CONSTITUCIÓN NO DEBE SER COLCHA DE RETAZOS

CONSTITUCIÓN NO DEBE SER COLCHA DE RETAZOS

El magistrado Pablo Julio Cáceres Corrales, elegido ayer presidente de la Corte Suprema de Justicia, confió en que la Asamblea Nacional Constituyente logre darle al país una nueva Carta Política coherente, sólida y concebida dentro de un perfil bien definido del derecho público. Cáceres, que sucede en esa dignidad al penalista Jorge Carreño Luengas, opinó que la Constitución no debe ser una híbrido de esquemas copiados de otras latitudes, pues en ese caso se convertiría en una colcha de retazos que entorpecería el funcionamiento del sistema institucional.

25 de enero 1991 , 12:00 a. m.

En su concepto todas las ramas del poder público deben colaborar armónicamente para el buen suceso de la reforma constitucional .

No descartó que la Corte, como cabeza de la Rama Jurisdiccional, aporte ideas durante el debate de la Constituyente, pero dijo que esa eventual intervención estará definida por el reglamento que adopte la Asamblea.

El jurista, que estará acompañado en la Vicepresidencia por el también constitucionalista Pedro Augusto Escobar Trujillo, dijo que la nueva Carta no debe ser entendida como la panacea para resolver todos los problemas que aquejan al país, entre ellos la inflación y la violencia.

Añadió que se trata de estructurar un modelo de Estado que impida que las instituciones operen de manera aislada y sin un norte.

Sobre la posibilidad de que la reforma establezca una separación de la Corte Constitucional y la Corte de Casación, observó que todo depende del concepto de control que se derive del nuevo modelo.

El actual sistema el de la Corte como juez plural ha demostrado sus bondades porque ha llevado hacia la unificación de la jurisprudencia y cuenta con especialistas en distintas manifestaciones del derecho , comentó.

Cuando se le preguntó si el hecho de que dos constitucionalistas hayan sido escogidos como máximos dignatarios de la Corte era un indicio de que la corporación quería estar representada por especialistas durante el proceso de la Constituyente, comentó. No necesariamente. Cualquiera de la magistrados de la corporación está en capacidad de llevar su vocería en temas trascendentales .

Sobre la posibilidad de que el sistema acusatorio sea implantado como eje de la investigación penal, dijo que todo dependerá del régimen de derechos y libertades que consagre la nueva Constitución. La eficacia del sistema depende del modelo que se adopte , explicó.

De 45 años de edad, Cáceres, natural de Buga (Valle), es uno de los magistrados más jóvenes que llega a su posición.

Hace tan solo cuatro meses llegó a la Corte Suprema, después de que un decreto legislativo aumentó de cuatro a seis las plazas para magistrados de la Sala Constitucional. Antes estuvo seis meses en el Consejo de Estado.

También de esa nueva camada es el Vicepresidente Escobar Trujillo. La elección fue bien vista por los magistrados veteranos, incluso por laboralistas que figuraban como los más opcionados sucesores de Carreño.

Cáceres es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, donde también hizo una maestría en historia constitucional colombiana.

Simultáneamente ayer, la Supercorte o Tribunal Disciplinario eligió como presidente a Carlos Octavio Rodríguez Vásquez y como vicepresidente al magistrado Alvaro Cerón Coral. Rodríguez remplaza en esa dignigad al jurista Benjamín Montoya Trujillo. Constitucionales decretos antiparo El Gobierno puede apelar a la suspensión de la personería jurídica de los sindicatos en los casos de paros que atenten contra la prestación de los servicios públicos e incluso endurecer la legislación penal para castigar a los saboteadores.

Así lo dejó en claro ayer la Corte Suprema de Justicia, al declarar constitucionles las medidas de estado de sitio expedidas el 14 de noviembre por el Ejecutivo para contrarrestar los efectos del paro cívico nacional anunciado para ese día.

Los fallos de la corporación se produjeron apenas 24 horas después de que la administración derogó los decretos 2747 y 2757, mediante los cuales autorizó el despido de empleados que dejarán de acudir a sus sitios de trabajo y dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio del Trabajo suspendiera la personería jurídica a los sindicatos instigadores de la protesta.

La Corte encontró viciada de inconstitucionalidad un aparte del artículo octavo del decreto 2745 que facultó al Ministro de Hacienda para hacer las adiciones y traslados presupuestales necesarios para el pago de primas, en cumplimiento del seguro de protección para los vehículos que fueran dañados durante la protesta.

También pasó en limpio su examen el decreto 2760, con base en el cual fueron destinados 1.000 millones de pesos para atender los gastos generados por la organización de las elecciones del 9 de diciembre.

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