El viernes de la semana pasada Arrieta entregó los resultados de la investigación que cursa contra el hermano del Presidente de la República. En ellos señala que si bien no hubo favoristismo de las entidades públicas con el arquitecto, empresas de éste sí estarían comprometidas en siete posibles irregularidades.
Las presuntas anomalías consisten, según la Procuraduría, en cobros arbitrarios por instalación de servicios públicos, exoneración de pago de servicios básicos, retención indebida de subsidios de vivienda, construcción y venta de inmuebles sin licencias definitivas y cambio de normas para favorecer una urbanización del arquitecto Gaviria.
Además, el informe del Procurador le pide a la Dirección de Impuestos Nacionales entrar a establecer si Gaviria evadió o no el pago impuestos.
Según el Ministerio Público, el 31 de agosto de 1991 el arquitecto Gaviria le entregó a Concasa una relación de ingresos por 606 173.120 pesos, pero en su declaración de renta de ese año gravable, el profesional sólo reportó $332 239.000. Para los investigadores de la Procuraduría, ese posible desfase patrimonial puede significar evasión de impuestos.
Respecto a posibles diferencias existentes entre la información que aparece en mis balances comerciales y en mis declaraciones de renta, le informo que ello no constituye prueba de evasión fiscal ni nada semejante , dice Gaviria en la carta.
En el mensaje agrega: Quisiera subrayar la enorme importancia que tiene la conclusión central de su informe. De su lectura resulta evidente que no hubo tal favoritismo y que en ninguna forma he sido beneficiario del favor del sector público en virtud de mi parentesco con el Presidente .
En la carta al Procurador el funcionario asegura que cuando el municipio de Dosquebradas (Risaralda) amplió el perímetro urbano, no sólo lo hizo en el lugar donde una de sus empresas estaba construyendo la primera etapa de la urbanización Bosques de la Acuarela, sino que lo realizó también en otros sectores de esa ciudad.
Según Gaviria, el cargo de la Procuraduría por presunta exoneración del pago de servios básicos en favor de una de sus empresas no es cierto.
La compañía --dice el mensaje-- no fue exonerada del pago de las matrículas ni tampoco se abstuvo de pagar los cargos fijos de las viviendas no enajenadas u ocupadas .
El arquitecto dice, igualmente, que no es cierta la acusación de la Procuraduría, según la cual, de manera irregular, una empresa constructora del profesional le exigió a los propietarios de una de las urbanizaciones hechas por esa compañía el pago de las matrículas de servicios públicos.
Esos pagos los realizó la compañía a medida que se iban ocupando las viviendas y por anticipado en otros casos, como consta en los recibos de pago anexos , dice Gaviria.
El urbanizador también asegura que no tiene sentido la afirmación de la Procuraduría según la cual empresas del arquitecto comercializaron inmuebles con licencias provisionales, cuando necesitaban, para hacer eso, licencias definitivas.
Según el profesional, una vez se otorga la licencia provisional de construcción, se obtiene de inmediato el permiso para realizar las ventas.
En cuanto al cargo por incumplimiento en el montaje de una empresa privada para la prestación de servicios públicos en la urbanización Bosques de los Lagos de Cartago, el arquitecto asegura que esa empresa no se realizó porque el proyecto inicial señalaba que debían construirse 1.400 soluciones de vivienda, pero sólo se desarrolló la primera parte del proyecto (422 inmuebles).
Gaviria asegura que el director del Departamento de Planeación de Cartago, Jorge Mauricio Ospina, no dijo la verdad cuando aseguró ante la Procuraduría que la terminación de la urbanización Bosques de los Lagos se suspendió por el incumplimiento de la empresa constructora, de propiedad del hermano del Presidente.
