SAN ANDRÉS: LA AUSTERIDAD NO BASTA

SAN ANDRÉS: LA AUSTERIDAD NO BASTA

A pesar de que la administración se ha apretado el cinturón en los cien días anteriores, siguiendo las recomendaciones económicas del Gobierno, una nube empaña el horizonte de la intendencia de San Andrés y Providencia. Ha sido una primera etapa de apretar y apretar: se empezó por la aplicación de un riguroso plan de austeridad en el gasto público, desde la reducción de los sueldos del intendente y sus secretarios en un 25 por ciento hasta la congelación de la contratación de suministros.

25 de enero 1991 , 12:00 a.m.

Se redujo la nómina intendencial en más de 2OO personas de 1.200 empleados se bajó a unos mil, cuyo costo representaba unos veinte millones de pesos mensuales. Medida que ha provocado el descontento entre algunos sectores políticos.

En el sector comercial se duplicaron los ingresos por concepto del 10 y 15 por ciento que se cobra a las mercancías que entran y salen por el puerto libre. Hasta octubre del año pasado entraban unos 300 millones de pesos. Ahora son más de 600 millones. Pero estas medidas no son suficientes. De acuerdo con los informes de su equipo económico, al cierre de la vigencia presupuestal de 1990, las deudas y obligaciones de todo tipo alcanzaron seis mil millones de pesos.

Las cifras anteriores hacen parte del primer balance presentado por el intendente Kent Francis James sobre los primeros cien días de su administración. Francis, quien le expuso ayer la situación al ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, dijo que las islas requieren cuanto antes de una refinanciación de unos cuatro mil millones de pesos. Esta depende de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), la cual analiza los informes financieros presentados al Ministro. Los recursos estarían destinados exclusivamente a obras de infraestructura, lo cual implica que la deuda seguirá ahí.

Aceptamos este reto, heredando un déficit de inmensas proporciones (seis mil millones de pesos contra un presupuesto de 10.600 millones para este año), deficiencias en los servicios públicos, una insostenible carga burocrática y un paisaje herido de gravedad , dijo.

Simón Gónzalez le entregó a María Terese Uribe una administración con un superávit próximo a los 600 millones de pesos. Las cuentas por pagar llegaban a unos 900 millones de pesos, pero habían unos 1.500 millones representados en bonos de depósito a termino , explicó Francis a EL TIEMPO.

Necesitamos establecer índices del setenta por ciento para la inversión y del treinta por ciento para gastos de funcionamiento, promedios que en la actualidad se encuentran prácticamente a la inversa , agregó Francis.

Al finalizar la administración del ex intendente González, en 1988, el setenta por ciento del presupuesto estaba destinado a la inversión y el resto a gastos de funcionamiento. Actualmente solo el 28 por ciento figura como inversión. Sinembargo, la crisis ha llegado a tal punto que el déficit absorbió el ciento por ciento de los recursos.

Ante esta situación, Francis anunció nuevos gravámenes para algunas actividades altamente lucrativas, vinculadas al turismo y negocios de finca raíz. Paradógicamente, mientras que la administración está empantanada y la clase trabajadora pasa grandes necesidades, a los inversionistas y comerciantes les va superbien. Aquí es donde se evidencian los malos manejos y la falta de una orientación correcta en la economía de las islas , agregó Francis.

Francis dijo que se gestiona una nueva refinanciación de las obras del terminal aéreo de San Andrés y la represa de Providencia, semiparalizadas por falta de dinero. Los recursos de la Nación llegaron, pero fueron desviados hacia otro tipo de compromisos .

La ex intendente Uribe ordenó el desvío de unos 1.2OO millones de pesos destinados a inversiones específicas. Una comisión de la Contraloría General de la República, la cual acusó a la funcionaria, señaló que 541 millones de pesos, destinados a la represa, y 67O millones para el Plan Maestro del Aeropuerto Sesquicentenario nunca llegaron a su destino.

En relación con la situación energética, el Intendente dijo que el deficiente servicio prestado por la Electrificadora de San Andrés y Providencia (Electrosan) solo se solucionará dentro de un año, cuando entren a funcionar las plantas compradas por el Gobierno.

La solución definitiva a la crisis general de las islas debe surgir de una acción concertada entre el Gobierno, la administración intendencial, la comunidad y los inversionistas privados. Estos últimos se deben comprometer con mayores tributos y con el acatamiento de las normas sobre planeación de cada uno de los sectores económicos. A media luz En plena temporada turística, con hoteles llenos y una gran cantidad de visitantes extranjeros, Electrosan le incumplió a las islas nuevamente. Todos, nativos y turistas, han tenido que aguantar los intensos racionamientos.

Los funcionarios de la entidad, por su parte, no salen de su silencio sepulcral. Ni siquiera avisan sobre los cortes de luz, los cuales suelen ser hasta de seis horas.

La administración intendencial manifestó su preocupación, pero los racionamientos sorpresivos siguen. Hace poco, sinembargo, la Nación facilitó la compra de repuestos por 5OO mil dólares y la intendencia anunció la entrega de aportes a Electrosan.

Las protestas de los usuarios han sido constantes. Han denunciado arbitrariedades en la facturación. El presidente del Consejo Intendencial, Leslie Bent, anunció una protesta para reclamar soluciones definitivas. Apoyo político a medias Algunas de las medidas tomadas por Francis, en la primera etapa de su administración, han generado reacciones encontradas entre los sectores políticos isleños. Mientras que unos grupos amenazaron con retirarle su apoyo, otros ya lo hicieron. Avanzada Liberal, orientada por Ana García de Petchalt, se mostró en desacuerdo con el recorte burocrático.

El Grupo de los Seis, coalición mayoritaria que hasta ahora apoya a Francis, ha realizado numerosas reuniones últimamente con el ánimo de equilibrar las cargas y mantener o retirar su apoyo.

Ante esta situación, el intendente le dijo a EL TIEMPO que lamentaba que algunos sectores se manejaran con criterios de milimetría y egoísmo ante la situación tan grave que atraviesan las islas.

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