NUESTRA GUERRA!

NUESTRA GUERRA!

Por la misma complejidad del problema, no resulta fácil entender cuál es la política del Gobierno en materia de paz. Concretamente frente a las Farc y el ELN, que son las organizaciones guerrilleras que están haciendo de las suyas en materia de orden público. En efecto, mientras el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, precisó recientemente que no es posible adelantar ningún tipo de diálogo con las mencionadas organizaciones, en las actuales circunstancias, el Consejero para la Paz, Jesús Antonio Bejarano, afirmó que habrá cambio en la política de paz, pues --según información de EL TIEMPO-- es urgente crear un clima de discusión en lo referente a esa política --en algunos aspectos-- a la que hasta ahora ha tenido curso ante los ojos de la opinión. El cambio estaría encaminado a permitir conversaciones con las Farc y el ELN, con los que al parecer se han reanudado los contactos telefónicos .

25 de enero 1991 , 12:00 a.m.

Todo ello, al tiempo que ocurren dos hechos. El primero, el indulto decretado por el Gobierno para el Ejército Popular de Liberación (EPL) y para el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organizaciones que, según se dice, reúnen a más de dos mil guerrilleros, próximos a ser perdonados de sus delitos políticos (aunque sean comunes); y la inminencia de que en la lista siga el Quintín Lame, para incorporarse a este proceso de paz.

El otro hecho es que tanto las Farc como el ELN están más duros que nunca, cometiendo toda clase de atrocidades y colocando en grave peligro la economía colombiana. Según información de El Nuevo Siglo, después del bombardeo a Casa Verde ha habido 14 atentados contra instalaciones petroleras, que han dejado pérdidas por casi 15 mil millones de pesos. En tales acciones, que antes las realizaba exclusivamente el ELN, ahora se han sumado las Farc, independientemente de las voladuras de torres eléctricas, los secuestros de soldados y policías en calidad de prisioneros de guerra (a la manera de Hussein), extorsiones, emboscadas, cierres de vías, asaltos a buses, etc.

Dichas acciones contra el patrimonio del Estado y la seguridad de los colombianos resultan aún más lamentables y crueles, cuando de todos es conocido que los precios del petróleo se encuentran por las nubes, en razón del conflicto entre los Estados Unidos e Iraq. Es decir: cuando para nosotros la demanda del crudo mayor rentabilidad podría significar en los mercados mundiales, mientras leemos que los pozos de Kuwait arden en llamas, los actos terroristas frustran esta hermosa expectativa, sin que nos percatemos demasiado de lo que en términos económicos representa semejante decepción.

Por qué las Farc también decidieron declararles la guerra a los oleoductos, en un momento tan neurálgico como el que vivimos? La única respuesta clara es que se trata de una retaliación al bombardeo a Casa Verde, cuyas consecuencias al parecer ni las propias Fuerzas Armadas sabían --a ciencia cierta-- hasta dónde iban a llegar. En este instante me atrevería a pensar que, si de guerra se trata, las represalias de las fuerzas insurgentes han superado con creces los efectos eventualmente devastadores del bombardeo a Casa Verde, cuya justificación cada vez resulta más difícil de encontrar, desde el punto de vista táctico y argumental.

De manera que al Gobierno le quedan solamente dos caminos, distintos de ponerse a deshojar margaritas para saber si se debe o no cambiar la política de paz, a fin de hablar o no hablar en serio con las Farc. Uno es afrontar la agresión de que está siendo víctima, y que está causando incontables destrozos materiales y humanos, a un costo muy alto pero que, según algunos sectores, sería apenas el paso obvio a seguir, después del ataque militar a Casa Verde; el otro es plantear, en medio del conflicto, la alternativa del diálogo en forma tajante y sin disimulos, y aun contradictoriamente con lo que en principio se decidió, como fue la declaratoria del enfrentamiento bélico. Con mayores veras cuando se ha ampliado el plazo, hasta marzo, para que los movimientos guerrilleros que se entreguen puedan participar --con voz y voto-- en la Constituyente. Si no, con qué propósitos se amplió ese plazo? Lo único inaceptable sería continuar nadando en aguastibias, a falta de negociaciones que no se sabe si se han agotado o si se han reiniciado, y en qué punto van. Y si se están llevando a cabo de frente o por la puerta de atrás, sin mucha receptividad y solo para dilatar una situación de orden público que para determinados colombianos se ha vuelto prácticamente insoportable. Sobre todo para aquellos que viven en eso que llaman, despectivamente, la otra Colombia. Que es la que algunos torpemente se niegan a aceptar que existe, porque aún no habitan en ella.

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