TENSION EN E.U. POR FISCALIA

TENSION EN E.U. POR FISCALIA

Alarmado por lo que consideraría graves niveles de corrupción y nexos con el paramilitarismo en la Fiscalía General, Estados Unidos ha comenzado a generar una fuerte presión contra el gobierno colombiano, que, a su juicio, se ha traducido en destituciones, cambios y reformas radicales en algunas de las dependencias del organismo investigador.

29 de febrero 2004 , 12:00 a. m.

Alarmado por lo que consideraría graves niveles de corrupción y nexos con el paramilitarismo en la Fiscalía General, Estados Unidos ha comenzado a generar una fuerte presión contra el gobierno colombiano, que, a su juicio, se ha traducido en destituciones, cambios y reformas radicales en algunas de las dependencias del organismo investigador.

Entre ellas, la transferencia del ahora renunciado Justo Pastor Rodríguez de la Dirección Nacional de Fiscalías a Fiscal ante la Corte; la destitución del director del Programa de Protección de Testigos, Lucio Pabón, y el desarrollo de un nuevo programa de protección de testigos, dirigido y asesorado por un equipo de alguaciles de E.U. (marshalls), actualmente en el país.

Aunque el fiscal general, Luis Camilo Osorio, le dijo a EL TIEMPO que es falso que haya recibido presiones estadounidenses- reto a alguien a que me diga cómo y cuándo o qué avisos o solicitudes se me han hecho (ver nota anexa)- , fuentes de entera credibilidad del Congreso, el Departamento de Justicia y ONG de DD.HH. en Washington así lo confirmaron a EL TIEMPO.

De acuerdo con esas fuentes, el malestar de E.U. por el rumbo de la Fiscalía no es nuevo, pero fue en noviembre del año pasado cuando se rebosó la copa.

John Beasley, fiscal adscrito al Departamento de Justicia, junto con otros funcionarios estadounidenses, viajó a Colombia para recolectar pruebas que le permitieran consolidar un proceso jurídico y solicitar en extradición por narcotráfico y paramilitarismo a Rodrigo Tovar Pupo, el Papá Tovar (ver nota anexa).

Con ese fin, los fiscales estadounidenses tenían organizada una serie de entrevistas con testigos del Programa de Protección de la Fiscalía. Al llegar a Bogotá, Beasley y su equipo se encontraron con que los testigos habían abandonado el Programa, pues temían por sus vidas.

Era claro que el Programa estaba infiltrado. Había relación directa entre Pabón y los paramilitares , le dijo a EL TIEMPO una fuente que conoció de primera mano el caso.

Fuentes próximas al Programa de Protección de Testigos, que pidieron reserva de su nombre, aceptan que hubo un tratamiento equivocado- y hasta groserocontra el fiscal Beasley y su equipo, pero aseguran que los testigos clave contra Papá Tovar nunca abandonaron el Programa.

Por el contrario, dos de esos testigos abandonaron el país bajo protección obtenida con la Fiscalía, y lo hicieron para residenciarse en otros países con todo su núcleo familiar, y lo mismo ha ocurrido con otros 15 declarantes , aseguró la fuente.

En Estados Unidos, el episodio del fiscal Beasley no es, sin embargo, el único. Según conoció EL TIEMPO, funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá pusieron a los investigadores de ese país al tanto de irregularidades que comprendían obstrucción de investigaciones cuando involucraban paramilitarismo, transferencia de casos que se encontraban adelantados con la intención de descarrilarlos , tráfico de influencias, bloqueos de pedidos de asilo y otras relacionadas con la Dirección Nacional de Fiscalías.

El viernes, antes esas afirmaciones, Osorio respondió: Si alguien tiene evidencias de que se infiltró el Programa de Protección de Testigos, lo desafío a que me las entregue. El señor Pabón se retiró por miles de razones: necesidad de mejorar la gestión, dar un vuelco administrativo, mejorar el Programa, pero no por lo que se afirma. Lo mismo ocurrió con el ex delegado ante la Corte. Su traslado no tuvo ninguna motivación de las que insinúan (ver nota anexa ).

Con todo, lo cierto es que, a su regreso a Estados Unidos con las manos vacías y furiosos, los fiscales pidieron audiencia en el Congreso para ponerlo al tanto y solicitar la suspensión o el condicionamiento de la ayuda estadounidense a cambios radicales en la Fiscalía. Anualmente, Estados Unidos entrega cerca de 25 millones de dólares para varios programas, entre ellos equipos de investigación forense, unidades satelitales de la Fiscalía, agentes del CTI y capacitación.

De inmediato, los congresistas se comunicaron con el Departamento de Estado para pedir explicaciones y tomar cartas en el asunto.

