DENUNCIAN ABUSO DE CONVENIOS CON AGENCIAS INTERNACIONALES

DENUNCIAN ABUSO DE CONVENIOS CON AGENCIAS INTERNACIONALES

El tema de los contratos que vienen ejecutando las agencias de cooperación internacional a través de convenios con entidades oficiales, entró a examen de la Contraloría General de la Nación. (VER GRAFICA: OBJETO DE LOS PAGOS HECHOS CON ESTOS RECURSOS).

21 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

El tema de los contratos que vienen ejecutando las agencias de cooperación internacional a través de convenios con entidades oficiales, entró a examen de la Contraloría General de la Nación.

(VER GRAFICA: OBJETO DE LOS PAGOS HECHOS CON ESTOS RECURSOS).

Dos meses después de que el Gobierno central anunciara una vigilancia especial para este tipo de acuerdos (ver nota anexa), el contralor general, Antonio Hernández Gamarra, exigió nuevas normas para evitar que a través de este modelo se obvien los parámetros establecidos en la ley de contratación -o Ley 80-, y la aplicación de normas fiscales a un torrente importante de recursos públicos.

Según cálculos del organismo de control, entre 1998 y el 2002 se firmaron 787 de estos convenios por cerca de 3 billones de pesos.

Y entre el 2002 y el 2003 -según lo estableció EL TIEMPO- 10 ministerios, las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena; las gobernaciones de Cundinamarca, Arauca y Bolívar, Ecopetrol y la Corporación Autónoma Regional les entregaron 2 billones de pesos a estas agencias.

En razón del fuero que los organismos internacionales ostentan, ninguno de los convenios se sometió al control estatal.

El 23 por ciento de los recursos girados entre 1998 y el 2002 se le entregaron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 26 por ciento con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el 20 por ciento con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (CECAB) y el 18 por ciento a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).á.

El restante 13 por ciento se contrató con otros organismos de cooperación internacional, entre los cuales figuran el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).á.

Del total de convenios, el 31 por ciento de los recursos convenidos fue suscrito por entidades del sector social, principalmente por el Ministerio de Educación Nacional y la Red de Solidaridad, seguido por el de Defensa, con el 29 por ciento.

Al respecto, el representante en Colombia del PNUD, Alfredo Witshi-Cestari, consideró oportuno el pronunciamiento de la Contraloría y recordó que su oficina ya venía trabajando con el Ejecutivo y con los organismos de control en mecanismos que permitan saber en qué y cómo se están invirtiendo los recursos oficiales.

La OEI, por su parte, manifestó cierta preocupación por las observaciones de la Contraloría (ver recuadro).

Observaciones.

Entre otros puntos, según Hernández y su equipo, algunos de estos acuerdos eran innecesarios y se limitaron a asuntos administrativos que hubiesen podido atender las entidades públicas contratantes sin generar costosas nóminas paralelas.

La Contraloría observa además que, dentro del periodo auditado, por lo menos 870.000 millones de pesos se han girado para pagar los honorarios de estos contratistas.

Al respecto, un documento confidencial del Ministerio de Hacienda conocido por EL TIEMPO consigna que las agencias internacionales han contratado en los últimos 10 años una nómina de consultores cercana a las 50 mil personas.

Para Hernández Gamarra también es urgente que se empiece a diferenciar entre convenios de cooperación técnica internacional efectiva y los contratos para la simple administración de recursos públicos, por los cual algunas de estas agencias cobran entre el 2,5 y el 3,5 por ciento del monto del convenio.

La Contraloría también encontró que en gran parte de los convenios no hay evaluaciones que permitan medirla gestión e impactoá del proyecto desarrollado o del uso que se le dio al dinero público.

De hecho, ni siquiera existe un ente gubernamental que posea una información centralizada acerca de estos convenios.

Las acciones.

Y aunque Hernández Gamarra reconoció los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Nacional para establecer normas tanto presupuestales como tributarias que disminuyan el uso indiscriminado de los convenios, solicitó una regulación más estricta y permanente.

"Le compete al Gobierno, con el concurso del Congreso, adoptar decisiones definitivas y no meramente coyunturales", dijo.

Para ello, recomendó que estos convenios se sometan a la Ley 80, que actualmente las exime de control.

A su vez, sugirió que se expidan normas que les faciliten a las entidades públicas ejecutar expeditamente sus recursos en los últimos meses del año. Esto, debido a que en muchos casos los funcionarios echan mano de los acuerdos con las agencias internacionales para no tener que rembolsar al erario público el presupuesto que no alcanzaron a ejecutar durante la vigencia fiscal.

Hernández anunció que ya presentó a consideración al Congreso un proyecto de ley que propone, control fiscal a convenios, contratos organismos internacionales.

PNUD APOYA CONTROLES.

El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alfredo Witshi-Cestari, dijo que el informe de la Contraloría lo iban a estudiar más a profundidad, pero que la primera lectura del comunicado de prensa emitido por la entidad les pareció acertado.

"Estamos muy de acuerdo con el Contralor en que el Estado debe ampliar sus mecanismos de control. Hemos trabajado con la Contraloría y con la Procuraduría en ese sentido", dijo.

Explicó que, por ejemplo, están desarrollando desde el inicio del año, junto con el Ministerio de Hacienda, la Contraloría y la Procuraduría, un proyecto para que los entes de control y el gobierno puedan tener acceso día a día la marcha de los proyectos que tienen con el PNUD y a cada uno de los gastos.

Por su parte, el director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Angel Altisent Peñass, dijo que había recibido con cierta preocupación las informaciones de la Contraloría, pues a su juicio tergiversan la verdadera relación de los organismos internacionales de cooperación con las entidades gubernamentales del país.

Dijo, sin embargo, que prefería conocer el documento en su totalidad, pero que de todas maneras la OEI era respetuosa de las investigaciones que realicen los organismos de control de Colombia, así como de las propuestas para cambiar la legislación vigente en torno a las relaciones contractuales con estas organizaciones.

Al cierre de esta edición no se había podido conocer la opinión de las otras agencias.

OPINOMETRO.

RECURSOS CONVENIDOS.

PNUD 23%.

Dpto. Defensa E.U. 26%.

Otros 13%.

OEI 18%.

Secab 20%

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