REVELAN MILLONARIOS FRAUDES

REVELAN MILLONARIOS FRAUDES

En solo 784 revisiones, de las 15.000 que hará en Barrancabermeja, la Electrificadora de Santander S.A. (ESSA) ha podido detectar en dos meses 303 fraudes en los contadores de energía, lo cual le ha permitido recuperar 434.340 kilovatios/hora que eran robados y 292 millones de pesos por sanciones a usuarios del puerto petrolero.

24 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

En solo 784 revisiones, de las 15.000 que hará en Barrancabermeja, la Electrificadora de Santander S.A. (ESSA) ha podido detectar en dos meses 303 fraudes en los contadores de energía, lo cual le ha permitido recuperar 434.340 kilovatios/hora que eran robados y 292 millones de pesos por sanciones a usuarios del puerto petrolero.

Los trabajos, que se harán durante tres años e incluyen 38.000 revisiones en 10 municipios del Magdalena Medio, son realizados desde el pasado 9 de marzo por la firma antioqueña Civiles y Eléctricos (Civelc Ltda), que fue contratada para hacer las inspecciones, detecciones, notificaciones y conciliaciones que le permiten liquidar las sanciones del caso.

El cobro, en cambio, lo hará la Electrificadora.

El valor del contrato, que contempla además la instalación de medidores o contadores donde no existan, es de 1.200 millones de pesos y el proceso de revisión lo define el contratista.

Hasta el momento solo se ha trabajado en la parte comercial, industrial y oficial de la ciudad, y está pendiente la residencial. Las revisiones son direccionadas para los clientes de los dos primeros sectores y aleatorias para los del tercero.

Otras ciudades.

Además de Barrancabermeja, la empresa contratista, que tiene empleadas en esa labor a 15 personas, realizará otras 23.000 revisiones en Puerto Wilches, Puerto Parra, Cimitarra, Landázuri y Sabana de Torres (Santander); Cantagallo y San Pablo (sur de Bolívar); y San Alberto y San Martín, en el sur del Cesar.

Esta actividad también se cumple en toda el área de influencia de la ESSA, con el fin de disminuir el nivel de pérdida de los últimos años, detectado a través de un estudio técnico que dio una idea sobre el número de fraudes que se hacían y sobre las instalaciones que no poseían medidores y aquellos que los tenían y no habían sido legalizados ante la entidad.

Según el jefe de zona de la ESSA en Barranca e interventor del proyecto, Robinson Anaya, la sanción que se cobra corresponde al doble de la energía dejada de facturar durante el tiempo de permanencia de la anomalía. Estas van desde 200.000 hasta 40 millones de pesos, pero las cifras pueden bajar según las conciliaciones que haya y los acuerdos de pago por descuentos previstos. "Estas sanciones se cobran tal y como está previsto en la Resolución 108 de 1997, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y en el contrato de condiciones uniformes para los usuarios de la ESSA", aclara Anaya.

El funcionario agrega que se estipuló un plazo de pagos en la etapa de conciliación hasta de 36 meses sin intereses de financiación para los usuarios residenciales, y de 24 meses no financiados para los comerciales, industriales y oficiales. También ofrecen descuentos hasta del 40 por ciento para todos los pagos de contado.

Fernando Prada, presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de Colombia (Sintraelecol), aplaudió la iniciativa de la ESSA, pues sostuvo que en la zona de Barranca las pérdidas técnicas por robo de energía está alrededor del 40 por ciento, mientras que lo establecido es entre el 10 y 13 por ciento, como máximo.

Sin embargo, cuestionó a la empresa por cobrar -según él- 14.000 pesos por las revisiones, así como el fraude en 24 meses cuando no se sabe qué tiempo tienen de estarlo cometiendo.

"Hemos visto inconsistencia en el modo de liquidación, porque de no ser factible establecer desde cuándo viene el fraude le están cobrando los 24 meses al usuario, cuando lo legal son seis meses, como lo dice la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios", precisa Prada.

Y al tiempo que empresa y contratista se ponían de acuerdo, esta última decidió esta semana interrumpir su trabajo en Barranca, donde sus funcionarios tuvieron un leve roce con la Unión Sindical Obrera (USO), y se trasladó a realizar una labor similar en Cimitarra, hasta que termine la huelga en Ecopetrol.

FOTOS:.

Ricardo Perez

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