ENERGÍA ENREDA A LATINOAMÉRICA

ENERGÍA ENREDA A LATINOAMÉRICA

La historia reciente de la industria del gas natural en Bolivia parece ofrecer un argumento imbatible para la privatización de los recursos energéticos de un país.

30 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

La historia reciente de la industria del gas natural en Bolivia parece ofrecer un argumento imbatible para la privatización de los recursos energéticos de un país.

En 1996, el gobierno sancionó una ley de hidrocarburos fundamental que vendió una participación del 51 por ciento en el sector del gas a empresas extranjeras como Royal Dutch/Shell y Repsol YPF de España, y bajó la tasa de regalías percibida por las ventas de gas del 50 al 18 por ciento. Las empresas extranjeras reaccionaron como corresponde, invirtiendo alrededor de 500 millones de dólares anuales entre 1998 y 2002.

Al término de dicho período, las reservas conocidas de gas natural en Bolivia se habían multiplicado casi nueve veces pasando a 54,5 billones de pies cúbicos, lo que dio a este pobre país andino las reservas más grandes de América Latina después de Venezuela.

Pero los aportes decepcionantes del sector al tesoro del país generaron entre los políticos bolivianos un amplio apoyo tendiente a restablecer las antiguas regalías y el control estatal. Algunos han propuesto incluso nacionalizar la industria del gas. Los electores votarán el mes que viene en el primer referéndum en la historia del país por las políticas relativas al gas natural.

"El pueblo exige la recuperación del gas de las corporaciones transnacionales", dice el sindicalista Roberto de la Cruz. "Es la única forma de reducir la pobreza".

Nacionalizar la industria del gas es una opinión de la minoría en Bolivia. Pero ciertamente refleja el desencanto creciente en toda Latinoamérica con la privatización de los recursos energéticos. En la carrera febril por adoptar los modelos de crecimiento económico de libre mercado durante la década de 1990, los gobiernos, desde Venezuela hasta Argentina, abrieron sus sectores energéticos a la inversión extranjera. Era lógico en ese momento porque muchas empresas de petróleo, gas y electricidad estatales carecían del capital necesario para expandir las operaciones y seguir el ritmo de la demanda creciente.

Sin embargo, debido en parte a las presiones políticas y las disputas regulatorias, la privatización no alcanzó el resultado esperado. Argentina, por ejemplo, enfrenta escasez de gas justo cuando se acerca el invierno en el Hemisferio Sur. Para paliar el problema, el país redujo las exportaciones a Chile y Uruguay, generando problemas de escasez en esos países. El mayor problema del sector energético de América Latina no es el exceso -o la falta- de privatizaciones. Es que ningún país encontró el equilibrio justo entre la inversión (o la propiedad) extranjera y la supervisión estatal, una mezcla política capaz de promover la producción, aumentar los ingresos estatales, proteger a los consumidores de los precios altos y dar a las compañías extranjeras suficientes incentivos (léase: ganancias) como para seguir invirtiendo en infraestructura energética.

El intento del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada de dirigir las exportaciones de gas natural a California y México el año pasado desató un levantamiento populista que llevó a su derrocamiento pasados apenas 14 meses de su mandato. No es para nada sorprendente, pues, que los políticos se resistan a ceder el control de un recurso natural a extranjeros.

En ningún lugar esto es más evidente que en México, donde el monstruo Petróleos Mexicanos, o Pemex, mantiene un persistente monopolio sobre la exploración y producción de petróleo y gas. México fue el primer país en desarrollo que nacionalizó su industria petrolera cuando expropió a las empresas estadounidenses y británicas en 1938.

El aniversario de esa audaz decisión se celebra solemnemente cada año. Cuando la fiebre de privatizaciones asoló todo México a mediados de la década de 1990, Pemex permaneció firme en manos estatales mientras se vendían bancos estatales, siderurgias y la empresa telefónica.

Es posible, sin embargo, que las presiones del mercado generen cambios. El Secretario de Energía, Felipe Calderón, estima que México debe invertir 130.000 millones de dólares en su industria de petróleo y gas en la próxima década para satisfacer su creciente demanda, y Pemex sola no será capaz de reunir ese nivel de capital.

Los funcionarios de Pemex eludieron la prohibición constitucional a la inversión extranjera ofreciendo los denominados contratos de servicios múltiples que, efectivamente, pagan a las compañías privadas los costos de exploración y producción. Los activos físicos siguen perteneciendo al Estado, condición que disuadió a importantes empresas de energía estadounidenses de aprovechar la oportunidad.

El área que más siente la crisis energética en América Latina es el Cono Sur. Cuando Argentina devaluó su moneda y entró en cesación de pagos por su deuda externa a fines de 2001, el gobierno congeló las tarifas públicas para mantener la inflación controlada. Algunas de las empresas que se vieron más afectadas fueron las europeas y estadounidenses que contrajeron deudas sustanciales en dólares al hacerse cargo de las compañías de gas natural de Argentina en la década de 1990.

Las empresas extranjeras respondieron al congelamiento de precios que estaban autorizadas a cobrar congelando la nueva inversión. Pero recién ahora se sienten las consecuencias totales de esa impasse entre la industria y el Estado. Los funcionarios públicos les han dicho a los argentinos que disminuyan su consumo de gas este invierno si quieren evitar abultados aumentos de tarifas.

Para bien o para mal, la tendencia que se impone apunta a una mayor intervención estatal. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, frenó más privatizaciones en el sector energético híbrido del país. Si bien un 75 por ciento de la distribución de energía en Brasil está manejado por empresas de servicios privadas, el gobierno sigue siendo propietario del 80 por ciento de la capacidad generadora de energía.

Al jugar la carta estatista, Lula ignora las lecciones de uno de los mayores éxitos del país. A comienzos de la década de 1990, Brasilia en gran medida rompió sus vínculos con Petrobras, el monopolio petrolero estatal, dando a la empresa vía libre para operar como empresa privada. Petrobras aprovechó su autonomía, aventurándose fuera de Brasil y firmando convenios con empresas estatales y privadas. En la actualidad, produce 85 por ciento del petróleo que consume Brasil, un giro sorprendente respecto de los años 70, cuando el país importaba 85 por ciento de su petróleo.

La privatización no fue una panacea para todos los males energéticos de América Latina. Pero los monopolios petroleros estatales tampoco son la respuesta, y la mayoría de los gobiernos de la región tendrán que seguir trabajando con las empresas energéticas extranjeras que necesitan y temen.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.