TLC: SU DIMENSIÓN POLÍTICA

TLC: SU DIMENSIÓN POLÍTICA

Las primeras movidas sobre el complejo tablero del TLC demuestran que esta negociación también tiene una importante dimensión política. Las conversaciones arrancaron con un rechazo del equipo colombiano a un borrador de tratado presentado por la delegación estadounidense. Que más que una actitud prepotente, o un típico cañazo inicial, debe interpretarse como un intento de la parte colombiana para enfrentar el proceso desde una perspectiva integral y conjunta. Diseñar primero un mapa de intereses, para encontrar áreas de coincidencia y cooperación y así facilitar el trámite de las diferencias. Y no, como suele suceder, empantanarse en el complejo campo de sensibilidades arancelarias y de conflictos sobre productos que hay que proteger a toda costa.

30 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Las primeras movidas sobre el complejo tablero del TLC demuestran que esta negociación también tiene una importante dimensión política. Las conversaciones arrancaron con un rechazo del equipo colombiano a un borrador de tratado presentado por la delegación estadounidense. Que más que una actitud prepotente, o un típico cañazo inicial, debe interpretarse como un intento de la parte colombiana para enfrentar el proceso desde una perspectiva integral y conjunta. Diseñar primero un mapa de intereses, para encontrar áreas de coincidencia y cooperación y así facilitar el trámite de las diferencias. Y no, como suele suceder, empantanarse en el complejo campo de sensibilidades arancelarias y de conflictos sobre productos que hay que proteger a toda costa.

Colombia no puede limitar su estrategia a un juego de transacciones arancelarias sin poner sobre la mesa cartas de negociación como su papel en la lucha contra las drogas, la amenaza terrorista o la necesidad de defender la democracia más antigua del continente. Algo parecido a los argumentos que invocó el presidente Alvaro Uribe cuando le pidió a la Unión Europea prolongar por diez años las preferencias unilaterales. Ya Alemania y Francia apoyaron la solicitud del gobierno colombiano.

Hay razones sólidas para demandar de Estados Unidos algunas concesiones. La estrecha colaboración entre los gobiernos de Uribe y de George Bush, por ejemplo, incluido el costoso apoyo a la controvertida guerra en Irak. Además, no hay que olvidar que el TLC reemplazará al Atpdea como régimen comercial y que este fue diseñado hace 12 años con el objetivo de apoyar a los países afectados por las drogas ilícitas. No tendría lógica que, precisamente ahora, cuando la alianza bilateral es más sólida que nunca -y se extendió a la cruzada antiterrorista-, no se aprovechen las consideraciones políticas en la compleja maraña arancelaria que normalmente obsesiona a los expertos del comercio exterior.

La receptividad a este tipo de argumentos dependerá del cambiante panorama electoral estadounidense. La campaña, probablemente, postergará hasta el 2005 la ratificación en el Congreso de los tratados ya concluidos, pero las negociaciones de los nuevos deberán terminarse antes del primero de junio de ese año, cuando se vencen las facultades del Ejecutivo (el famoso fast track). Habrá que ver qué pasa en las elecciones de noviembre, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso. La gran pregunta es si algunos sectores demócratas, partidarios del proteccionismo, aumentan su poder. La otra duda gira en torno al ambiguo pensamiento del candidato John F. Kerry, quien se ha manifestado a favor del libre comercio, pero ha expresado inquietudes sobre sus consecuencias sobre el empleo y el medio ambiente. Incluso, sugirió que el tratado con Centroamérica, firmado a finales del año pasado, se revise.

Un asunto político más que debe tener en cuenta el equipo negociador colombiano es la construcción de un consenso interno. Las críticas no se pueden desconocer ni silenciar. No compartimos la posición de quienes promovieron las protestas de Cartagena, pues negarse de plano al TLC equivale a aceptar un peligroso aislamiento en plena globalización. Tampoco estamos de acuerdo con que los manifestantes desconozcan elementales previsiones de las autoridades locales para proteger la ciudad vieja. Pero sería absurdo que el Gobierno se escudara en el pretexto de que en las manifestaciones hubo elementos radicales, para descalificar las críticas al TLC o para macartizar a sus promotores. Más aún cuando había un grupo de congresistas de oposición que querían hacer oír su voz.

La discusión es necesaria, precisamente porque el tema polariza y suscita controversia. En todos los foros del mundo donde se toman decisiones sobre libre comercio surgen intensas confrontaciones ideológicas. Lo importante es superar la reiteración de gastadas posiciones a favor o en contra, y en tal sentido el debate del martes pasado en el Senado fue un buen antecedente. Sirvió para dejar en claro que, más allá del texto de un TLC futuro, hay que abordar desde ya lo que algunos llaman la agenda interna : planes para fortalecer la competitividad exportadora de la economía. Toda una estrategia de largo plazo, que va desde urgentes medidas gubernamentales y reformas normativas, hasta necesarios cambios de mentalidad entre empresarios, que tendrán que demostrar su capacidad de competir sin la protección paternalista del Estado.

La separata sobre comercio exterior que publicamos el martes da una medida sobre la magnitud de la tarea que está por delante. La construcción de una auténtica actitud exportadora es mucho más dura -y trascendental- que la firma misma de un acuerdo. La infraestructura de puertos y transporte tendrá que renovarse y modernizarse, y por eso inquietan las protestas violentas contra la construcción de vías más amplias y modernas. Se necesitarán políticas más serias de acceso a la ciencia y la tecnología, y nuevas concepciones sobre estrategias de venta y comercialización. Lo cual requerirá, a su vez, un mejor conocimiento de los mercados y un papel más activo de Proexport y la Cancillería. Será imposible atraer nueva inversión extranjera si no se trabaja con seriedad en unas reglas de juego estables que den garantías de seguridad jurídica, y en la sostenibilidad de los éxitos de la política de seguridad democrática. Una agenda amplia y ambiciosa, en fin, que demandará romper paradigmas en materia de liderazgo gubernamental y de relaciones entre el Estado y el sector privado.

El proceso que se viene es, en fin, complejo y la mejor manera de afrontarlo no es ni tirando piedra ni con eufemismos ideológicos que presentan al TLC como una panacea. Más bien habría que poner en marcha, de inmediato, una estrategia política que apoye al connotado grupo de economistas -de innegables credenciales técnicas- que se sentarán a la mesa frente a la experimentada y firme señora Regina Vargo.

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