CONCESIONES, UNA PAPA CALIENTE

CONCESIONES, UNA PAPA CALIENTE

En Colombia el término concesión, referido a la entrega de una obra de infraestructura al sector privado para su construcción y operación, se ha convertido en sinónimo de problemas, enredos, dificultades y por supuesto, millonarias demandas.

05 de mayo 2004 , 12:00 a.m.

En Colombia el término concesión, referido a la entrega de una obra de infraestructura al sector privado para su construcción y operación, se ha convertido en sinónimo de problemas, enredos, dificultades y por supuesto, millonarias demandas.

El caso quizás más traumático ha sido el de la concesión Tobía Grande-Puerto Salgar, cuya construcción fue entregada al consorcio Commsa. La obra por un valor de 450 millones de dólares ya tiene un retraso de tres años y enfrenta demandas.

De hecho, solo hoy, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca definirá si es viable o no la conciliación que se adelantó con intermediación del Gobierno y que algunos congresistas y han cuestionado (ver recuadro).

Pero Commsa no es el único episodio. Dificultades de otro orden también han quedado de manifiesto en la adjudicación de la calzada Bogotá-Girardot, (ver nota anexa).

A pesar de estos tropiezos, según analistas consultados, el sistema en esencia es bueno y por eso creen que es un error satanizarlo. Se trata de una de las mejores salidas con los que cuenta un país con limitados recursos económicos para emprender grandes obras.

El esquema requiere de ajustes para evitar los líos jurídicos y contractuales que hoy se presentan y que amenazan con paralizar proyectos clave para el desarrollo económico.

El sistema es bueno para Colombia, pero hemos pasado una etapa de aprendizaje amarguísimo que deja como primera lección que a los contratistas se les debe acostumbrar y obligar a que los negocios hay que honrarlos , dijo el ex ministro de Transporte Gustavo Canal Mora.

Para Canal, Commsa es una muestra de lo que no se debe hacer con una concesión porque desde el principio fue un proyecto concebido equivocadamente, demasiado ambicioso y con unos supuestos económicos sobredimensionados.

Minucias legales.

En el caso de la doble calzada Briceño-Sogamoso, un proyecto valorado en 600 millones de dólares, que durante su administración tuvo que ser aterrizado para no sacrificar a unos propietarios de transporte a asumir un peaje impagable.

El ex ministro Canal Mora fue quien declaró en el 2000 la caducidad del contrato de Commsa.

Según María Isabel Patiño, ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los que estructuran esta clase de proyectos, por lo general bancos de inversión, deben mejorar los análisis de riesgos porque desde ahí parte el éxito o fracaso.

El Instituto Nacional de Concesiones (Inco) calcula que por descaches en el cálculo de circulación de vehículos o tráfico que no ha registrado por las vías concesionadas anteriormente, el Gobierno está teniendo que responder por 200.000 millones de pesos en garantías.

José Alejandro Torres, director del instituto, explicó que en las concesiones de tercera generación, es decir las que vienen, el cálculo de ese riesgo se le traslada al inversionista, así como otros relacionados con la adquisición de predios.

Para el funcionario también es importante racionalizar la construcción de las obras en el tiempo porque de esta manera se hacen más viables y manejables, especialmente cuando se necesita el respaldo de pólizas.

Torres considera que es necesario ajustar la Ley 80 de contratación estatal a las actuales condiciones de mercado y crear mecanismos para que fondos de pensiones -por ejemplo- inviertan en obras de infraestructura.

Patiño coincide en que la Ley 80 encajona y es tan formalista que uno tiene que descartar gente buena porque le falta el más mínimo papel .

Canal considera que el tema de las concesiones se ha salido de las esferas de los ingenieros para pasar al terreno de los abogados, muchos de los cuales crean conflictos de cualquier papel para sacarle el mejor partido ante los tribunales al sistema.

COMMSA, UN LIO DE VIEJA DATA.

El caso de Commsa se remonta al año de 1997 cuando se discutió la necesidad de construir la vía Tobía-Puerto Salgar en el Magdalena Medio.

La vía debería entrar en operación en el año 2001.~Pero un mes después de haber ganado la licitación el concesionario Commsa pidió al Invías cambiar el diseño del proyecto lo que fue rechazado por el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana.

Luego vino el incumplimiento del cierre financiero y se encontró que la póliza de garantías que respaldaba la ejecución de la obra era una copia. Este hallazgo motivó al Invías a instaurar una demanda penal contra Commsa y se declaró la caducidad del contrato en el 2000.

Después de varios años de tire y afloje ambas partes llegaron a una conciliación para retirar las demandas y arrancar con el proyecto.

Básicamente el acuerdo financiero señala que Invías recibirá en compensación por la demora en la ejecución de las obras 20 millones de dólares. Este es el acuerdo que espera la bendición del Tribunal de Cundinamarca y al que se oponen senadores y la Procuraduría.

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