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JUSTICIA CON ANTEOJERAS

JUSTICIA CON ANTEOJERAS

En menos de 24 horas dos de los tribunales más altos del país la Corte Suprema y el Consejo de Estado expiden, respectivamente, providencias prácticamente contrapuestas. En efecto, al amparo de la determinación de la sala penal de la Corte, mediante la cual se dictó un auto de detención sin beneficio de excarcelación contra el senador Ricaurte Lozada, uno de los hechos más significativos es que se presume la legalidad del Acuerdo 13 de 1991, por medio del cual el Concejo de Bogotá dictó los auxilios que, según interpretación de la Fiscalía, terminó en la decisión de que 15 ex concejales y 9 concejales fueran a prisión.

Decisión que no solo va en contravía de la argumentación de la Fiscalía para ordenar la segunda detención del ex alcalde Caicedo Ferrer y de sus ex secretarios de Hacienda, Airó y Betancur, sino, asímismo, en contra de la conducta de los ediles encarcelados, por ordenar o incluso sugerir auxilios, independientemente de la destinación que a éstos se les dieron.

Que es la parte grave, como lo he sostenido reiteradamente, y es además por lo que ahora se dicta auto de detención contra el senador Lozada Valderrama. Es decir, mientras la Corte investiga el uso o destino que les dieron los ex concejales a esos dineros, para tipificar ahí sí el delito de peculado por extensión por apropiación, la Fiscalía ciñe sus investigaciones a la responsabilidad de los funcionarios en la aprobación del mencionado Acuerdo.

Es así como muchos de tales ex concejales han recuperado su libertad mediante la devolución de los auxilios destinados, aparte de si inicialmente se los robaron o no. Y es así, también, como otros aún se mantienen tras las rejas, no tanto porque no hayan logrado conseguir tal dinero para comprar su libertad, como porque consideran que en sus casos se ha incurrido en tremenda arbitrariedad, bajo la premisa de que el que nada debe, nada teme.

En este punto, el ejemplo más aberrante y patente de justicia morosa es el del doctor Carlos González Vargas, quien no solamente no hizo mal uso de tales auxilios, sino que cuando se aprobó el famoso Acuerdo 13/91 ni siquiera era concejal, luego no participó en dicha autorización. Para entonces, González Vargas había renunciado a su curul para aceptar ser Superintendente de Sociedades y por consiguiente no pudo destinar, en la práctica, ningún tipo de aporte, por prohibidos que estuvieran. Los cuales, de acuerdo con esta reciente posición de la Corte Suprema, no eran a la postre tan prohibidos.

Sinembargo, un día después, la sección primera del Consejo de Estado ha declarado la nulidad del artículo tercero del decreto 777 de mayo de 1992, mediante el cual el Gobierno reglamentó la entrega de auxilios a entidades privadas sin ánimo de lucro. Esto es, hospitales, academias, escuelas y colegios, becarios del Icetex y todo tipo de entidades de interés social. Según ponencia del magistrado Miguel Rodríguez González, el artículo 355 de la nueva Constitución es tajante en el sentido de prohibir el otorgamiento de auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, salvo aquellos contratos con entidades sin ánimo de lucro que tengan aval en un plan nacional de desarrollo.

Con todo respeto, la decisión del Contencioso Administrativo es de un rigorismo que raya con la miopía. Obsérvese lo siguiente: según dichos magistrados, carece de sustento jurídico supeditar la entrega de auxilios oficiales a programas aprobados por el Conpes hasta agosto de 1994. Resulta sinembargo que los contratos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, para poder girar aportes, debe presentarlos el Gobierno durante los primeros seis meses de iniciada su Administración, y ese lapso hace rato pasó. No solo pasó sino que la nueva Carta fue promulgada mucho después de tales primeros seis meses, y por eso el Ejecutivo resolvió superar el inconveniente supeditando la entrega de auxilios a programas aprobados por el Conpes.

Qué ocurrirá ahora? Que el Gobierno no podrá volver a realizar este tipo de contratos con entidades que los necesitan, sino consagrándolos en el próximo Plan de Desarrollo, que se estudiará y aprobará a partir de los primeros seis meses del Gobierno entrante, cualquiera que sea. Esto es, después del 7 de agosto de 1994. Y mientras tanto? Es consciente el Consejo de Estado de que con esta decisión el país está abocado a un problema de orden público de consecuencias imprevisibles? Pues, efectivamente, hasta las academias de ciencias y letras podrán cerrarlas, en una nación que al fin y al cabo está acostumbrada a tratar la cultura a las patadas, pero aguardemos a ver qué ocurre cuando todas las entidades de caridad, comenzando por los hospitales, ancianatos, asilos, orfanatos y demás organismos de beneficiencia empiecen a cerrarse.

Definitivamente no hay Justicia más peligrosa y clasista que la que se administra con anteojeras.

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