El senador Patrick Leahy, uno de los congresistas puesto al tanto de las irregularidades, le dijo a EL TIEMPO: Estoy gravemente preocupado por los reportes de malas conductas en la Fiscalía. Esta oficina no solo ha fallado a la hora de investigar casos de violaciones de derechos humanos que involucran a militares y paramilitares, sino que ahora ha comprometido la seguridad de los testigos. Aplaudo a la embajada de Estados Unidos por intervenir en el asunto .

Leahy es el senador demócrata de más alto rango en la Comisión de Apropiaciones del Senado, encargada de autorizar los recursos que se le entregan al país.

La intervención que menciona Leahy es precisamente la presión que se está ejerciendo sobre el Gobierno para que adelante una purga en la Fiscalía.

Las fuentes afirman que, gracias a ellas, salió Pabón del cargo de director del Programa de Protección de Testigos y se produjo la reciente renuncia de Justo Pastor Rodríguez.

El caso de la gruesa suma de dinero que se perdió del carro de Pastor (razón por la cual el funcionario renunció esta semana) fue solo la excusa que necesitaba el fiscal general, Luis Camilo Osorio, para salir de él. Pero ya lo habían removido de la Dirección de Fiscalías por presión directa de Estados Unidos , sostiene otra fuente cercana a los hechos.

Según esta, los cambios y la reconstrucción del Programa de Protección de Testigos son solo el comienzo.

Se trata de algo parecido a lo que se ha hecho con los militares. Usar la presión de Estados Unidos, en el buen sentido de ella, para limpiar una institución que es clave si se quiere evitar que la impunidad reine en Colombia , agrega.

Evidencia de que si existe más de una inquietud en Estados Unidos es quizá lo consignado en el Informe de Derechos Humanos, Capítulo Colombia, que el Departamento de Estado hizo público el miércoles de esta semana.

El informe dice que la Fiscalía no ha tenido progresos en varias investigaciones en las que están implicados los paramilitares, y cita el expediente sobre la masacre en San Carlos (Antioquia), en el 2001, en la que fueron asesinadas 13 personas.

Otros dos procesos reseñados tienen que ver con la participación de agentes de seguridad del Estado en la masacre de Barrancabermeja en 1998, y con el asesinato de la testigo Elizabeth Cañas, ocurrido en el 2000.

El informe asegura que el año pasado siguió siendo un problema la impunidad del personal del Estado que colaboró con los grupos paramilitares, y cuestiona el hecho de que la Fiscalía cerró la investigación sobre las acusaciones contra militares implicados en la masacre cometida cerca de Buga (Valle), en el 2001.

A la vez, advierte que no se avanzó en la investigación por los asesinatos, en el 2000 y el 2001, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) ni en las indagaciones por la masacre paramilitar de 42 personas en Ovejas (Sucre), en el 2002.

En esa línea, el mensaje final para la Fiscalía parece estar sintetizado en las palabras de un vocero de la embajada en Bogotá: El gobierno de Estados Unidos ha manifestado claramente, en repetidas ocasiones, lo importante que es que la Fiscalía procese plenamente todos los casos, incluyendo aquellos que involucran a paramilitares .

Quién es Jorge 40 ?.

Rodrigo Tovar Pupo, conocido comoJorge 40i yPapa Tovari , es el segundo al mando del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y es considerado como uno de los hombres de máxima confianza del jefe militar de los paramilitares, Salvatore Mancuso.

Según informes de inteligencia es quien maneja el negocio del narcotráfico en la Costa Atlántica colombiana: es propietario de laboratorios y sembrados de coca en el sector occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta y cobra impuesto por embarcaderos, protección y rutas a otros productores, entre ellos el cartel del Norte del Valle.

Los informes señalan que Jorge 40 aprovecha su posición dentro de las autodefensas para manejar sus negocios con el narcotráfico, del cual también rinde dividendos a esa organización armada ilegal.

Las autoridades tienen pruebas de que Papa Tovar es uno de los propietarios de cerca de tres toneladas de cocaína incautada por un grupo de policías en Barranquilla y devuelta a la mafia en agosto del 2002.

Según han establecido los organismos de inteligencia, a mediados del 2001 Tovar Pupo ordenó el asesinato de un líder de la región del Magdalena Grande (que abarca Cesar, La Guajira y Magdalena), debido a la pérdida de 500 kilos de base de coca que eran de su propiedad.

Tres meses después, Salvatore Mancuso y Carlos Castaño comisionaron a Tovar Pupo y a Treinta y nueve el mayor (r) del Ejército David Hernández Rojas para que combatieran a las autodefensas de Hernán Giraldo Serna y Jairo Pacho Musso, que manejaban el negocio del narcotráfico en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Tal es la influencia militar de Jorge 40 que, según inteligencia, fue él quien protegió al cantante vallenato Diomedes Díaz en la región de Badillo, estribaciones de la Sierra, durante el tiempo que permaneció en la clandestinidad tras la muerte de Doris Adriana Niño.

