ADIÓS A LAS ARMAS

ADIÓS A LAS ARMAS

El miércoles pasado, la Cámara de Representantes aprobó, en tercer debate, el proyecto de armas y municiones que, con el dudoso propósito de organizar la normatividad sobre las armas, permitiría a los particulares el acceso a estos mortíferos elementos de uso restringido en situaciones excepcionales. Y que incrementaría el libre porte de armas, lo cual va en contravía del sentir de la mayoría de los ciudadanos y del propósito y el esfuerzo de los alcaldes de las principales ciudades, que rechazaron la iniciativa. Y que ignora, además, los irreparables daños que han causado en este país las armas en manos de los civiles, y muchas de las conquistas obtenidas en las campañas de desarme en distintas ciudades agobiadas por las altas tasas de homicidios. Con todo eso, el proyecto va como un tiro.

31 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

El miércoles pasado, la Cámara de Representantes aprobó, en tercer debate, el proyecto de armas y municiones que, con el dudoso propósito de organizar la normatividad sobre las armas, permitiría a los particulares el acceso a estos mortíferos elementos de uso restringido en situaciones excepcionales. Y que incrementaría el libre porte de armas, lo cual va en contravía del sentir de la mayoría de los ciudadanos y del propósito y el esfuerzo de los alcaldes de las principales ciudades, que rechazaron la iniciativa. Y que ignora, además, los irreparables daños que han causado en este país las armas en manos de los civiles, y muchas de las conquistas obtenidas en las campañas de desarme en distintas ciudades agobiadas por las altas tasas de homicidios. Con todo eso, el proyecto va como un tiro.

Menos mal que con algo de sensatez, la propuesta de permitir que particulares pudieran conformar departamentos de seguridad propios, con más de cinco armas de tenencia en los bienes inmuebles rurales, fue retirada del proyecto. Era la pólvora que faltaba para que se armaran de nuevo los controvertidos grupos de autodefensa, también conocidas como las Convivir.

Este diario ha respaldado abiertamente las campañas por el desarme, como las adelantadas en Bogotá por la administración Mockus, la del padre Alirio López y las de otras ciudades. El ex mandatario capitalino y el sacerdote han librado una ardua y costosa lucha contra la proliferación alarmante de armas ligeras ilegales, que son las causantes del 75 por ciento de las tres mil muertes violentas que ocurren al año en Bogotá. La solución al problema de violencia no está en legalizar el 60 por ciento de armas en circulación que no están amparadas con salvoconductos. Las armas, sobre todo las que se comercian en el mercado negro, deben ser perseguidas. Armar a más personas solo conlleva un peligro gravísimo para la seguridad de la inmensa mayoría de ciudadanos pacíficos, que suelen ser las principales víctimas de los que, legal o ilegalmente, las cargan al lado de los celulares.

A comienzos del 2001, al aplaudir la campaña de desarme iniciada por el alcalde Mockus, anotamos que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, en Bogotá, en manos de particulares, hay más de un millón de armas ilegales, que hacen parte de un tráfico mortífero alimentado por una mafia que comercializa metralletas por 800 mil pesos y revólveres por 50 mil pesos. Ellos son los únicos que ganan. Hoy, el número de armas ilegales en Bogotá se ha duplicado y el negocio es cada vez más lucrativo para los traficantes ilegales. Gracias a la prohibición es posible ejercer cierto control sobre el porte ilegal de armas y aplicar las debidas sanciones a quien sea sorprendido con el uso pasivo o activo de alguna de ellas. No es difícil anticipar lo que serían las consecuencias del impopular proyecto de ley que le permitiría armarse a cualquier ciudadano, en un entorno caracterizado por altas tasas de criminalidad e impunidad, donde es frecuente que se busque hacer justicia por mano propia.

No faltan quienes alegan el derecho a la defensa y a la protección de sus bienes. O los que cuestionan que son precisamente los delincuentes los que sí portan las armas y no les son decomisadas. Pero se trata más bien de exigir mayor control de parte de la Policía, y que se legisle, en cambio, a favor de incrementar sanciones a quienes las carguen y las comercien como frutas. Es apenas obvio exigir que el monopolio de las armas esté en manos del Estado, pero este tiene el deber ineludible de defender a los ciudadanos.

Lo que se busca con desespero en este país es la paz, el desarme físico y de los espíritus. El libre porte de armas podría hasta cuadruplicar el número de víctimas de la violencia. Por desgracia, la mayoría de los que adquieren uno de estos artefactos en el mercado ilegal lo hacen con la intención de lesionar a alguien, bien sea en acción agresiva o defensiva.

Lo mejor que se puede hacer con el miedoso proyecto de legalización y venta libre de armas, es archivarlo. Con ello se estarán salvando miles de vidas. Incluidas las de muchos menores, víctimas del descuido de los que portan armas o disparan por diversión.

editorial@eltiempo.com.co

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