LA CULTURA DEL DIÁLOGO

LA CULTURA DEL DIÁLOGO

Fieles a la tradición de las guerras civiles del siglo XIX, que culminaban en la victoria, los colombianos hemos tenido que adaptarnos, poco a poco, a la perspectiva de negociar el final de la contienda sin haber obtenido una victoria definitiva.

23 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Fieles a la tradición de las guerras civiles del siglo XIX, que culminaban en la victoria, los colombianos hemos tenido que adaptarnos, poco a poco, a la perspectiva de negociar el final de la contienda sin haber obtenido una victoria definitiva.

Me precio de haber sido el precursor del diálogo con el adversario, aun antes de haber asumido la Presidencia, con ocasión de la batalla que se libraba en Anorí entre el Eln y las fuerzas regulares del Ejército de Colombia. Con anticipación se convino una entrevista entre Jaime Castro y Alvaro Escallón, en representación del Gobierno, y los delegados de los hermanos Vásquez Castaño, que estaban comprometidos del lado de la subversión. Los enemigos del diálogo pusieron el grito en el ciclo y, por una u otra razón, la reunión que debía celebrarse en Medellín no tuvo lugar.

El Ejército Nacional había demostrado una evidente superioridad, pero, con motivo de las elecciones, bajo el gobierno de Misael Pastrana, fue necesario desguarnecer la ofensiva militar para poner en ejecución la vieja práctica de enviar efectivos militares y de policía a otras partes del territorio nacional en donde podían presentarse situaciones de orden público. Aprovechando esta tregua, los cabecillas del Eln se trasladaron a Cuba, en donde Fidel Castro los mantuvo por años. Algo semejante a la propuesta que se les hizo hace unos meses a las Farc para que abandonaran el territorio colombiano y no volvieran a tomar las armas.

Vino, luego, el episodio de la aprobación del Protocolo II de los Acuerdos de Ginebra. En último término, y como se ha repetido tantas veces, se trata de llevar a la categoría de un acuerdo la propuesta de intercambiar prisioneros entre los dos bandos enfrentados, ateniéndose a los principios de humanización del conflicto, que permiten, bajo ciertas condiciones generales, aliviar la situación de cautivos.

No fue tarea fácil, puesto que, por años, se había mantenido la interpretación sobre la beligerancia, por medio de memorandos que se enviaban desde Ginebra a los altos jerarcas militares. El hecho de que países que atravesaban circunstancias similares a las de Colombia lo adoptaran, o de que la Corte recogiera los mismos principios, al amparo del Derecho de Gentes actualizado, tampoco servía como argumento. El Congreso no había dado su aprobación al Protocolo, pero la Corte, por vía de interpretación, lo había incorporado a la legislación colombiana.

Posteriormente se fue abriendo camino la solución del conflicto por la vía del diálogo. En este camino se registraron éxitos tan incontestables como la reinserción del M-19 a la vida civil.

Prosiguiendo en la misma estrategia de paz se llegó a acudir a la mediación de los representantes de gobiernos amigos, y aun de gobiernos directamente involucrados, como fue el caso de las conversaciones en La Habana entre voceros del gobierno cubano y representantes del Eln. Nunca he tenido claro por qué razón, y a última hora, cuando ya se había fijado la fecha para suscribir el arreglo, este se frustró, por reluctancia del Eln a aceptar la totalidad de los compromisos que ya había contraído.

En esta vía se llegó al extremo de entregarle a la subversión el Caguán, como escenario de paz, que parece haberse utilizado como plataforma de guerra y, peor aún, como puerto de embarque aéreo de la droga hacia los mercados extranjeros. Es la razón para que estemos regresando a las fórmulas del siglo XIX, cuando la solución del conflicto obedecía a la victoria militar, en una época en que las emboscadas y las minas quiebrapatas no habían conocido el auge con que se practican actualmente.

El entendimiento que se viene adelantando con las Auc como que no encaja bien dentro del concepto de la cultura de la paz con el enemigo por medio del diálogo, aun cuando puede ser un recurso efectivo para recuperar el orden público perturbado por su conflicto con las Farc, Epl, Eln y sus respectivas dependencias, pero no representa una conquista derrotando en sus filas la voluntad de sustituir al Gobierno y al modelo económico imperante.

La crisis de la cultura de la paz se refleja en la rotunda negativa de parte del Gobierno a poner en práctica un acuerdo humanitario en los términos contemplados en el DIH. Los propios voceros de la autoridad hanel acuerdo humanitario, presentándolo como un paso atrás en la ofensiva militar contra la subversión, dentro del propósito de convertirlo en uno de los eslabones de una cadena que debe culminar en la deposición de las armas por parte de los rebeldes.

El concepto de igualdad entre los contendientes, para el limitado propósito del intercambio, no tiene cabida en un esquema en el que se quiere anticipar la condición de vencedores y vencidos, de buenos y malos, de legitimistas y terroristas, cuando el hipotético acuerdo humanitario está concebido para situaciones puntuales, ajenas a calificaciones de una u otra parte.

Yo decía, en Medellín, que es imperativo tener en cuenta las situaciones de necesidad física que nos obligan, muchas veces, a proceder contra nuestra voluntad, en aras de un bien superior, como es la vida o la libertad, en el caso de los secuestrados. Citaba, como ejemplo, la situación del secuestrado, o de sus familiares, a quienes se les exige una considerable suma de dinero como rescate para devolverle su libertad.

Es claro que el trato es entre la víctima y el victimario, siendo esta última la obligada a pagar la suma que se le exige, lo cual, como es obvio, no lo hace de buen grado, sino por la necesidad que lo obliga a aceptar una exigencia inmoral, propia de su impotencia.

Pero, qué haría el secuestrado frente a sus secuestradores, poniéndoles de presente que él es un hombre honesto, que no ha infringido ningún principio moral, mientras que ellos son unos asesinos y unos terroristas, que se van a enriquecer a costa suya, dándoles, posiblemente, mal ejemplo a otros terroristas y perseverando ellos mismos en la extorsión? No. Desafortunadamente quien paga el rescate, tal vez con grave prejuicio económico para su patrimonio, no puede, si es que quiere recuperar su libertad, poner sobre el tapete la respetabilidad de sus principios y de su conducta frente al chantaje del cual se le hace víctima.

Algo semejante les ocurre a los gobiernos, que deben velar por la vida y la libertad de los ciudadanos, por la vía de la fuerza o de la negociación, sin hacerse la ilusión de que los secuestradores avergonzados van a renunciar a su aspiración ante las razones que se les exponen.

Enhorabuena si pueden alcanzar estos fines, imponiéndolos en una capitulación a la guerrilla derrotada, pero de otro modo no tienen otra alternativa que aceptar su impotencia, cuando la victoria no está al alcance de su mano y toma un tiempo indefinido. La cultura de la paz como que legitima concesiones de esta índole. Lo decía en su elegante prosa Fernando Londoño y Londoño, en su condición de secuestrado, en su carta al Presidente Lleras: usted en que frente al derecho de la sociedad para castigar el delito se levanta en este caso el derecho de un hombre a la vida

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