EMBARGAN CUENTAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

EMBARGAN CUENTAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

La mayor parte de las cuentas bancarias del Ministerio del Interior y Justicia fueron embargadas por dos jueces laborales de Popayán, que exigen el pago de 5.000 millones de pesos a once funcionarios de los tribunales que funcionan en la capital del Cauca.

29 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

La mayor parte de las cuentas bancarias del Ministerio del Interior y Justicia fueron embargadas por dos jueces laborales de Popayán, que exigen el pago de 5.000 millones de pesos a once funcionarios de los tribunales que funcionan en la capital del Cauca.

La noticia fue confirmada por el ministro, Sabas Pretelt de la Vega, quien dijo que todo hace parte de un pleito entre unos 1.100 magistrados de los tribunales regionales, magistrados auxiliares y funcionarios del mismo rango de la Procuraduría y la Fiscalía General, que le costaría al presupuesto nacional unos 430 mil millones de pesos.

El pleito empezó a raíz de la derogación de un decreto expedido por la administración Samper, el cual establecía que el salario de esos funcionarios equivaldría al 60 por ciento del que devengan los magistrados de las altas cortes. En sus considerandos, el mismo decreto decía que la meta era llegar al 70 y al 80 por ciento de estos salarios.

Cuando la administración Pastrana derogó el decreto, comenzaron las demandas en los tribunales administrativos -que exigían no solo la nivelación al 60 por ciento, sino al 70 y al 80-, que fueron falladas a favor de los demandantes por parte de conjueces.

Uno de esos fallos se produjo hace dos años en Popayán, pero no había sido cumplido. En abril pasado, los once funcionarios iniciaron un proceso ejecutivo contra el Ministerio del Interior y Justicia, el cual fue fallado hace diez días.

"Eso es insólito, las cuentas del Ministerio del Interior y de Justicia embargadas por la justicia. Giros que vienen de Hacienda, por ejemplo para pagar la nómina, no se pueden hacer porque si caen en esas cuentas, quedan embargados", dijo Pretelt.

El ministro precisó que la nónima de mayo alcanzó a pagarse y que tendrán que buscarse fórmulas de arreglo para levantar el embargo.

Pretelt dijo, sin embargo, que la situación perjudica los giros para el sostenimiento de los albergues donde están los reinsertados de los grupos armados ilegales y el presupuesto para atender emergencias en el sistema carcelario.

Añadió que un grupo de empleados del ministerio interpuso una tutela contra la sentencia, alegando que viola el debido proceso y el derecho al trabajo.

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