La Unión Patriótica surge a la vida política nacional en 1984 como producto de las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y las Farc, como un escenario político en donde deberían caber las fuerzas contrarias al establecimiento para realizar los cambios estructurales que la sociedad reclamaba y reclama aún, con el compromiso del gobierno nacional de brindar las garantías necesarias para su actividad proselitista.
EL gobierno, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y las leyes, otorgará a la U. P. y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El gobierno hará recaer el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos a niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponde. También otorgará el Gobierno a las Farc las garantías y libertades que requieren para el proceso de incorporación de sus directivos a la vida política(Acuerdo firmado entre el gobierno de Belisario Betancourt y las Farc, enero de 1986).
Pero ante el crecimiento de esta alternativa política los sectores más recalcitrantes de la oligarquía colombiana adoptaron la estrategia del genocidio de los dirigentes, militantes y simpatizantes de la U. P. que dio como resultado el homicidio de dos candidatos a la Presidencia de la República, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales, un sinnúmero de dirigentes militantes de base que podrían pasar de 3.000 personas. El mayor sacrificio lo ha sufrido el Partido Comunista Colombiano a quien le han asesinado la mayoría de su militancia en la apuesta por la UP.
Ante la impunidad del Estado colombiano, la UP y el PCC deciden el 16 de diciembre de 1993, por intermedio de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, demandar al Estado colombiano por el genocidio contra la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa demanda es aceptada por dicha institución en 1997 y da comienzo a un proceso llamado Solución Amistosa que consiste no en una negociación donde es necesario ceder principios, si no simplemente que el Estado acepte su responsabilidad, se adopten las medidas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral a los familiares de las víctimas, sancionando penalmente a los responsables de tales asesinatos y masacres y la reparación política al Grupo, de tal manera que la UP pueda reincorporarse con plenas garantías al espectro político democrático del país.
Durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana y en lo que va corrido del presente gobierno se ha venido trabajando conjuntamente en la solución de tremenda verguenza nacional y como lo aseguró el señor Vicepresidente de la República en la reciente instalación del foro de víctimas de la UP de Bogotá y Cundinamarca, doctor Francisco Santos, el gobierno aspira al concluir su mandato tener resuelto el caso, pese a que en este gobierno, los paramilitares han asesinado a 32 militantes nuestros, con la desaparición forzada de 21 compañeros más, lo cual demuestra muy a las claras que el genocidio aún continúa para desgracia del pueblo colombiano, pero la esperanza y la lucha no se detienen.
* Dirigente de la UP en el Tolima