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CONDENA A LA NACIÓN POR ERRADA OPERACIÓN POLICIAL

CONDENA A LA NACIÓN POR ERRADA OPERACIÓN POLICIAL

El primer tiro que me disparó me lo pegó en la boca y empecé a sangrar y él se devolvió y dijo este h.p. es que no se muere y yo le suplicaba que no me matara que no era guerrillero y él volvió y me disparó... Luego llegaron más señores de esos del F-2 que hablaban por esos radios y yo escuchaba que contaban por esos radios que todos muertos, ningún herido .

Este testimonio del único sobreviviente de seis pasajeros de una buseta que fueron muertos por la Policía en una operación contra el M-19 en 1985, fue uno de los elementos claves para determinar la resposabilidad del Estado en los hechos y condenar a la Nación al pago de una millonaria indemnización.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativamente responsable al Estado por la muerte de cuatro personas en el sur de Bogotá, señaladas por la Policía como integrantes del grupo subversivo.

El fallo de la corporación estudia la actuación de la Policía en una operación antiguerrilla el 30 de septiembre de 1985, en varios barrios del sur.

Ese día, hacia las 8 de la mañana, varios guerrilleros del M-19 robaron un vehículo de transporte de leche en el barrio Las Malvinas y otros se llevaron un carro que transportaba mercados en el barrio Bochica Sur.

Inmediatamente después, en el sector de Bochica los guerrilleros montaron un cerco alrededor de los vehículos y repartieron la leche y los víveres entre los vecinos del lugar.

Mientras tanto, otros guerrilleros pintaron en los carros leyendas que decían Iván Marino presente. De pie Colombia, M-19 .

Ante la llamada de un vecino, la Policía llegó al sitio, mientras los integrantes del M-19 se dispersaron por la zona. En la operación policial perdieron la vida 11 personas, entre las que se encontraban guerrilleros del M-19 y ciudadanos ajenos a los hechos.

Las familias de Arturo Ribón Avilán, de 27 años; Javier Bejarano, de 22 años; Isabel Cristina Muñoz y José Alfonso Porras Gil, de 19 años, cuatro de las personas muertas, demandaron a la Nación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El Tribunal determinó que existió falla en el servicio de la Policía y que por lo menos en estos cuatro casos la muerte se produjo en situación de indefensión.

La primera actuación de la Policía se presentó en el interior de la buseta de placas SD-5369.

Minutos después de que la buseta comenzara el recorrido desde el paradero del barrio Diana Turbay y cuando había seis pasajeros en el automotor, el agente Manuel Cristancho Romero subió al vehículo y tras identificarse como policía le pidió al conductor que lo llevara a la comisaría más cercana, es decir la ubicada en la Alcaldía de Tunjuelito, porque en esa buseta estaban varios delincuentes.

Fue en ese momento cuando tres de los hombres que estaban en la parte trasera de la buseta lanzaron hacia adelante un paquete que al parecer contenía una granada que hizo explosión.

Por esta razón el agente Cristancho disparó indiscriminada y repetidamente contra todos los pasajeros. El único sobreviviente narra que los guerrilleros que estaban medio muertos se quejaban y el volvió y les disparó .

Por estos hechos, los jueces penales militares se abstuvieron de llamar a juicio al agente Cristancho porque consideraron que su actuación se enmarcó dentro de la legítima defensa. Sin embargo, el Tribunal Administrativo desvirtuó este criterio, y dijo que por lo menos una de las víctimas era solo un pasajero accidental de la buseta.

Falta de pruebas En cuanto a la muerte de Luis Alfonso Porras Gil, el Tribunal encontró que los agentes procedieron a pesar del estado de indefensión de la víctima.

A las 8:30 de la mañana, dijeron los testigos, la Policía interceptó a Porras y a otro hombre, identificado como Hernando Cruz, en el interior del conjunto residencial La Aurora en los barrios Diana Turbay y San Martín de Loba.

Un testigo dijo que uno de los policías obligó a los dos hombres a caer al suelo. Un agente de civil les dijo a los otros agentes que estaban uniformados quítense y empezó a dispararles a los que estaban en el piso con una metralleta.

Por estos hechos fueron vinculados al proceso penal militar, pero absueltos por falta de pruebas los agentes José Velandia, Armando Mariño, Joaquín Camacho, Raúl Rondón, Henry Fernández, Dennis Alirio Cuadros, Jaime Vega, Durlandy Rojas, Miguel Martínez y Hugo Vargas.

El Tribunal de Cundinamarca, sin embargo, declaró aquí también la responsabilidad de la Nación.

Frente a la muerte de Arturo Ribón Avilán la narración de uno de los testigos permitió determinar que Ribón y una mujer, identificada como Yolanda Guzmán Ortiz, se encontraban en el barrio Molinos Segundo Sector cuando fueron capturados por la Policía y llevados a un callejón en donde posteriormente fueron muertos.

Finalmente, la Corporación condenó a la Nación por la muerte de la joven estudiante de Sicología de la Universidad Nacional, Isabel Cristina Muñoz.

La reconstrucción de los hechos señala que la joven, que se encontraba armada, entró a una casa que tenía la puerta abierta y pidió que la ayudaran.

Inmediatamente, los agentes subieron a la terraza de la vivienda y le dijeron a la dueña de la casa que obligara a Muñoz a salir de allí. La mujer le habló a la joven y le dijo que se rindiera, que no le iban a disparar.

Cuando la joven Muñoz salió de la casa con las manos en alto y arrojó el arma al piso, los agentes le dispararon y le causaron la muerte.

Los argumentos presentados por el Tribunal concluyen señalando que con esta falla de la Administración que ocasionó la muerte de estas personas, se causaron perjuicios irreparables a sus familiares.

Por esta razón, la Nación deberá pagar 6.500 gramos oro (casi 60 millones de pesos) a los afectados con estos hechos.

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