RESPONSABILIDADES JURÍDICAS, LO QUE SIGUE

RESPONSABILIDADES JURÍDICAS, LO QUE SIGUE

En los próximos días, cuando el torrente de dolor de paso a la serenidad, comenzará para las familias afectadas, para la firma contratista de la troncal Suba y para la propia Administración, un enmarañado proceso jurídico que determinará las responsabilidades de carácter civil extracontractual, disciplinarias, penales y fiscales a que haya lugar.

02 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

En los próximos días, cuando el torrente de dolor de paso a la serenidad, comenzará para las familias afectadas, para la firma contratista de la troncal Suba y para la propia Administración, un enmarañado proceso jurídico que determinará las responsabilidades de carácter civil extracontractual, disciplinarias, penales y fiscales a que haya lugar.

La investigación penal, que recae sobre las personas en este caso el conductor de la recicladora ya fue iniciada por la Fiscalía General. Podrían aparecer otras personas vinculadas, si, por ejemplo, dentro de la empresa se tenía que cumplir con algún protocolo para que la máquina saliera y alguien no lo hizo.

Otra es la responsabilidad disciplinaria que recae sobre los funcionarios o aquellos particulares que estén desarrollando una actividad pública. En un momento dado y si así lo determina la investigación, podrían quedar involucrados los representantes legales del interventor o el contratista, responsables de la obra.

De hecho, ya la Personería Distrital inició una investigación disciplinaria que cobija, entre otros, a la directora del IDU, al Secretario de Tránsito y al director de la oficina de Prevención y Atención de Emergencias (Dpae). En cualquier caso, el Ministerio Público tiene que probar que hay causalidad entre el hecho (la tragedia) y la conducta del funcionario.

La responsabilidad que posiblemente más golpeará al contratista es la extracontractual, afirman expertos en derecho administrativo consultados por EL TIEMPO.

Frente a una situación relacionada con un contrato público, las personas afectadas pueden acudir al Derecho Administrativo y buscar la acción de reparación directa, es decir, resarcir daños y perjuicios morales como el sufrido por los padres.

Aquí se tiene en cuenta tanto la expectativa de vida que tenía el menor que falleció como la posibilidad de ingresos que pudo generar durante su vida laboral, entre otros.

Para estos casos, EL TIEMPO estableció que el contrato suscrito entre el consorcio Alianza Suba Tramo II y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tiene una póliza de responsabilidad civil por mil millones de pesos por daños a terceros. Los mil millones son por un siniestro, y cada vez que pague alguno, tiene que reponer la póliza.

La demanda la interpondrían los familiares contra quien resulte responsable. A juzgar por las declaraciones del Alcalde Mayor, se trataría del contratista, pues la causa directa de la tragedia fue la máquina que se movilizó violando todas las normas del caso, según el informe final de la interventoría.

De todas formas, la persona tiene que probar que hay incumplimiento del contratista. Y sobre todo, tienen que probar los perjuicios.

La última arista jurídica tiene que ver con la responsabilidad fiscal, que está en manos de la Contraloría. Busca determinar si por una conducta dolosa o culposa se causó un detrimento al Estado. Pero mientras no haya una condena, no se puede hablar de detrimento del patrimonio público.

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