DOBLE CALZADA: DECIDE VENEZUELA

DOBLE CALZADA: DECIDE VENEZUELA

Paradójicamente, la adjudicación de la obra vial más ambiciosa del Gobierno Uribe -la doble calzada Bogotá-Girardot, tasada en más de 840 mil millones de pesos- depende de un coronel del Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.

05 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

Paradójicamente, la adjudicación de la obra vial más ambiciosa del Gobierno Uribe -la doble calzada Bogotá-Girardot, tasada en más de 840 mil millones de pesos- depende de un coronel del Ejército de la República Bolivariana de Venezuela.

En efecto, Ramón Carrizales, ministro de Infraestructura de ese país, será quien aclare si el Consorcio Vial del Sumapaz -uno de los más opcionados para quedarse con la concesión- tiene experiencia en la construcción de túneles o si, tal como los aseguran otros consorcios participantes, entregó información inexacta a este respecto.

La duda, que surgió el pasado 26 de abril -en medio de una acalorada audiencia pública en la que todos los participantes se imputaron anomalías- no solo tiene frenada la adjudicación del proyecto sino que, además, obligó al ministro de Transporte colombiano, Andrés Uriel Gallego, a aprovechar un desplazamiento a Caracas para preguntarle a su homólogo por el asunto.

La razón: el trayecto exige la construcción de un túnel a espaldas del tramo conocido como La nariz del diablo . Por eso, quien aspire a ganarse el codiciado contrato debe acreditar experiencia en este tipo de obras (más de 1.100 metros de longitud) durante los últimos 10 años.

Y si bien el consorcio del Sumapaz certificó que cumple los requisitos de ley -en razón de que su asesor técnico, Obresca, participó en la construcción del túnel Mocotíes, en Venezuela- su competencia dice lo contrario.

Según documentos que han llegado al Instituto Nacional de Concesiones de Colombia (Inco), Mocotíes se construyó antes de 1994 y no tiene el metraje suficiente para acreditar la experiencia requerida.

Para demostrarlo, han allegado copias autenticadas del diario La Frontera de Venezuela, en donde se registra que en febrero de 1989 se inauguró el Mocotíes, y certificados de funcionarios del Ministerio de Infraestructura del Estado de Mérida (donde se hizo la obra) y de ingenieros acreditados, en donde se dice que las obras pertinentes finalizaron antes de 1994.

A Fiscalía.

Pero esas certificaciones se contraponen a una carta expedida por un alto funcionario del Ministerio de Infraestructura venezolano que aparece refrendada por el consulado de Colombia en el vecino país y que fue expedida el pasado 12 de abril.

En ella, el director general del cuerpo de ingenieros de esa cartera, Luis Carlos Figueroa, dice que la construcción del túnel de marras se inició en 1994 y finalizó en 1999. Además, que tiene 1.270 metros. En otras palabras, que el Consorcio Sumapaz sí tiene la experiencia.

Por qué el desfase entre los diferentes certificados? Quién se equivocó?.

Eso es lo que, al parecer, aclara la certificación del ministro Carrizales quien para el gobierno de Colombia será quien tenga la última palabra en este caso.

Y aunque el certificado de Carrizales fue expedido desde el pasado viernes, estaba sin apostillar (refrendado en el consulado) requisito obligatorio para que sea válido en Colombia.

Si me llega hoy (martes) mañana miércoles adjudico la obra, le dijo a EL TIEMPO el director del Inco, Alejandro Torres. Y añadió que -aunque en su criterio, se trata de inconsistencias y no de falsedades- cualquiera que sea el sentido de la constancia de Carrizales, enviará toda la documentación del caso a la Fiscalía General.

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