CRÍTICAS A CONVENIOS DE COOPERACIÓN

CRÍTICAS A CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Los convenios de cooperación internacional se han convertido en un mecanismo utilizado por algunas entidades del Estado para evadir las normas de contratación, el control de los recursos públicos y fomentar las nóminas paralelas. VER GRAFICO Monto de los recursos- Concepto de pagos realizados 1998-2002.

21 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Los convenios de cooperación internacional se han convertido en un mecanismo utilizado por algunas entidades del Estado para evadir las normas de contratación, el control de los recursos públicos y fomentar las nóminas paralelas.

VER GRAFICO Monto de los recursos- Concepto de pagos realizados 1998-2002.

Así lo reveló el Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, en dos informes del ente de control sobre el tema y en donde además propone que se fijen límites a los contratos que suscriben las entidades públicas con organismos de cooperación.

El estudio involucra a entidades del Estado del sector agropecuario, de defensa, gestión pública, infraestructura, medio ambiente, minas y social.

"Los convenios de cooperación internacional, si bien son muy positivos para el país, en tanto que permiten aprovechar el acervo técnico y la experiencia administrativa de los organismos cooperantes en diferentes campos de la vida nacional, cultural, social y educativa, pueden conducir a las entidades gubernamentales a sustraerse a un control fiscal efectivo a la gestión de los recursos involucrados en estos convenios", advirtió el Contralor General.

Según la Contraloría, entre 1998 y 2002 hubo 787 contratos suscritos o vigentes con organismos de cooperación internacional por valor de 2.7 billones de pesos, incluyendo recursos públicos y los aportados por los organismos cooperantes. El informe señala además que durante el año 2003 se firmaron 161 convenios por valor de 631 mil millones de pesos.

Algunos de estos convenios son: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El Contralor estimó importante establecer mecanismos que permitan mantener un control fiscal estricto sobre la gestión de los recursos públicos involucrados en este tipo de convenios.

En opinión de Hernández Gamarra, es necesario revisar el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, que permite que los contratos estatales con organismos de cooperación internacional estén exentos de sujetarse a la normatividad prevista en el mismo Estatuto de Contratación. Sugirió también que las diferentes entidades gubernamentales realicen un análisis minucioso de la conveniencia o necesidad de la suscripción de cada uno de los convenios de cooperación internacional y, adicionalmente, se mostró partidario de desarrollar y estandarizar indicadores de gestión e impacto, que permitan medir los resultados obtenidos con el establecimiento de los convenios de cooperación.

En opinión del Contralor Hernández Gamarra, debe establecerse una diferenciación entre convenios de cooperación técnica internacional efectiva y contratos para la administración de recursos públicos suscritos con organismos de cooperación internacional, para lo cual se debe definir un porcentaje de cooperación internacional mínimo. Indicó que cuando sea del 30 por ciento en adelante estarían clasificados como convenios de cooperación y por debajo de ese porcentaje se tendrían como contratos para administración de recursos públicos.

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Las amenazas latentes.

Existe el riesgo de que, por esta vía, las entidades estatales omitan los procedimientos establecidos en el Estatuto de Contratación, en cuanto no deben surtir los trámites establecidos en éste, pues se rigen por las disposiciones del organismo contratista cobijadas por el derecho internacional.

Durante el tiempo de duración de estos convenios, que puede variar de unos pocos meses hasta seis u ocho años, luego de repetidas prórrogas, los organismos ejecutores contratan consultores nacionales y personal administrativo con el propósito de desarrollar las actividades propias del convenio, lo que puede llegar a convertirse en una nómina adicional o paralela.

En la práctica, las principales funciones que realizan los organismos de cooperación internacional se reducen, en muchos casos, a labores de carácter administrativo que bien podrían realizar directamente las propias entidades contratantes, lo cual evitaría los pagos por administración de esos recursos, que se encuentran entre un 2,5 por ciento y un 3,5 por ciento de los recursos ejecutados.

Los análisis muestran que bajo la figura de la cooperación internacional se pueden estar amparando y confundiendo dos tipos de contratos: uno, en el cual existe una cooperación técnica efectiva y con un significativo aporte en dinero o en especie del organismo cooperante; y otro, en el cual la mayor parte de los recursos dados en administración a los organismos cooperantes es de carácter público y que se constituyen en contratos para administración de recursos públicos.

La CGR ha determinado trabajar líneas especiales de auditoría sobre los convenios celebrados con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional.

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Entidades involucradas.

Entidades del Estado que han firmado convenios con organismos internacionales y que forman parte del estudio realizado por la Contraloría:.

Minagricultura, Dri, Inat, Incora, ICA e Inpa, Dapre, Registraduría, Minhacienda, Fondane, Planeación Nacional, Supernotariado y Mineducación.

Los organismos internacionales que has prestado servicios de cooperación son: Programa de Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organizacion de Estudios Iberamericanos para la Educación y la Cultura (OEI), la Secretaría ejecutiva del Convenio Andres Bello (Secab), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Lica), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Centro Regional para el fomento del Libro de América Latina y el Caribe (Cerlalc).

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