Actualmente tiene orden de captura por homicidio agravado, secuestro extorsivo, concierto para delinquir, entrenamiento para actividades sicariales y comercialización y transporte ilícito de material de guerra.

Otros casos de intervención.

Las presiones estadounidenses sobre el Gobierno y otras instituciones respecto de funcionarios cuestionados no son un asunto nuevo. Oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía han dejado las filas por esa vía.

Caso general Quiñónez: (noviembre 19 del 2002): Cinco días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que le retiraba la visa al general de la Armada Rodrigo Quiñónez, por asuntos relacionados con el narcotráfico, el oficial fue llamado a calificar servicios.

Quiñónez, quien se desempeñaba para la época como agregado militar en Israel, estaba vinculado a una investigación por la presunta omisión en la masacre de 26 campesinos en Ovejas (Sucre), cuando era comandante de la I Brigada de Infantería de Marina.

Estados Unidos dejó trascender la existencia de una averiguación conforme a la cual la esposa del oficial habría recibido un cheque del confeso narcotraficante Víctor Patiño Fómeque.

Caso general Velasco: (Agosto 25 del 2003): Después de seis meses de constantes rumores sobre su retiro, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Héctor Fabio Velasco, presentó la renuncia a su cargo. El retiro del general se presentó luego de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Dos meses atrás, la entonces embajadora de ese país, Anne Patterson, en diálogo con el presidente Alvaro Uribe le había notificado la existencia de evidencias que demostraban la responsabilidad de la FAC en la muerte de 18 civiles, en medio de un bombardeo al caserío de Santo Domingo (Arauca), en diciembre de 1998. La funcionaria advirtió que Velasco había ocultado pruebas importantes sobre el caso y había así entorpecido la investigación.

Caso general Díaz (Junio 13 del 2003): A raíz de su relevo y llamado a calificar servicios, el general Gabriel Ramón Díaz destapó un escándalo por la desaparición de dos de cuatro informante de la DEA en Barranquilla, que habían facilitado la captura de varios cargamentos de droga en esa ciudad. Uno de esos embarques con 2 toneladas de cocaína desapareció tras un operativo policial.

Tras sus denuncias, Díaz quedó sin embargo en el ojo del huracán y debió ser retirado del servicio después que E.U. advirtió sobre presuntas pruebas que tendría la DEA, de actuaciones ilegítimas del oficial y de encuentros con narcotraficantes de La Guajira y la Costa Caribe, entre quienes se encontraban El Turco Alberto, un hombre que fue extraditado a E.U. el año pasado, y Samuel Santander Lopesierra, El hombre Marlboro .

Desmiento categóricamente esas acusaciones : Fiscal.

En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, aseguró que no ha recibido ningún tipo de presión por parte del Gobierno colombiano o de funcionarios de Estados Unidos para remover de sus cargos a empleados de su administración y sostuvo que tampoco ha conocido advertencias en relación con posibles anomalías en procesos contra paramilitares.

Desmiento categóricamente esa información. Ningún funcionario de bajo ni alto del Gobierno de Estados Unidos, ni directa ni indirectamente, ha comunicado situaciones irregulares al Fiscal General.

Díganle (al fiscal estadounidense John Beasley) que yo no he recibido ninguna de esas críticas que, en ese caso, no serían presiones sino información oportuna para tomar medidas.

Tampoco he hablado de este tema ni con el Presidente de la República ni con el Ministro de Justicia ni con nadie. Desde luego que cualquier información que venga de parte de ellos es bienvenida, pero no lo han hecho.

Se falta a la verdad sobre la salida del director del Programa de Protección de Testigos, señor Pabón. Salió por multitud de causas, pero no por lo que se pretende afirmar. Queríamos darle más dinámica a esa oficina y otras mil razones, pero no por la que se señala.

El Fiscal estadounidense John Beasley jamás me comentó nada ni a mí ni a mis funcionarios sobre posibles nexos de empleados de la Fiscalía con paramilitares y no es cierto que los testigos del caso de Papa Tovar hayan salido del Programa de Protección de la Fiscalía.

El fiscal estadounidense tuvo acceso a lo que tenía que tener acceso. A los testigos y a sus familias se les protegió. De hecho hay unas en el sur del continente y otras en Europa. Se les dio protección y se les sacó del país.

Reto a cualquier funcionario de Estados Unidos bajo o alto a que me diga cuándo hizo siquiera una alguna insinuación sobre los funcionarios.

En materia de optimizar el Programa de Protección tenemos es acompañamiento y colaboración. En cuanto a mí, estoy alerta a que se dé cualquier información acerca de personas que estén infiltradas, no solo del paramilitarismo sino de cualquier grupo criminal .

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