LA NOCHE DEL ALACRÁN

LA NOCHE DEL ALACRÁN

A pesar de que el proyecto de reelección se encuentra en el reposo de quince días que establece la Constitución para hacer un tránsito sereno de una Cámara a otra, su trámite sigue produciendo olas tormentosas. Después del rifirrafe del presidente Uribe con Ernesto Samper, la semana anterior, Andrés Pastrana prácticamente rompió relaciones con el Gobierno, al rechazar una solicitud del Primer Mandatario para encontrarse en Madrid. Y no de cualquier manera: los términos utilizados - están comprando conciencias en Palacio y su efecto sobre los pastranistas puros que forman parte de la dividida comisión primera de la Cámara -donde se debatirá el proyecto a partir del próximo viernes- no contribuyen propiamente a crear un entorno propicio para el trámite de la reforma.

23 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

A pesar de que el proyecto de reelección se encuentra en el reposo de quince días que establece la Constitución para hacer un tránsito sereno de una Cámara a otra, su trámite sigue produciendo olas tormentosas. Después del rifirrafe del presidente Uribe con Ernesto Samper, la semana anterior, Andrés Pastrana prácticamente rompió relaciones con el Gobierno, al rechazar una solicitud del Primer Mandatario para encontrarse en Madrid. Y no de cualquier manera: los términos utilizados - están comprando conciencias en Palacio y su efecto sobre los pastranistas puros que forman parte de la dividida comisión primera de la Cámara -donde se debatirá el proyecto a partir del próximo viernes- no contribuyen propiamente a crear un entorno propicio para el trámite de la reforma.

Entre tanto, Antanas Mockus se lanza a la Presidencia y dice que enfrentaría a Uribe en caso de que este pueda ser candidato. Señal inequívoca de que el debate sobre el polémico tema también anticipó la competencia electoral del 2006. Y Mockus no sería un rival menor: no es un blando en materia de seguridad, no está asociado a la politiquería tradicional y es un comunicador efectivo como pocos.

Es, por supuesto, prematuro plantear candidaturas cuando ni siquiera se ha cumplido la mitad del cuatrienio de Alvaro Uribe. Inconveniente, además, en momentos en que como hemos reiterado habría condiciones para que el Gobierno y el Congreso se concentraran en una ambiciosa agenda de reformas. Pero son los gajes de haber puesto sobre la mesa un asunto tan sensible como la reelección. Y de la inusitada tenacidad con que el Gobierno se decidió abocarla.

Hay que ver cómo se surtió su último paso en la madrugada del 14 de mayo en la plenaria del Senado. La noche del alacrán , porque el resultado que más trascendió -reflejo indiscutible de la ligereza de los medios de comunicación- fue el incidente de los venenosos bichos que llevó el senador Carlos Moreno de Caro. Y que opacó, incluso, la precipitud con que se despachó la ley reglamentaria del estatuto antiterrorista para abrirle el campo a la reelección (que tenía mensaje de urgencia y debía evacuarse con prelación), o la insólita negación de impedimentos por parte de los mismos impedidos (un 40 por ciento del Senado manifestó que había recibido algún favor del Ejecutivo que podría afectar su independencia para votar la reelección). Todo esto en la madrugada, después de que algunos senadores de la oposición fueran derrotados en su petición de que el debate se televisara. Y en ausencia del liberalismo oficialista y del Polo Democrático, que se retiraron ante la inminente derrota que les propinarían las mayorías.

El texto que salió de aquella sesión nocturna es harina de otro costal. La aprobación de la reelección inmediata se esperaba y no constituye sorpresa alguna. Pero le colgaron la norma que los electores rechazaron en el referendo del año pasado para obligar a que el presupuesto nacional recoja las opiniones de los ciudadanos en audiencias públicas, y es muy dudoso que el Congreso tenga facultad para revivir un proyecto rechazado por el constituyente primario. Pero más cuestionable aún es su conveniencia: el famoso punto 4 del referendo fue el más controvertido en aquel debate. Y no tiene ninguna relación clara ni directa con la reelección.

* * * *.

Hay más perlas. Una ley, cuyo proyecto sería presentado por el Ejecutivo, fijará las normas para controlar el uso que haga el Presidente-candidato de los recursos del Estado, así como las garantías de la oposición y el acceso igualitario a los medios de comunicación del Estado. Si el Congreso no la expide antes del 20 de junio, el Consejo de Estado tendrá la facultad y la obligación de promulgarla. Y la Corte Constitucional revisará su exequibilidad, con un término reducido a la mitad de lo que establecen las normas actuales. El afán es evidente. Y los interrogantes que suscita, inquietantes: El Consejo de Estado se estrenará como legislador? El gobierno Uribe redactará las reglas que deberá seguir el candidato Uribe? Todavía peor: si la Corte Constitucional declara inexequible la ley, el Consejo de Estado, en un plazo de dos meses, reglamentará la materia. La consigna es clara: acelerar el proceso como sea y tomar discutibles atajos legislativos que aseguren que el Presidente en ejercicio pueda participar en las elecciones del 2006.

En la tormentosa plenaria del 13 y 14 de mayo también se borró un artículo que extendía la reelección inmediata a alcaldes y gobernadores. Y en forma paralela, en otro proyecto, se estableció que los congresistas podrán ser nombrados ministros y embajadores. Difícil evitar suspicacias sobre las intenciones que develan estas decisiones en términos de aceitar la maquinaria para facilitar el tránsito de la reelección inmediata.

Al retomarse el debate, esta semana, y a pesar de que el cronograma está muy apretado, la Cámara debería actuar con reflexión y suficiente deliberación pública. Lo que está en juego, por su importancia, no debería tramitarse a punta de pupitrazos en tinieblas. Sino de debates serios, que aseguren un texto que genere confianza sobre las garantías de la oposición. Y que minimice la percepción de que solo tiene un beneficiario.

El proyecto de reelección está quedando mal redactado, a causa de la precipitud con que se está tramitando.

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