UN MOMENTO

UN MOMENTO

Una de las costumbres más comunes de los gobiernos es la de evitar llamar las cosas por el nombre y, en lugar de eso, redefinirlas de acuerdo con sus conveniencias. Ocurre en Estados Unidos, en Cuba, en Gran Bretaña o Venezuela, países muy distintos, pero con la misma proclividad de sus dirigentes a rebautizarlo todo. Obviamente, Colombia no es la excepción.

19 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Una de las costumbres más comunes de los gobiernos es la de evitar llamar las cosas por el nombre y, en lugar de eso, redefinirlas de acuerdo con sus conveniencias. Ocurre en Estados Unidos, en Cuba, en Gran Bretaña o Venezuela, países muy distintos, pero con la misma proclividad de sus dirigentes a rebautizarlo todo. Obviamente, Colombia no es la excepción.

Para la muestra está el dichoso acuerdo de Santa Fe de Ralito firmado la semana pasada entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC , sofísticamente exhibido como el comienzo de un proceso de paz. Hasta donde yo tengo entendido, los acuerdos de paz se hacen entre países que están en guerra, se realizan entre facciones armadas que se hallan en conflicto dentro de un mismo país o los celebran internamente los gobiernos con grupos armados que se alzan contra el Estado. Y acá no se cumple ninguna de estas condiciones. Es más: las AUC no sólo se han negado a presentarse como enemigas del Estado colombiano, sino que tradicionalmente han sido sus aliadas o sustitutas para combatir a la guerrilla. Por lo tanto, no se puede hablar de hacer la paz con quien nunca se ha hecho la guerra, independientemente de que en las últimas semanas y meses las autoridades den cuenta de losenfrentamientosi entre las Fuerzas Armadas y miembros de las AUC, con los consiguientes reportes de bajas y capturas.

Es difícil estar en contra del silenciamiento de quince mil fusiles que han sembrado el terror en tantas zonas del país y que han acabado con la vida de cientos de colombianos acusados de pertenecer o favorecer a la guerrilla. Si el Estado no ha podido o no ha querido contrarrestarlos, pues no hay más remedio que negociar. Pero el gobierno está en la obligación, primero, de admitir que no se trata de un proceso de paz, sino de una suerte de reincorporación a la sociedad de unas personas al margen de la ley, que en el desarrollo de una cruzada antisubversiva ya de por sí una conducta punible han incurrido en otros delitos, como masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado o narcotráfico. Y, segundo, de decirle a esa sociedad el costo que va a tener que pagar en dicho proceso. Así lo hizo el presidente César Gaviria con los carteles de la droga, con la tristemente célebre ley de sometimiento a la justicia, que unos aplaudieron y otros criticamos. Gaviria se dio la pela y.

pese a la verguenza que produjeron el escándalo de la Catedral y las irrisorias penas que pagaron algunos de los narcos conversos , buena parte del país lo respaldó porque fue la única manera de desactivar los carros bomba de los capos de la droga.

De manera que si el gobierno quiere transar con las AUC y darles el estatus político que no tienen, que lo haga; si cree que así le devuelve algo de tranquilidad al país. Pero que no le digan a eso acuerdo de paz.

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