FRENO A VENTA ILEGAL DE CARROS DIPLOMÁTICOS

FRENO A VENTA ILEGAL DE CARROS DIPLOMÁTICOS

Documentos y trámites de la Inspección de Tránsito y Transporte de Zipaquirá (Cundinamarca) fueron utilizados para encubrir el registro ilegal en el país de 128 vehículos, importados algunos de ellos al amparo del régimen preferencial establecido para personal diplomático y consular. Al cabo de una investigación iniciada en 1987, la Procuraduría acaba de sancionar con solicitud de destitución a Jairo Olaya Bello y Alvaro González Fernández, quienes se desempeñaban entonces como Inspector de Tránsito y Jefe de Placas, respectivamente.

25 de enero 1991 , 12:00 a.m.

Los dos funcionarios, al lado de otros cuatro que recibieron castigos menores (sanciones que van de cinco a 30 días de suspensión), diligenciaron o autorizaron irregularmente la expedición de matrículas y el traspaso de los automóviles.

En el caso de los carros diplomáticos, importados con excención de impuestos, la Procuraduría encontró que fueron vendidos poco después de su ingreso al país, pese a que legalmente los automóviles adquiridos por agentes de ese rango solo podían ser negociados después de dos años de uso por su propietario.

La intervención del Ministerio Público se inició a raíz de una queja presentada por la Contraloría de Cundinamarca en relación con la matrícula ilegal de automóvil Porshe de placas EM 1779, traído al país por el entonces agregado militar de la Embajada de Honduras, coronel William Tomás Said Speer.

Después de cuatro meses el carro comenzó a transitar con placas particulares y fue ofrecido en venta a Jorge Luis Ochoa Vásquez, que precisamente lo conducía el 17 de noviembre de 1987, cuando fue capturado en un retén de la Policía Vial cerca a Palmira.

Uno de los investigadores recordó que la única excepción legal establecida para la venta de los carros diplomáticos se refiere a que ésta podrá producirse seis meses después de la importación, siempre y cuanto el propietario pagara la totalidad de impuestos de los que había sido exonerado.

Los funcionarios sancionados dieron vía libre a un festival de expedición de matrículas provisionales, cuya vigencia se extendía más allá de los términos legales de manera que sus dueños pudieron eludir el cumplimiento de los requisitos fijados para que los autos pudieran ingresar al Registro Nacional de Automotores.

En su providencia, la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Administrativa, cuestionó severamente la actitud permisiva y negligente observada por Saúl Cala Parra, auditor especial de la Contraloría en la Inspección de Tránsito.

Según los investigadores, Cala, sancionado con 30 días de suspensión, no ejercició efectivamente el control fiscal y permitió que las irregularidades prosperaran. Qué era lo que hacía el revisor fiscal? Era un convidado de piedra? , se pregunta en su providencia la Procuraduría y agrega: No, en manera alguna puede aceptarse que no se diera cuenta de la falta de numerosos documentos para cumplir su misión fiscalizadora. Y si era que no se allegaban esos documentos y existían hechos que no estaban acoerdes con las normas legales, lo prudente, lo aconsejable, era ponerlo en conocimiento de su respectivo superior o de la autoridad competente .

El perito Héctor Eduardo Sarmiento Velandia recibió una suspensión de veinte días por incumplimiento del Decreto 1346 de 1982, que asigna a funcionarios de su categoría practicar la revisión técnica a los automotores, rendir los dictámenes que sobre la materia le sean solicitados por su jefe inmediato y detallar en los formularios respectivos los datos correctos.

Los también peritos Luis Alvaro Garzón Bernal y José Raúl Camargo Moreno fueron sancionados con quince y cinco días de suspensión, respectivamente, por incumplimiento del manual de funciones que les imponía consignar adecuadamente los datos de la revisión técnica de automóviles.

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