A DEBATE, TERRITORIOS INDÍGENAS

A DEBATE, TERRITORIOS INDÍGENAS

Por estos días, buena parte de los 86 pueblos indígenas que habitan en Colombia permanecen a la expectativa de un proyecto de Ley que se encuentra listo para ser debatido en plenaria del Senado y que algunas comunidades consideran benéfico y otras miran con recelo.

25 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Por estos días, buena parte de los 86 pueblos indígenas que habitan en Colombia permanecen a la expectativa de un proyecto de Ley que se encuentra listo para ser debatido en plenaria del Senado y que algunas comunidades consideran benéfico y otras miran con recelo.

La iniciativa está cobijada bajo uno de esos enunciados que no adelantan mucho sobre su trascendencia: "Proyecto de ley 16 de 2003. Por la cual se expiden normas orgánicas en materia de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones".

El capítulo titulado, Entidades Territoriales Indígenas (Etis), es el que ha despertado inquietudes en los casi 600 resguardos del país.

El proyecto, impulsado por el Gobierno, y apoyada por los congresistas indígenas, reglamenta divisiones político-administrativas del Estado, constituidas mayoritariamente por indígenas y administradas por concejos de esa etnia, con autonomía suficiente para gestionar y disponer de sus recursos; de su sistema de salud y de programas educativos ajustados a su cultura.

Incluso están facultados para crear impuestos y gestionar préstamos y otras formas de financiamiento.

De aprobarse la iniciativa, quedaría abierta la posibilidad para que por lo menos el 25 por ciento del mapa de Colombia, que es considerado territorio indígena tradicional, se convierta, a largo plazo, en territorio gobernado exclusivamente por indígenas.

"No existe algo parecido en el mundo", dice Biviany Rojas, de la Fundación Gaia, una Ong que trabaja con indígenas del Amazonas, donde existe desde hace diez años una experiencia de administración local en diez zonas, a través de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI s).

Estas se han convertido en el antecedente administrativo y político más importante de las futuras Entidades Territoriales Indígenas en la región, y participan activamente en la formulación de las políticas departamentales hacia sus territorios, a través de una mesa de concertación.

Para Martín von Hildebrand, director de Gaia, la posible creación constitucional de las Entidades Territoriales Indígenas "ha generado un proceso político excepcional de los pueblos indígenas en Colombia, que demuestra la viabilidad de reestructurar la distribución del poder local en los territorios indígenas como un mecanismo para ganar gobernabilidad y soberanía en la totalidad del territorio nacional".

En opinión de los senadores indígenas Gerardo Jumí y Jesús Piñacué, este último ponente en el primer debate, el proyecto representa la oportunidad de que los pueblos indígenas abandonen definitivamente la condición de incapacidad administrativa a la que han estado sometidos desde la creación de la República y asuman los riesgos de su propio Gobierno, incluso con mayor autonomía que los actuales municipios.

Piñacué confía en que esta vez la iniciativa salga adelante, porque ya ha sido presentada en unas nueve ocasiones al Congreso y siempre ha terminado archivada.

Piden mayor consulta.

Sin embargo, no todos los indígenas están convencidos de las bondades de la iniciativa. "De eso tan bueno no dan tanto", dijeron en voz baja algunos paeces en Caldono (Cauca) durante la presentación de la iniciativa por parte de delegados de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, e inmediatamente crearon comisiones para estudiar cada palabra del proyecto.

Feliciano Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos del norte del Cauca, Acin, dice que les pedirán a los tres congresistas indígenas del departamento (Jesús Piñacué, Lorenzo Almendra y Efrén Tarapués), que regresen a concertar el proyecto con sus comunidades, siguiendo el procedimiento tradicional que aplican los pueblos indígenas para tomar sus decisiones.

En el mismo sentido se pronunció Nilson Surita, de la Organización Indígena de Colombia (Onic), la mayor del país, al igual que Rogelio Mejía, cabildo gobernador (e) del pueblo arhuaco del Magdalena. "Debe haber un discusión amplia de lo conveniente y de lo no conveniente", dice.

Los indígenas del Cauca, argumentan que el proyecto de Ley es un retroceso por cuanto sus territorios ya fueron reconocidos como Entidades Territoriales por la Constitución del 91 y lo único que falta es concertar con el Estado, la forma como van a administrar los recursos y hasta dónde interviene el Estado en los procesos autónomos de los pueblos indígenas.

Juan Maier, ex ministro de Medio Ambiente, opina que cuando los indígenas dicen: "No nos sentimos consultados" algo está mal en el procedimiento y debe ser analizado y debatido en su conjunto hasta lograr un consenso mayoritario para evitar que una iniciativa hecha de buena fe, se convierta en una fuente de conflicto.

Maier habla de consenso mayoritario porque sería casi imposible lograr un acuerdo total en pueblos con pensamientos, grados de organización e intereses tan disímiles como los que existen en Colombia.

Distintos intereses.

A algunos pueblos del Cauca, especialmente los guambianos y los paeces del norte del departamento, no parece interesarles asumir las nuevas figuras cuando ya tienen las alcaldías de municipios como Toribío, Jambaló, Caldono y Silvia, donde han elaborado planes de desarrollo concertados con la comunidad y administran, además, los recursos de transferencias asignados a los resguardos.

Una situación diferente se vive en Amazonas. Allí el 80 por ciento del territorio está en una especie de limbo, pues solo existen los municipios de Leticia y Puerto Nariño.

En este caso, la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas y la vinculación de las autoridades indígenas como funcionarios y autoridades públicas, aseguraría la presencia del Estado en regiones ubicadas a más de 15 días en lancha desde la capital.

Por fuera de los indígenas también existen intereses. A algunos políticos regionales, por ejemplo no les convendría perder feudos en las zonas que sean declaradas Etis, donde el gobierno sería ejercido por un concejo indígena, elegido por indígenas.

Incluso, el proyecto prevé que si debido a la creación de una Eti, un municipio ya no puede cumplir con los requisitos mínimos, deberá anexarse a otro municipio.

Por ahora, el proyecto sigue su tránsito en el Congreso. Los indígenas de muchas zonas también han comenzado a discutir el tema en su seno. Solo que el tiempo de los indígenas es diferente al del Congreso.

El pupitrazo no existe entre aquellos. Cada frase se mastica durante horas, se consulta a los taitas, ancianos y chamanes, se expone de nuevo ante la comunidad y se regresa a los chamanes. Puede ocurrir durante horas, días, semanas, meses si es necesario, y así, igual que con sus tejidos, van elaborando sus consensos en un ritmo que resulta desesperante para el blanco, pero fundamental para la armonía de estos pueblos.

FOTO/Archivo particular.

La autonomía de los nuevos territorios les garantizaría crear programas escolares acordes, con su cultura, como ya existen modelos en comunidades indígenas a Amazonas y Cauca.

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