ARRECIAN DISTURBIOS POR PEAJE EN COPACABANA

ARRECIAN DISTURBIOS POR PEAJE EN COPACABANA

Las posiciones hasta ahora irreconciliables entre el Gobierno Nacional y las comunidades del norte del valle de Aburrá por la construcción de un peaje tienen convertida a la zona en un aterrador campo de batalla.

21 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Las posiciones hasta ahora irreconciliables entre el Gobierno Nacional y las comunidades del norte del valle de Aburrá por la construcción de un peaje tienen convertida a la zona en un aterrador campo de batalla.

Sesenta y ocho personas, (55 civiles y 13 policías) golpeadas; 3 vehículos incinerados, el transporte público suspendido, el comercio cerrado, las clases interrumpidas y una eventual emergencia sanitaria en el área metropolitana de Medellín por el impedimento a los carros recolectores de basura de pasar hacia el relleno sanitario La Pradera es el desalentador balance de los cuatro días de confrontación, que se iniciaron el martes en Copacabana entre la Fuerza Pública y la gente y que ayer se extendió a Girardota y Barbosa.

El gobernador, Aníbal Gaviria, dijo que en una reunión con la alcaldesa (e) de Medellín, Marta Norha Palacio; el secretario de Gobierno departamental, Jorge Mejía; el general Rubén Darío Carrillo, y la directora del Invías, Alicia Naranjo, los dos últimos hablaron con el presidente Alvaro Uribe, quien les dijo que mantenía la decisión del peajito social y que la Presidencia tomaría medidas para mantener el orden.

Con el peajito social más el derrame de valorización, la comunidad del Aburrá Norte colaborará con el 12 por ciento de los costos de la construcción de la doble calzada Bello-Hatillo. La obra, que cuesta 365 mil millones de pesos, fue considerada base del desarrollo del norte del departamento desde 1996, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

La vía es importante pues por ella pasan 6.500 vehículos diarios hacia la Costa Atlántica y el norte de Antioquia.

Son 18 kilómetros por ampliar, pero en seis años solo se ha avanzado en 3,2 de los 21 planeados entre Niquía, (Bello) y El Hatillo (Barbosa) por falta de recursos.

La idea del Gobierno Nacional es cobrar valorización a los estratos altos e instalar un peajito social de 1.500 pesos que pagará todo el que pase por allí, excepto el transporte público de pasajeros. A cambio, ofreció ampliar el trayecto hasta El Hatillo y construir una ciclorruta hasta Barbosa.

Pero los alcaldes de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa con los respectivos concejos y la comunidad solo aceptan el peaje de Trapiche y que todos los recaudos sean aportados a la obra. Además, no aceptan nuevas cargas porque sostienen que deprimirían la economía regional.

Para ellos, las obras del proyecto Bello-Hatillo, que se reanudarán en junio, son una imposición presidencial, pues el pasado 19 de marzo, en una reunión, Uribe fue quien decidió el mecanismo de financiación.

"La construcción del peajito es una necesidad porque va unida a la doble calzada. Me parecería muy grave que se tuviera que suspender por la situación que se está presentando", dijo Gaviria.

Agregó que aunque ayer les recomendó a los mandatarios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa que declaren el toque de queda y la ley seca, aclaró que el mantenimiento del orden público es una facultad y una obligación de los alcaldes.

El alcalde de Copacabana, Frank Montoya, informó que nombraron como interlocutor a monseñor Alberto Giraldo, arzobispo de Medellín, para que intermedie entre el Comité de no al peaje y los gobiernos departamental y Nacional.

Agregó que no ven una propuesta de solución porque el Presidente no cede. "El puso el peaje, él tiene que presentarála alternativa".

Frente a la posibilidad de adoptar medidas coercitivas, sostuvo que pese a los desmanes no impondrá toque de queda. En igual sentido se manifestaron los mandatarios de Girardota y Barbosa.

Lo que sí se hizo en estos municipios fue prohibir el consumo de licor hasta el próximo martes 25 de mayo y el transporte de parrilleros por la noche, así como la restricción al porte de armas.

Ayer, el presidente del Concejo de Medellín, Santiago Martínez, se ofreció a concertar entre la comunidad y el Gobierno Nacional.

Foto:.

COMPLETAMENTE destruido quedaron tres vehículos particulares atacados en Barbosa, en el norte de Antioquia, por los pobladores que se oponen al peajito social .

Julio César Herrera / EL TIEMPO

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