CÓMO CONCILIAR CON LA DIAN

CÓMO CONCILIAR CON LA DIAN

Cuál es el trámite que se debe realizar ante la DIAN, para solicitar la conciliación que establece la Ley 863 de 2003 del artículo 38?

17 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Cuál es el trámite que se debe realizar ante la DIAN, para solicitar la conciliación que establece la Ley 863 de 2003 del artículo 38?.

El Gobierno Nacional mediante la Ley 863 de 2003, en los artículos 38 y 39, estableció los parámetros generales para la conciliación contencioso administrativa y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos.

Así mismo, dichos artículos fueron reglamentados mediante el Decreto 412 del 12 de febrero de 2004, al que nos referiremos de manera puntual para precisar los requisitos exigidos para la conciliación, de la siguiente forma:.

Los procesos contencioso administrativos se podrán conciliar siempre y cuando versen sobre temas tributarios, aduaneros y cambiarios.

La fecha límite para solicitar la conciliación será hasta el 30 de junio de 2004, fecha en la que se deberá haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para la conciliación.

Será aplicable para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que se hayan presentado ante la jurisdicción contenciosa administrativa con anterioridad al 29 de diciembre de 2003, y que versen contra actos oficiales de revisión y corrección aritmética de impuestos, liquidaciones oficiales de corrección y de revisión del valor de tributos aduaneros y/o imposición de sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias.

Que dentro del proceso no se haya dictado sentencia.

Una vez se cumpla con los requisitos mencionados, se deberá mirar en que instancia procesal está el proceso, es decir, si se encuentra ante los Tribunales Administrativos en primera o única instancia o si se encuentra en segunda instancia en el Consejo de Estado, ya que de ello dependerá el porcentaje que se deba aplicar para la conciliación.

Ahora bien, para acudir a la conciliación ante cualquier instancia procesal, llámese Tribunal o Consejo de Estado, se deberá presentar una solicitud por escrito ante el Comité Defensa Judicial y de Conciliación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o ante el Comité Especial de Conciliación y Terminación por Mutuo Acuerdo de la Administración a la que se haya demandado. La anterior solicitud deberá contener la siguiente información:.

-El nombre de la compañía, con su NIT respectivo.

-Identificación del número de proceso y ante que jurisdicción se encuentra.

-Determinar que acto o actos administrativos se demandan, indicando el mayor impuesto discutido o el valor de la sanción, según corresponda.

-Fórmula conciliatoria propuesta indicando los valores a conciliar.

-Se deberá aportar copia del memorial enviado al Tribunal o al Consejo de Estado, según sea el caso, en el que se indique que se está adelantando la conciliación contenciosa administrativa.

-Deberá aportarse la declaración privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2002 y su correspondiente pago, si se trata de conciliaciones que versen sobre el impuesto de renta.

-Declaración privada sobre la que se pretende conciliar con la prueba de pago.

-Recibo oficial de pago en bancos de los valores aceptados conforme a los porcentajes señalados en el artículo 38 de la Ley 863 de 2003 y su decreto reglamentario.

Finalmente, cabe señalar que no se podrá acudir a la conciliación, para los procesos en los que se haya dictado sentencia y para los procesos que se encuentren en recurso de súplica o de revisión ante el Consejo de Estado.

Pregunta.

Les agradecería confirmar cuáles servicios tienen como base de causación de IVA, el denominado AIU (Administración, imprevistos y utilidad)?.

Respuesta.

En primer término es importante señalar que por regla general la base para liquidar el impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios es el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.

Algunas normas especiales consagran excepciones a esta regla general de la base gravable, como es el caso de los servicios de aseo, los servicios de vigilancia aprobados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, los servicios temporales de empleo cuando sean prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o autoridad competente y en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, para los que el impuesto sobre las ventas se aplica sobre la parte correspondiente al AUI (Administración, Imprevistos y Utilidad).

De acuerdo con la norma reglamentaria del Artículo 463-3 (Decreto 522 de 2002), la cláusula del AIU, que constituye la base del impuesto, se determina respecto de cada contrato como el monto correspondiente a la diferencia entre el valor total del contrato y los costos y gastos directos imputables al mismo, discriminados y comprobables, que correspondan a mano de obra, suministros o insumos, y seguros cuando estos sean obligatorios.

La misma norma reglamentaria señaló que los contratos a los que nos hemos venido refiriendo, que hubieren sido suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002 (antes del 1 de enero de 2003), en los cuales no se expresó la cláusula AIU, deben ser adicionados con dicha cláusula para efectos de señalar expresamente la base de causación del IVA.

Igualmente señaló el Decreto 522 de 2002, que si no se hace expresa la cláusula AIU, la base gravable se determina sobre el valor total del contrato menos el correspondiente a costos y gastos directos comprobables.

Finalmente, frente a este mismo asunto el Decreto 522 de 2002, indicó que cuando para la prestación de alguno de los servicios a los que nos hemos referido no se requiera de contrato escrito y en consecuencia no exista cláusula AIU, el impuesto sobre las ventas (IVA) se causará sobre el valor total del servicio, aplicando las reglas generales del impuesto.

De otra parte, si bien no existe una clara alusión al denominado AIU (Administración, imprevistos y utilidad) como base del Impuesto sobre las ventas, uno de sus componentes, la utilidad, constituye base gravable especial en el caso de la construcción de bines inmuebles.

En efecto, el Artículo 3 del Decreto 1372 de 1992, señala que en los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor y que, cuando no se pacten honorarios, el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor.

Para estos efectos, el Decreto 1372 de 1992, precisa que en el respectivo contrato se debe señalar la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares.

Es importante señalar que este tratamiento especial, en materia de la base gravable de IVA para estos contratos de construcción, trae como consecuencia que el prestador del servicio sólo pueda solicitar impuestos descontables por los gastos directamente relacionados con los honorarios percibidos o la utilidad obtenida, que constituyeron la base gravable del impuesto, y por tanto no se pueda tomar como descuento el impuesto sobre las ventas cancelado por los costos y gastos necesarios para la construcción del bien inmueble.

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