TELECOM: DEL AHOGADO, EL SOMBRERO

TELECOM: DEL AHOGADO, EL SOMBRERO

Uno de los peores negocios en que se ha involucrado en los últimos tiempos una empresa estatal colombiana, el de los contratos de riesgo compartido de Telecom con seis multinacionales de comunicaciones, parece estar entrando en vías de liquidación en la forma menos onerosa posible para las finanzas de la compañía y, por ende, del país. El primer paso para deshacer los entuertos causados por ligerezas de administraciones pasadas de la compañía se dará hoy, al formalizarse ante un tribunal de arbitramento un preacuerdo con la firma sueca Ericsson, que reduce de 198 a 56 millones de dólares la suma que Telecom deberá pagarle por las 110 mil líneas que aquella instaló en Bogotá, de las cuales solo 53 mil fueron vendidas.

24 de febrero 2004 , 12:00 a. m.

Uno de los peores negocios en que se ha involucrado en los últimos tiempos una empresa estatal colombiana, el de los contratos de riesgo compartido de Telecom con seis multinacionales de comunicaciones, parece estar entrando en vías de liquidación en la forma menos onerosa posible para las finanzas de la compañía y, por ende, del país. El primer paso para deshacer los entuertos causados por ligerezas de administraciones pasadas de la compañía se dará hoy, al formalizarse ante un tribunal de arbitramento un preacuerdo con la firma sueca Ericsson, que reduce de 198 a 56 millones de dólares la suma que Telecom deberá pagarle por las 110 mil líneas que aquella instaló en Bogotá, de las cuales solo 53 mil fueron vendidas.

Si la compañía nacional consigue conciliar con las otras cinco extranjeras que la tienen demandada (Alcatel, Itochu, NEC, Nortel y Siemens), se evitará un multimillonario descalabro financiero para Colombia Telecomunicaciones S.A. (la empresa que sucedió a Telecom). En lugar de verse obligada a pagar 1.600 millones de dólares (la astronómica cifra reclamada por los demandantes, que equivale a una reforma tributaria), la pesadilla de los aludidos contratos podría concluir con un pago, que el Gobierno Nacional considera razonable, de unos 500 millones de dólares. Todo depende, claro está, de que el tribunal de arbitramento acepte el preacuerdo anunciado la semana pasada, que marcaría la pauta para arreglos similares con las demás empresas.

Telecom se asoció con las seis multinacionales entre 1993 y 1998 para instalar un millón 600 mil líneas telefónicas en 500 localidades de varias regiones del país. Inicialmente, los contratos se cumplieron sin dificultades. Pero, cuando llegó la hora de hablar de utilidades, surgieron diferencias con todas las asociadas, porque en los contratos se contempló el reparto de ingresos pero no de pérdidas y ganancias. Las multinacionales argumentaron que Telecom debía pagar la totalidad de las líneas instaladas aunque no fueran vendidas. Telecom, por su parte, no definió los planes de mercadeo necesarios para vender las líneas y muchas de ellas fueron instaladas en sectores donde no había demanda, con el resultado de que no se vendieron.

Estos no fueron los únicos errores cometidos por las administraciones de Telecom que firmaron y administraron los contratos, principalmente las de José Blackburn y Julio Molano. Según se pudo establecer, en la suscripción de los mismos también se violó la Ley 37 de 1993, conocida como la Ley de Telefonía Celular, al no fijar la proporción en que las partes se deben repartir las utilidades o pérdidas, como lo contempla aquella norma. Esto llevó al Gobierno Nacional a demandar la nulidad de los contratos, añadiendo otro ingrediente a la conflictiva situación planteada con las multinacionales.

Lo ideal sería que Telecom logre conciliar con todas las compañías demandantes como lo está haciendo con la Ericsson. Así se saldaría en la forma más favorable posible la carga que dejaron a la empresa los aludidos contratos. No hay que olvidar que hace dos años se perdió la primera de las demandas, interpuesta por la firma canadiense Nortel, por 73 millones de dólares. Pero con arreglos o sin ellos, este no puede ser el final de tan lamentable historia. Los responsables de estos descalabros tienen que responder por sus actos.

Como se sabe, hace dos años, la Fiscalía abrió investigación sobre la conducta de los ex funcionarios de Telecom involucrados y llamó a indagatoria a tres ex presidentes de la empresa: José Blackburn, Julio Molano y Clara Elsa Villalba. Así como el Gobierno está ventilando el tema con plena transparencia (el preacuerdo con la Ericsson aparece en la página web de la Presidencia de la República), la opinión pública tiene derecho a exigir que no quede nada oscuro en la gestión de los benditos contratos, y que si en su ejecución se cometieron delitos contra el erario, estos sean debidamente castigados.

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