corredores viales del país.
El programa cuesta -según cálculos oficiales- cerca de 2 billones de pesos, y se financiará mediante la figura de las vigencias futuras en los presupuestos nacionales de los próximos siete años, acompañado de una modalidad de titularización en el mercado de bonos de deuda pública que irán proporcionando el flujo de fondos requerido para echar a andar el proyecto. Es, probablemente, el programa de inversión pública más ambicioso que contempla el país para los años venideros.
Hasta acá todo muy bien y muy bonito. Pero como sucede a menudo, el diablo salta donde menos se piensa. Y en este caso, el diablo se llama los afanes politiqueros de la reelección. Resulta que como hay tantas carencias de pavimentación en el país, la escogencia de una determinada carretera para ser beneficiada con el bien supremo de la pavimentación, o el anuncio estratégicamente hecho en un consejo comunitario de que la benevolencia presidencial ha resuelto agraciar a una determinada región con la pavimentación del hasta ahora polvoriento camino carretero, es el arma más efectiva y efectista que existe en Colombia para hacer política.
Y eso parece ser lo que está sucediendo. Una de las reglas de oro que había trazado el Conpes del 23 de febrero de 2004 para que una vía pueda ser seleccionada dentro del programa -como es apenas natural- es que cuente, previamente a su selección, con los correspondientes diseños. Esto garantiza que la vía no sea escogida a dedo o arbitrariamente.
Pues bien, según lo acaba de denunciar la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el importante documento titulado Antecedentes, análisis y recomendaciones al plan 2.500 Km (20 de septiembre de 2004), de las vías seleccionadas hasta el momento solamente el 41 por ciento poseen diseños, muchos de ellos contratados a través de entidades territoriales, que no presentan garantías en la calidad del estudio y en la confiabilidad del presupuesto . O sea, 59 por ciento de los proyectos han sido seleccionadas a mero ojímetro.
En otras palabras: comenzó la danza de las arbitrariedades en la selección de las vías para pavimentar. Se reúnen los sábados los consejos comunales y los lunes se van agregando alegremente tramos a la lista de las vías que se deben pavimentar de conformidad con los ofrecimientos hechos al calor de los aplausos reeleccionistas, haya o no diseños técnicos listos.
La lista de carreteras para pavimentar va creciendo así al impulso de órdenes caprichosas que van saliendo, o de la casa de Nariño o del despacho del Ministro de Transporte, sin que se sepa cuál es la lógica técnica que las sustenta, aunque sí puede sospecharse fácilmente cuáles son los reclamos políticos que con estas decisiones se están aplacando.
Como estamos frente al programa de inversión pública de mayor envergadura que el país va a ejecutar en los próximos años, se requiere rodearlo de mayor transparencia. Este programa es claramente defensable en la medida en que se oriente a recortar, con criterios técnicos, el grave retardo que tiene el país en la pavimentación de sus vías. Pero lo es mucho menos, si de lo que se trata es de pavimentar apoyos para la carretera reeleccionista.