HABLAN FINANCIADORES DE PARAS

HABLAN FINANCIADORES DE PARAS

En una modesta oficina del norte de Bogotá, empresarios y ganaderos del Meta y Casanare explicaron con vehemencia las razones por las cuales desde hace varios años aportan a los grupos paramilitares, sin sentir que por ello estén en la ilegalidad.

22 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

En una modesta oficina del norte de Bogotá, empresarios y ganaderos del Meta y Casanare explicaron con vehemencia las razones por las cuales desde hace varios años aportan a los grupos paramilitares, sin sentir que por ello estén en la ilegalidad.

"Aportamos a los paras como aquí en Bogotá le pagamos al celador del edificio", dice uno, sin ocultar su molestia cuando se le cuestiona su contribución a una de las empresas de la guerra.

No parecen relacionar este aporte con un delito que, como el de financiar grupos ilegales, es castigado con penas de cárcel de 6 a 12 años y multas entre 2.000 y 20.0000 salarios mínimos.

Uno de ellos dice que, si paga 500 mil pesos mensuales de administración en donde vive en Bogotá, no ve problema en aportar 6 millones cada cuánto para defender sus tierras.

Quienes se reunieron con EL TIEMPO le pagan al Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), uno de los dos grupos que ejercen control en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada. El Centauros es tal vez uno de los grupos paras más activos en lo que a la guerra se refiere, pues sostiene una disputa a muerte con las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc), cuya cabeza visible es Martín Llanos .

La guerra se recrudeció hace un año con un primer combate en el sector de El Mielón. Las Acc acusaron al Centauros de atacarlos y llevarse a 16 de sus hombres. A partir de ese momento, las refriegas se generalizaron en sitios como Puerto López, San Carlos y San Martín.

Aunque las autoridades sostienen que el enfrentamiento obedece a la lucha por un corredor estratégico para el mercado de la cocaína -el de la zona del Melúa-, ambos bandos lo niegan.

Mientras Martín Llanos sostiene que se trata de una invasión de sus territorios, el Centauros, que dirige Miguel Arroyave y es apoyado por el estado mayor de las Auc, asegura que las Acc se han convertido en una banda que no combate a la guerrilla.

Los empresarios dicen que la actuación de los paramilitares no les quita el sueño, porque ellos no participan de sus decisiones. "Cuando se tiene una empresa se hacen juntas y no se puede participar a menos que se tenga una relación directa. Otra cosa es pagar", asevera uno de los interlocutores que justifica el respaldo a los paras alegando que es una acción legítima en defensa de sus bienes.

Sin embargo, lo que ellos denominan despreocupadamente "acción legítima" ha ocasionado, de acuerdo con declaraciones de líderes de las Acc, más de mil muertos, entre ambos bandos, y cientos de familias desplazadas en el sur del Casanare.

"Cuando a uno lo manda el Estado a hablar con los paras , uno va y habla con ellos", dice el primero, tras relatar que, hace más de 10 años, acudió a las autoridades militares pidiendo protección y ellos lo enviaron con el jefe paramilitar de la zona, argumentando que así se le resolvería su problema.

Según los ganaderos y empresarios, escoger esta "única" alternativa no los hace ilegales. "No es lo ideal y no queremos seguirlo haciendo, pero para eso el Estado tiene que cumplir con su papel", comenta otro.

Este es el argumento que esgrime Salvatore Mancuso, del estado mayor negociador de las Auc, y lo hacía el desaparecido Carlos Castaño para justificar la existencia de los paras y los crímenes atroces.

En la oficina de Bogotá, los cuatro empresarios y ganaderos lucen impecables. Unos tienen cara de citadinos y otros de hombres del campo, unos muy jóvenes y otros pasan de los 40 años. Algunos ostentan valiosas joyas y todos, propietarios de cultivos de flores, ganado y locales comerciales, tratan de convencer a su interlocutor de su causa justa .

Pero no mencionan que el apoyo de los habitantes no siempre es voluntario ni las extorsiones a que son sometidos actualmente cientos de campesinos en la región del Melúa. Dos hombres del campo le contaron a EL TIEMPO que desde diciembre pasado, cuando Centauros ocupó los territorios que estaban bajo control de Llanos , el trato que reciben no es el mejor, que ahora les impusieron vacuna y les fijaron un plazo perentorio (hasta junio) para que la paguen.

Tampoco mencionan que hacia Puerto López, territorio de las Autodefensas del Meta y Vichada, los ganaderos pagan una contribución por cabeza, según el tamaño del hato.

Contra Llanos y sus hombres las quejas no son menos graves. Los empresarios y ganaderos reunidos con EL TIEMPO hablan de toda suerte de arbitrariedades cometidas por las Acc contra ellos y en la zona los campesinos denuncian intimidacion y abusos, como el robo de ganado y propiedades.

Avanza la reunion llega vestido, de manera informal, el comandante Andrés Camilo , jefe político del Centauros, y quien tiene tierras en la región. Los asistentes se muestran afables al saludarlo, lo invitan a sentarse y continúan.

Otro de los interlocutores alega incluso que el Estado les "debe un favor" porque lograron hacer cosas que le correspondían a las Fuerzas Militares, como haber "arrinconado" y "sacado" de la región a Pablo Catatumbo , quien fue jefe de las Farc en esa zona del país.

"En La Salina, norte del Casanare, nunca habían visto a un policía en 40 años. Centauros logró devolverle la institucionalidad", asegura Andrés , aclarando que la Policía regresó a ese municipio durante la administración de Uribe.

Los ganaderos dicen que después de librar la guerra para recuperar la seguridad, que les implicó pasar de llegar a sus fincas con siete u ocho escoltas a financiar un ejército que ejerciera control territorial, la hectárea de tierra se valorizó de 80 mil pesos a 2 millones de pesos.

El crecimiento de esta empresa de la guerra no les ha representado, dicen ellos, mayores costos, pues aseguran que aunque inicialmente pagaron un aporte considerable, a medida que "se amplió" la base para su contribución disminuyo.

Por esto, de cara al proceso entre el Gobierno y las Auc, los empresarios aseguran que el Estado, hoy, tiene una oportunidad única: "si nos garantizan la seguridad, nos comprometemos a dejar de financiarlos, si no me dan tranquilidad en mis tierras, les seguiremos pagando".

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